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Eduardo Inda: «Inviolable Juan Carlos (o no), inviolable Iglesias (o sí)»

Eduardo Inda: "Inviolable Juan Carlos (o no), inviolable Iglesias (o sí)"
Pablo Iglesias (PODEMOS) y el Rey Juan Carlos I. PD

El concepto moderno de Justicia no viene de la Magna Carta británica no escrita de 1297, tampoco de esa secuencia que es el Bill of Rights de 1688 y desde luego no de la Constitución estadounidense de 1787.

Como tantas y tantas cosas, el copyright pertenece a esa madre de todo que es Grecia y, más concretamente, a Aristóteles, que lo sintetizó en una frase casi a modo de tweet: “Dar a cada uno lo suyo”.

Es decir, lo que cada uno merece en Derecho. Nuestra Constitución, que tiene influjos alemanes, franceses y estadounidenses, lo deja bien clarito en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Que este epígrafe es papel mojado cuando de todopoderosos se trata no es ningún secreto. El mismísimo presidente del Supremo lo reconoció sin que nadie le hubiera preguntado por ello en la sede de mi querida La Razón en 2014: “La ley está pensada para el robagallinas [tal vez le vino a la cabeza el mítico El Lute], no para el gran defraudador”.

Quién lo diría observando cómo se está comportando el Alto Tribunal estos días a propósito de los perogrullescos delitos que han perpetrado tanto el anterior jefe del Estado como el actual vicepresidente segundo del Gobierno de España.

La dama de la Justicia se ha esculpido históricamente como una mujer con los ojos vendados. Esa banda simboliza la fe que todos debemos guardar a una Justicia que ha de ser ciega, es decir, imparcial. Además, va provista de una balanza y una espada. El fiel se inclina de un lado u otro en función de un elemento esencial a la hora de dictar sentencia: los hechos acreditados, es decir, la verdad objetiva.

La gran dama de la Justicia en España es normalmente ciega. Es más, yo he sostenido, sostengo y espero sostener toda mi vida que nuestro sistema judicial funciona razonablemente bien. Nuestros magistrados y fiscales están excelentemente bien formados y los casos de corrupción representan el 0,000000001% de excepción de una regla que cumple el 99,99999999% de unos funcionarios ejemplares pese a lo mal pagados que están.

Doña Justicia sólo se quita la venda por estos lares cuando se trata de superultramegavips. Sí se atreve con ministros, secretarios de Estado, banqueros, presidentes del Ibex, archiforrados varios, pero no cuando le ponen delante a un presidente del Gobierno, un ex presidente, un vicepresidente y, visto lo visto últimamente, un Rey.

A este periódico, que descubrió el caso Juan Carlos I en julio de 2018, no le van a decir ni a contar que lo de la inviolabilidad se está retorciendo hasta extremos insospechados para impedir que Don Juan Carlos acabe en el banquillo y eventualmente en el hotel rejas.

Se escudan en ese artículo 56.1 de la Constitución de 1978, que prescribe que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Lo cual a mi juicio no abarca o no debería abarcar todo porque habla de “la persona del Rey”, no del ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón o del españolito Felipe de Borbón y Grecia.

Lo que en rigor debería ser una protección en el ejercicio de sus funciones institucionales se amplía a todo, de tal suerte que si asesinase a una abuelita, violase a un menor o entrase en un McDonald’s con un AK47 y disparase a matar sobre 30 personas se iría de rositas, según la teoría forzadamente asentada en los últimos 45 años.

Constituye un sinsentido: en las grandes repúblicas mundiales este concepto de la inviolabilidad existe pero sólo para las funciones propias del cargo. Macron, Trump o ahora Biden son intocables por las órdenes dictadas desde su atalaya presidencial pero esa impunidad se quiebra por completo si cobran comisiones o defraudan a Hacienda, por poner dos ejemplos que hasta un niño de 5 años entendería. En los Estados Unidos, por ejemplo, el impeachment se activa si el presidente delinque en cuestiones ajenas al Despacho Oval.

A Richard Nixon no lo procesaron nunca por los bombardeos con napalm en Vietnam pero sí estuvieron a punto de hacerlo por espiar a los demócratas y si finalmente se libró fue porque dimitió y apenas un año más tarde su sucesor, Gerald Ford, lo indultó.

A Juan Carlos I le van a librar del caso del Ave a La Meca, en el cual se embolsó, solo o por personas interpuestas, 200 millones largos en comisiones. Con la peregrina razón de que era jefe del Estado en el momento de los hechos y de que “no hay pruebas sólidas [Dolores Delgado dixit]”.

Pero, que yo sepa, el trinque de mordidas no forma parte de las labores propias del cargo que ostentó hasta 2014.

Las trampillas de la Justicia española con los ultramegapoderosos se han vuelto a implementar torticeramente con Juan Carlos I, de tal manera que le van a hacer un menú a la carta que consistirá en darle un pequeño susto por usar tarjetas de crédito vinculadas a sus innumerables cuentas en paraísos fiscales.

No se le procesará por los cerca de 2.000 millones de euros que ha amasado con mordidas en sus 39 años de reinado. Lo cual casaría con la interpretación oficial sobre la inviolabilidad pero se da de bofetadas con la legalidad Tributaria y Penal si tenemos en cuenta que ese pastizal jamás ha sido declarado al fisco desde que cedió el trono en 2014. Pero que un susto, sustillo más bien, le van a dar parece más que descontado.

Quien sí es inviolable al 100% es Pablo Iglesias, el tridelincuente que se inventó un caso Dina más falso que Judas para intentar asesinar civil y penalmente a OKDIARIO y a Eduardo Inda muy en particular. Por miedo invencible o por apaños sorayescos, chi lo sa, la Justicia le libró en el caso Pisa, una detalladísima investigación de la Policía Nacional que demostraba más allá de toda duda razonable cómo le había financiado la teocracia iraní que asesina disidentes, ahorca gais y lapida mujeres. También le han salido gratis total penalmente las transferencias de toneladas de dinero que le regaló la narcodictadura venezolana.

Y ahora el Tribunal Supremo le despeja el camino para la exoneración en ese escándalo Dina que se ha convertido en el caso Iglesias.

El juez de la Audiencia Nacional García-Castellón remitió al Supremo una exposición razonada en la que, tras una prolija investigación, concluía que el vicedelincuente había cometido un delito de denuncia falsa, otro de revelación de secretos con agravante de género y un tercero de daños informáticos.

Ahora la Fiscalía del Alto Tribunal, los fiscales de la ex ministra socialista Dolores Delgado, condicionados en buena medida por el fiscal anticorrupción metido a abogado de Podemos Ignacio Stampa, se quitan el muerto de encima, lo devuelven al Juzgado de Instrucción 6 y le instan a proseguir contra el caudillo podemita pero sólo por los dos últimos ilícitos penales.

Hay trampa. Y de las gordas. ¿Por qué? Pues porque los dos delitos que perviven, revelación de secretos y daños informáticos, salen gratis si obtienes el perdón del ofendido, Dina Bousselham, en el episodio que nos ocupa. Hay entre un 99,9999999% y un 100% de posibilidades de que la ciudadana marroquí otorgue la indulgencia a un tridelincuente o bidelincuente que volverá a mear en la cara de un régimen, el constitucional español, estúpido y masoquista a más no poder que se dedica a exonerar sistemáticamente de facto a quienes quieren destruirlo por muchas pruebas que haya, sean golpistas, etarras o podemitas.

Eso sí, si robas en el súper de la esquina porque tus hijos no tienen un mísero mendrugo que llevarse a la boca, acabas en el talego.

Pensábamos que Juan Carlos I era el único intocable de esta nación todavía llamada España. Una vez más, fuimos unos pardillos. Ese estatus corresponde ahora en exclusiva al vicedelincuente porque todo indica que el hombre que transformó una dictadura en una democracia se llevará un sustito. Tan cierto es que el Rey emérito se lo ha puesto a huevo con su elefantiásica corrupción a quienes quieren destruir el régimen del 78, Podemos y el PSOE de Sánchez que no es lo mismo que el PSOE en genérico, como que todo indica que Pablo Iglesias no correrá su misma desgracia sino una suerte antagónica.

La petición de la Fiscalía del Supremo de que el caso vuelva a la Audiencia Nacional para que se tome declaración a Dina Bousselham es una repugnante a la vez que descarada treta para que la ex asesora personal y ahora directora del libelo podemita laultimahora le otorgue su indulgencia y su jefe Iglesias quede impune. O tal vez haya maniobras orquestales en la oscuridad para librar a Juan Carlos I a cambio de hacer lo propio con El Moños.

Así no se construye ni se fortalece una democracia ni un Estado de Derecho. Así se venezolaniza. Bienvenidos a la República Bananera de España.

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