El conflicto por los cortes de luz en la Cañada Real Galiana tiene fácil solución: Ejército, policía y fiscal, detención de los bocazas delincuentes, desmantelamiento de los cultivo de mariguana y de los negocios de drogas a go go y asunción de los menores por los servicios sociales.
Pero quien puede y debe hacer eso no lo hace porque está acojonado por su jefe, se mueve en lo políticamente correcto, le interesa el pulso con administraciones de distinto signo político y da alas a organizaciones que tienen como clientes a falsos pobres y falsos desesperados que en esa zona quieren vivir del cuento, de la subvención, del todo gratis y del delito, y que exhiben ante las cámaras de televisiones colaboradoras a niños con cara de susto.
Una administración seria, preocupada por el cumplimiento de la ley y el bienestar del ciudadano, haría eso y más, en lugar de jugar a galgos y podencos mientras permite que se consolide una ciudad sin ley.
Ha tenido que ser Naturgy, la empresa suministradora de energía eléctrica, quien haya dicho la verdad y puesto las cosas en su sitio en esta zona de antiguas chabolas donde abunda la economía sumergida, el narcotráfico y la informalidad.
Según ha declarado en carta pública, la entidad se declara consciente del problema que hay en los sectores V y VI de La Cañada Real, y reitera que no está de acuerdo con que desde determinados sectores políticos (Unidas Podemos, que además de apoyar a los delincuentes ha dicho desde su Círculo Sectorial Cannábico, que esto pasa por no legalizar el cánnabis) se les señale como responsables.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, confirma «de manera rotunda» que su distribuidora UFD nunca ha cortado el suministro, ni instalado limitadores de potencia. Asegura que el flujo se ve interrumpido constantemente en el sector VI, y «esporádicamente en el sector V», debido a que se producen grandes sobrecargas en la red «que provocan la actuación automática de las protecciones de los propios equipos, obligadas por la normativa técnica».
La corporación dice desconocer el origen de estas sobrecargas, que superan en un 70% los consumos registrados en los años pasados y que aumentan el consumo medio por edificación en los sectores V y VI de la Cañada Real a siete veces el de una vivienda en España y que, además, muy pocas de ellas están de manera legal.
Por eso, dice Reynés, «deben saber que en los sectores V y VI de la Cañada Real existen únicamente cuatro clientes dados de alta, que contrastan con las informaciones que indican alrededor de 1.500 conexiones que no podemos comprobar».
La situación de la Cañada, un espacio en donde la inmigración legal e ilegal, principalmente marroquí, ha sustituido a las poblaciones locales, es esperpéntica dado el nulo cumplimiento de la ley que acontece allí. No solo es un supermercado de la droga, sino que muchos de sus vecinos se han acostumbrado a no pagar la luz (ni el agua del Canal de Isabel II) y obtenerla con instalaciones ilegales. Así lo recuerda Naturgy, que dice que «desde hace años la red eléctrica de la zona está casi exclusivamente constituida por instalaciones ilegales, en un estado muy precario, y que suponen un riesgo grave para la integridad física de las personas, y pueden provocar también graves incidentes en las construcciones e instalaciones de la zona».
Con anterioridad al Pacto Regional por la Cañada que se firmó en 2017 entre empresas y poderes públicos para recuperar el espacio, Naturgy, a través de UFD, ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación para tratar de recuperar el espacio, además de haberlo hecho ante los tribunales y las administraciones públicas.
Reynés ha sido claro: «Les reitero que UFD no ha cortado el suministro eléctrico en la zona de la Cañada Real, que no ha reclamado ningún tipo de compensación económica, sencillamente porque sólo tiene 4 conexiones dadas de alta y porque es la normativa vigente la que le impide intervenir unilateralmente a UFD sin la autorización de las Administraciones correspondientes», a las que se ha ofrecido de nuevo para colaborar con ellas y atajar el problema de las conexiones ilegales.
Pues a pesar de esta verdad, en lugar de mandar al Ejército, a la Policía y a la Fiscalía para recuperar la ley en ese territorio (y de paso notificárselo por carta al monarca alauí, dado que la mayoría de los interfectos son sus leales súbditos), la Delegación del Gobierno, competente en la materia, se pone de perfil y el Defensor del Menor de la Comunidad deja a las ONG que sigan haciendo clientes.
