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Eduardo Inda: «Volvemos a la España del 36… o a la Caracas de 2004»

Ninguna nación que se precie de democrática puede sustraerse al principio de separación de poderes que teorizó Montesquieu

Eduardo Inda: "Volvemos a la España del 36… o a la Caracas de 2004"
Chávez, Iglesias, Sánchez, Psoe y chavismo. PD

El gesto de la fascistoide diputada de Más Madrid Mónica García simulando que dispara al consejero popular Javier Fernández-Lasquetty no es un simple calentón.

Por mucho que el rodillo mediático del pensamiento único, incluidos desgraciadamente ya algunos medios que se autocalifican de centroderecha, lo intenten aclarar, relativizar o minimizar.

Es la traición del subconsciente de una izquierda española que, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, vuelve a ese 1936 de tan infausto recuerdo y que nos dejó de legado una Guerra Civil y una dictadura.

De gente que admira y defiende a asesinos de masas como Pasionaria, Santiago Carrillo, Largo Caballero, Indalecio Prieto o el psicópata Companys no se puede esperar otra cosa.

Las manos en forma de pistola no es consecuencia de la artrosis, como sostenía entre risas la protagonista, sino más bien la añoranza de los paseíllos, las checas y las sacas.

Es el recuerdo de la eliminación física del adversario. Conviene no olvidar el nada desdeñable hecho de que la violencia física siempre, inequívocamente siempre, viene antecedida de la violencia dialéctica o gestual.

Lo de esta diputada madrileña es triste moraleja de una España que, desde la Ley de Memoria y el revanchismo zapateril, es francamente peor en términos éticos y morales.

Alarmante compendio de una coyuntura que está poniendo abruptamente punto y final a los mejores años de nuestra convulsa historia, a la más longeva etapa de paz, prosperidad y estabilidad en 220 años.

La pistola de Mónica no fue un despiste. Tampoco una broma. Estamos hablando de una de las pocas representantes de la ciudadanía que puede presumir de currículum, de los pocos gobernantes que desmienten mi teoría de que en política cualquier tiempo pasado fue mejor en preparación.

Es anestesista, ni más ni menos, y atesora un extenso currículum en el sector sanitario. Es evidente, por tanto, que no es una piernas o un piernas más de los que nos topamos a diario en política. Dicho todo lo cual, y visto lo visto, yo no me arriesgaría a ponerme en sus manos en una mesa de operaciones siendo quien soy. Como tampoco le recomiendo que lo hagan a Casado, Abascal o Arrimadas.

El drama es que este disparo virtual a un oponente del centroderecha no constituye un hecho aislado. Llega apenas dos semanas después de que el tridelincuente Pablo Iglesias vomitara en el Congreso de los Diputados 10 palabras que metieron miedo al miedo y, obviamente, a todo ciudadano de bien: “Ustedes no volverán a sentarse en el Consejo de Ministros”.

Una frase que parece calcadita de la que esputó -que no espetó— la siniestra Dolores Ibárruri al jefe de la oposición, José Calvo-Sotelo, en el Congreso de los Diputados el 16 de junio de 1936: “Es la última vez que este hombre ha hablado en esta Cámara”. La veracidad de la frase la confirmaron ya en época democrática tanto el ex president de la Generalitat Josep Tarradellas (de ERC) como el ex ministro republicano Salvador de Madariaga. Y eso que los medios de izquierdas se han empeñado en desmentirla porque no figura en el diario de sesiones, circunstancia que se explica por un perogrullesco hecho: el presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, era miembro del Frente Popular.

El socialista Ángel Galarza —sí, socialista— se expresó en parecidos términos el 1 de julio de ese 1936 para olvidar. “Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”. Apenas 12 días después, la escolta de su correligionario Indalecio Prieto, la terriblemente célebre Motorizada, asesinó a tiros al diputado monárquico, tío del que luego fuera presidente del Gobierno con la UCD Leopoldo Calvo-Sotelo. Una vez más la violencia verbal fue la antesala de la violencia física.

En el fondo lo que quiere Iglesias es ganar la guerra que sus abuelos perdieron. Reescribir la historia olvidando que la secuencia de hechos es tan clara que no permite precisión, puntualización, ni menos aún, manipulación alguna. Ni tampoco contradecir al mejor hispanista vivo, Stanley G. Payne, que mantiene que la Guerra Civil española fue “una contienda de malos contra malos”. Y punto.

Pero en la pulsión del tridelincuente que vicepreside España reside un espíritu de aniquilación del contrario en consonancia con lo que hicieron sus mayores entre 1934 y 1939. Les chirría la libertad, la alternancia y la democracia representativa. Hay que recordar que esta gentuza no es heredera de Felipe González, ni siquiera del Carrillo de la Transición, esta chusma se considera descendiente de ese comunismo puro y, sobre todo, duro, durísimo, que ha asesinado a más personas que ninguna otra ideología en la historia de la humanidad: 100 millones.

Odian la libertad, detestan la Constitución y aborrecen la discrepancia. Quieren tumbar al Rey porque representa la unidad de España y reventar ese Pacto del 78 que nos convirtió en la envidia de medio mundo y parte de otro porque es símbolo de la pluralidad. Y obviamente también se ciscan en esa separación de poderes condición sine qua non para poder hablar de sistema democrático en un país con todas las de la ley y nunca mejor dicho. Ninguna nación que se precie de democrática puede sustraerse al principio de separación de poderes que teorizó Charles-Louis de Secondat Montesquieu en el preludio de la Revolución Francesa.

Su obra El Espíritu de las Leyes es uno de los fundamentos de las libertades modernas.

Que no sé si vamos camino de vuelta del 36 o de Caracas 1998, una de las dos seguro, lo ratificamos hará cosa de dos semanas cuando el diario del masoquista Ibex El País hizo nuevamente de servil defensor y patético vocero del Gobierno socialcomunista. Nos destapó la ilegalidad que pergeñaban en secreto el presidente de iure, Pedro Sánchez, y el primer ministro de facto, Pablo Iglesias.

El chuloplayas y El Moñas se disponían, bueno, se disponen, porque por mucho que digan ahí siguen erre que erre, a destruir nuestra ya de por sí baqueteada Constitución de 1978 en lo que atañe al Poder Judicial. Quieren eliminar el requisito del voto de los tres quintos del Parlamento para elegir a los miembros del gobierno de los jueces. Y lo quieren sustituir por esa mayoría absoluta que ya tienen de la mano de golpistas catalanes, proetarras y sobre-cogedores varios.

Un golpe de Estado en toda regla que acabaría para siempre con la España de 1978 convirtiéndonos en un régimen autocrático, en una pseudodemocracia o en una democracia vigilada. En una suerte de Rusia o Turquía en el mejor de los casos. Una medida que, de no ponerle freno la Unión Europea o el Constitucional, nos igualará en el sensible terreno de la separación de poderes con esa Venezuela de la que es embajador en España Pablo Iglesias.

Allí, en 2004 el narcodictador Hugo Chávez dijo “¡basta ya!” a unos jueces que hacían lo que les dictaba su conciencia y les metió mano pasando del sistema vigente hasta entonces para elegir el Tribunal Supremo, dos tercios de la Asamblea Nacional, a la mayoría simple que ostentaba en aquel momento. Claro que el camino a la tiranía había empezado en 1999, a los pocos meses de la elección del sátrapa, que lo primero que hizo fue parir una Constitución a la carta y la consiguiente Asamblea constituyente.

Aquí y ahora Pedro y Pablo pretenden acabar ilegalmente con la independencia del Poder Judicial. Que es un putsch lo demuestra el hecho de que no sólo revienta el espíritu y la letra de la Constitución sino también la sentencia del Constitucional de 1986 presidido por el filosocialista Tomás y Valiente, asesinado por ETA.

El fallo en respuesta al recurso planteado por ese gran jurista y mejor persona que fue José María Ruiz-Gallardón establecía textualmente que el Consejo del Poder Judicial debía elegir a la totalidad de los miembros del CGPJ por tres quintas partes de las cámaras. Es decir, el 60%. Vamos, que lo que quieren hacer estos tíos es una inconstitucionalidad como una catedral.

Un simple flashback nos confirma que hemos ido de mal en peor: la Ley del Poder Judicial de 1980 estableció que, tal y como —farragosamente, eso sí— dice la Constitución, 12 de los 20 componentes del CGPJ se cooptarían por los 5.400 miembros de la carrera en elecciones libres. El Alfonso Guerra de los 202 diputados declaró en 1985 “Montesquieu ha muerto” tras sacar adelante una contrarreforma en la que otorgaba al Congreso la potestad de digitar al CGPJ en su totalidad.

Tenía razón, aquel movimiento le permitió invadir una judicatura hasta entonces libérrima. Pero el plan totalitario de esta gente no sólo transgrede la sentencia del Constitucional sino que, además, se come con patatas un artículo 122 de la ley de leyes que prescribe lo siguiente:

—El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Conclusión: sea cual sea la interpretación de este epígrafe, es evidente, más allá de toda duda razonable, que la amenaza de Los Picapiedra es delictiva. Una prevaricación como mínimo. Se pasa por el forro de sus caprichos el texto del 78 y la sentencia del 86. Y no veo yo al Tribunal presidido por González Rivas fallando contra sí mismo salvo que, claro está, estemos más cerca aún de Venezuela de lo que sospechamos.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hablan de Hungría y Polonia como si fueran dictaduras. Pero olvidan que en el primer país al Tribunal Supremo lo elige una mayoría de tres quintos del Parlamento y que en el segundo 14 de los 15 componentes de la Oficina Nacional del Poder Judicial salen adelante en una elección interna entre los magistrados.

Sólo el presidente de este órgano requiere del voto de tres quintas partes de las cámaras. No es menos cierto que tanto en un caso como en el otro hay notable polémica porque tanto el presidente polaco, Andrezj Duda, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han intentado aprobar normas que les faliciten la remoción de los jueces.

Pero hay más. Mucho más. Recuerden ese “la Fiscalía depende de mí” que aproxima a Sánchez al Rey Sol. Ese pacto con el partido que apoya a los asesinos de 856 compatriotas, entre ellos 11 socialistas. Esa sumisión a los golpistas catalanes. Ese nombramiento de su ministra como fiscal general tras haber hecho campaña con él en las generales. Esos insultos y amenazas a los jueces que no sentencian al dictado.

O esa inmisericorde persecución de los medios críticos y asesinato civil de los periodistas que nos les bailamos el agua.

Esto tiene muy mala pinta. Porque como insisten esos venezolanos que huyeron de allá para disfrutar de la libertad que gozábamos acá, en su país empezaron así. Y tanto. Sólo la fortaleza y la valentía de los pocos medios independientes que quedan y la dignidad del poder judicial nos salvarán de acabar como Rusia, Turquía o quién sabe si como Venezuela. De momento, los vientos soplan en esa dirección.

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