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Eduardo Inda: «Los asesinos del 78»

"Espero que esta columna no me cueste un multazo del fascistoide pensamiento único"

Eduardo Inda: "Los asesinos del 78"
Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (PODEMOS). PD

La Transición era un cóctel explosivo que podía haber acabado como el rosario de la aurora.

La izquierda tenía ganas de revancha tras 40 años de dictadura en los que buena parte de ella tuvo que coger ese terrible camino del exilio que supone dejar atrás recuerdos, posesiones, familiares y amigos del alma.

La derecha se debatía entre quienes exigían mantener el status quo de la dictadura y esa inmensa mayoría que quería para España una democracia liberal como la que disfrutaban nuestros vecinos del norte, la antaño fascista Italia, la en su día nazi Alemania, los Estados Unidos, Japón e incluso algún país sudamericano.

Afortunadamente para todos, a las pruebas de estos 40 años me remito, ganaron los que observaban con un mix de envidia y admiración a esos países europeos en los que gobernaban los que le daba la gana a la mayoría y no los que imponía una minoría. La Transición se cimentó en una filosofía tan fácil de entender, de aceptar y de aplaudir como casi imposible de implementar: las renuncias mutuas.

Pero el milagro fue posible. La Ley de Amnistía de 1977, que excarceló a presos políticos y comunes, fue el primer paso. Este gesto de Juan Carlos I, cuya descomunal visión política ha quedado difuminada por su elefantiásica corrupción, permitió que la oposición liderada por el PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo concluyeran que la cosa iba en serio y embridasen a unas bases que se lanzaban a la calle para montar el pitote cada dos por tres.

La legalización del PCE en la Semana Santa de 1977 por parte de ese gigante que es Memoria Democrática de verdad, Adolfo Suárez, fue el auto de fe refinitivo que garantizó el éxito de un tránsito de la oscuridad a la luz hasta entonces puesto en almoneda por el permanente ruido de sables. Aquél no fue precisamente un movimiento fácil sino enormemente arriesgado. Santiago Carrillo era ni más ni menos que el ogro de la derecha sociológica española, por sus crímenes en Paracuellos, donde ordenó fusilar a 6.000 personas, entre ellas unos cuantos niños.

Unos y otros, otros y unos, entendieron que la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, la misma que hubiera habido pero de signo contrario de ganar los comunistas y unos socialistas echados al monte, era el episodio más terrible de nuestra historia. Tenían tan clara esta circunstancia como que apelar a los demonios del pasado constituía un riesgo de consecuencias impredecibles, amén de una torpeza desde el punto de vista pragmático.

Las renuncias mutuas culminaron en ese Pacto del 78, sintetizado en esa Constitución que nos ha regalado el periodo más longevo de paz, estabilidad y prosperidad de una historia que no es precisamente para presumir. Hasta ese Pacto del 78 España fue un caos permanente, en el que todos los reyes acababan en el exilio y en el que inevitablemente terminábamos a garrotazos haciendo buena la escena del cuadro del genial sordo de Fuendetodos.

Fue el tan simpático como frívolo José Luis Rodríguez Zapatero el que destrozó ese Pacto de la Transición que nos permitió pasar de ser una nación ejemplo de todo lo que no hay que ser a convertirnos en objeto de admiración en las grandes facultades de Politología del mundo.

No por haberlo contado muchas veces, deja de ser una obligación moral recordar con qué sana envidia me hablaban importantes profesores universitarios estadounidenses durante unas jornadas en las que tuve el honor de intervenir. Nos regalaban los oídos porque al fin nos habíamos puesto en el lado correcto de la historia, incitando a numerosos países autocráticos o directamente dictaduras a transformarse en democracias. “Su Transición, modélica y pacífica, es un ejemplo para el mundo”, no paraban de repetir disparando exponencialmente mi orgullo patriota.

Lo de Zapatero fue un disparate que Mariano Rajoy dejó estar, pudrir apostillaría yo, como casi todas las cuestiones espinosas de su mandato.

En lugar de derogar la revanchista, parcial y absolutista Ley de Memoria Histórica, la mantuvo. Y ahora ha llegado el peor presidente de la democracia y la ha convertido en Ley de Memoria Democrática, yendo más allá incluso que ZP, por dos motivos: contentar a sus comunistas socios de Gobierno y despistar en unos momentos en los que ostentamos el deshonor de ser los campeones del mundo per cápita en muertos y contagiados por Covid-19, tanto en la primera como en la segunda ola. Al robatesis, Franco le importa un pepino, salvo para emplearlo como aburrida cortina de humo. O sí le importa teniendo en cuenta que parte de su familia política era de Fuerza Nueva…

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática olvida algo tan perogrullesco como necesario de resaltar en estos tiempos de totalitarismo intelectual: “La Guerra Civil fue una contienda de malos contra malos [el gran Stanley G. Payne dixit]”.

Una tesis tan obvia como fundamentada en la estadística. Esta iniciativa, que acabará siendo derogada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo —tiempo al tiempo— si no lo hace nuestro politizado Constitucional, reescribe la historia sentenciando que había una España beatífica, la del bando republicano, y una diabólica, la del nacional. Y pobre del que ose ponerlo en cuestión porque se enfrenta a sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros.

Los historiadores más respetables, aquéllos que no hacen política, coinciden en que las penas de muerte, normalmente por fusilamiento, se cuentan por decenas de miles en uno y otro lado. En el franquista fueron no menos de 25.000, aunque a partir de 1945 conmutaron algunos miles por 30 años de prisión que, cierto es, tampoco es moco de pavo. Que Franco era un asesino no lo puede discutir nadie con apego a la verdad. Como tampoco nadie medianamente justo, leído e instruido puede negar que las sentencias de muerte dictadas por el Frente Popular se cuentan por decenas de miles. Se habla de unas 70.000.

Todo ello por no hablar del periodo republicano. De ese golpe de Estado que perpetraron los socialistas Largo Caballero y Prieto, otros dos asesinos como la copa de un pino, que se apiolaron a 1.200 personas en la mal llamada Revolución de 1934. Tan cierto como que el socialista bilbaíno encendió la mecha del golpe del 18 de julio al asesinar seis días antes su guardia personal, la mafiosa Motorizada, al diputado monárquico José Calvo-Sotelo. Que no era un angelito sino un delincuente lo demuestra también el hecho de que en una pelea en el Congreso de los Diputados sacó una pistola y apuntó al derechista Jaime Oriol.

La Ley de Memoria Democrática es una aberración moral porque no sancionará a quienes exalten estas pequeñas cuitas y a estos personajes deleznables. La norma, que convertirá en material lectivo los crímenes de un Ejército pero no los del otro, no perseguirá a quienes nieguen o directamente exalten la matanza de Paracuellos.

Tampoco a quienes desmientan otra verdad como un templo: el asesinato de 6.800 sacerdotes y monjas y la violación sistemática o la castración de quienes pudieron contarlo. Este basuresco a la par que sectario anteproyecto debería obligar a divulgar en los colegios las 8.000 penas de muerte que dictó otro criminal de tomo y lomo: Lluís Companys (ERC), que disfruta del honor de tener estatuas por toda Cataluña y hasta de un estadio olímpico a su nombre.

No estaría de más que en el periodo de tramitación parlamentaria se incluyan también los crímenes republicanos. O las barrabasadas que soltaban tipejos como el socialista Largo Caballero. “No creemos en la democracia como valor máximo, tampoco creemos en la libertad”, apuntó en un discurso pronunciado en Ginebra en 1934. O ese pasaje parlamentario en el que tres décadas antes Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, se mostraba partidario de “llegar al atentado personal” contra Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros.

Y, ya puestos, igualmente sería de justicia que se enseñe en las escuelas dos frases pronunciadas en la Carrera de San Jerónimo en las jornadas previas al asesinato de Calvo-Sotelo. La que salió de la boca del socialista Ángel Galarza en dirección al diputado monárquico muerto a tiros el 12 de julio de 1936: “La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”.

O la que escupió otra asesina, Pasionaria, en sede parlamentaria. No me la invento yo, no es fruto de la investigación de ningún historiador franquistilla, la rememoró a la vuelta del exilio el gigantesco Tarradellas: “Es la última vez que Calvo-Sotelo habla aquí”.

Tanto ella como Galarza tuvieron, desgraciadamente, razón.

Espero, confío y deseo que Carmen Calvo, el cerebro de esta aberración histórica, jurídica y moral, incluya también entre el material docente el bombardeo de su pueblo, Cabra. Tres aviones soviéticos katiuska del Ejército Republicano bombardearon el centro de la localidad cordobesa, arrasándolo y cobrándose 109 vidas y 200 heridos. La mayoría de las víctimas era campesinos que se encontraban vendiendo sus mercancías en el mercado de abastos, el epicentro del bombardeo.

Los que detestamos el franquismo y el tardorrepublicanismo, quienes nos situamos en la Tercera España de Ortega, Marañón, Costa o Madariaga, no aceptaremos jamás el trágala de una ley que impone una verdad, que oculta realidades científicas y académicas inapelables, y que elimina de facto el artículo 20 de la Constitución que consagra la libertad de expresión. Porque si se va a multar a quienes defiendan el franquismo, imagino que habrá que hacer lo propio con los que defiendan a un Frente Popular, que asesinó en cantidades industriales.

Si se ilegaliza la Fundación Franco, no debería quedar otra que poner fuera de la ley a Bildu, que sigue defendiendo a ETA, o a los partidos catalanes que dieron el golpe de Estado y continúan advirtiendo que lo reeditarán.

Y si se empapela al tal Chicharro, el baranda de la Fundación Franco, habrá que tratar con idéntico rasero a Monedero e Iglesias, que se pasan el día justificando el narcorrégimen de un Nicolás Maduro al que la ONU acusa de “crímenes de lesa humanidad” o a aquellos que niegan, por ejemplo, los 100 millones de muertos provocados por el comunismo. Digo yo.

Para llegar a esa ineludible justicia histórica bastaría con aplicar el espíritu de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2019 en la que “se condena toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo”.

Una declaración que censura la existencia de calles y monumentos en el Viejo Continente dedicados a bestias de una y otra ideología.

En España, sin ir más lejos, hay vías con el nombre de Carrillo, Dolores Ibárruri, Companys, Largo Caballero, Indalecio Prieto. Una infamia de marca mayor. Espero que, más pronto que tarde, se modifique de arriba abajo la ley para incrustar en ella la prohibición de exaltar el comunismo, el fascismo y toda suerte de regímenes tiránicos. De lo contrario, resucitaremos nuestros peores demonios. Los pueblos que olvidan su historia, o al menos una parte de ella, están condenados a repetirla. Cuidado.

PD: espero que esta columna no me cueste un multazo del fascistoide pensamiento único.

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