Hubo un tiempo en España, tal que un par de siglos al menos, en el que los hijos de los ricos no hacían la mili. Una mili que era cuasisinónimo de muerte o lesión irreversible segura, no en vano, el 50% de los soldados causaba baja en las guerras que España libró en el siglo XIX y en el primer tercio del XX.
En un principio, los muchachos le hacían la cobra al servicio militar tirando de chequera o por influencias, lo que toda la vida de Dios se ha llamado “enchufe”, luego se reguló. Mejor dicho, se reguló. Las sucesivas Leyes de Quintas de 1821, 1837, 1856, 1862, 1878, 1882, 1885 y 1896 establecieron la posibilidad de eludir este letal engorro mediante pago. Consecuencia: los niños bonitos se quedaban en casita con mamá y con papá y los pobres y los mediopensionistas se iban a un frente en el que las posibilidades de sobrevivir eran una suerte de revólver con un tambor de dos balas.
El Gobierno liberal de Canalejas estableció a principios del siglo pasado, en 1912 concretamente, la figura del soldado de cuota. Lo vendieron como una modernización pero en el fondo no era más que una mascarada para que continuaran pringando los de siempre, que no eran otros que los de abajo. El servicio militar se hizo obligatorio. Pero en la mismísima ley figuraba la trampa: el servicio militar, que pasó de seis a tres años, se podía reducir sustancialmente, hasta los 8 meses que se dice pronto, si se abonaban 1.000 pesetas, un pastizal en la época, o hasta los 5 si se apoquinaban 2.000. Con una particularidad que lo dice todo: unos y otros, los reclutas oro y los reclutas platino, quedaban exentos (¡¡¡legalmente!!!) de ir al frente en África. La mili la cumplían en su ciudad y lo habitual es que pernoctasen en casa.
Muchas familias de clase media se endeudaban hasta las cejas, con intereses de hasta el 50%, para evitar que sus vástagos se jugasen la vida en las guerras del Rif que España libró en la primera parte del siglo pasado. Ni un hijo de papá, por ejemplo, se batió el cobre en ese Annual en el que el 80% de las tropas salió con los pies por delante. No fue hasta 1940, en el umbral de la dictadura franquista, cuando el servicio militar se hizo universalmente obligatorio, aunque todos conocemos gente próxima al régimen que terminaba en destinos cómodos de oficina o que directamente escurría el bulto porque el médico militar encontraba una patología de la que ningún otro colega civil se había percatado antes.
Lo que está ocurriendo con las vacunas es una versión posmoderna del sistema de soldados de cuota. Ni más ni menos, lo que muchos intuíamos iba a ocurrir en este país de pillos por antonomasia que es España. No me pregunten por qué pero el españolito, cada vez que puede, tira de trifásicos para que le den por la cara un contrato público, para que Hacienda sea más benévola con él —véanse el emérito y Monedero, a los que les hicieron sendos Juan Carlos para no incurrir en delito fiscal—, para que le concedan una vivienda de protección oficial que no le corresponde porque supera con creces la renta máxima, para que le obsequien con un puesto vitalicio en la Administración o para que le cuelen en la eterna lista de espera de un hospital público.
Algo más grave si cabe está ocurriendo con la campaña de inmunización masiva que el Gobierno y las comunidades autónomas están implementando en España, por cierto, con una parsimonia desesperante. Gente tan poderosa como sanísima está robando dosis de vacunas anticovid, una actuación delictiva que oscila entre la prevaricación y el tráfico de influencias como mínimo y que, incluso, podría encajarse en tipos penales más graves como la malversación o la falsificación. No estamos hablando de un mero enchufe sino de la apropiación indebida de una dosis que, aplicada a personas de grupos de riesgo, salva vidas. Sensu contrario, que la trinque un ciudadano que está como una rosa pone en riesgo la integridad de gente que la necesita de verdad porque trabajan en un hospital en primera línea, viven en esas residencias que fueron ratoneras en la primera ola o son dependientes severos.
Una situación así sería impensable en un país escandinavo, en Holanda o en Alemania y no precisamente por temor al imperio de la ley sino por vergüenza torera. Un ciudadano que roba una vacuna a un anciano o a un médico está muerto civilmente de por vida sin necesidad de ir a la cárcel. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de enchufismo. A un danés, un sueco, un noruego, un finlandés, un holandés o un germano no le sale de dentro aprovecharse del cargo o del amiguete en la poltrona. Allá muchos primeros ministros van en su coche al despacho oficial o incluso en bicicleta como el holandés Mark Rutte, aquí viajan en Falcon y en A8 con tropecientos escoltas. Así funcionan los países protestantes del norte de Europa, así operamos los católicos del sur. Aquí lo de que la ley es igual para todos es papel mojado, nos gusta más practicar la famosa letanía: “A robar, a robar, que el mundo se va a acabar”.
La lista patria de vacunajetas suma ya varias decenas y no creo que me equivoque mucho al pronosticar que en el próximo mes la engrosarán un centenar de vips. El más famoso de ellos es Miguel Ángel Villarroya, hasta ayer jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), al que tuve la suerte de conocer hace 20 años cuando era el piloto del Air Force One de Aznar y el Rey, un vetusto Boeing 707 que databa de los años 60 y que en su versión comercial tenía vetado el aterrizaje en muchos aeropuertos mundiales por el brutal ruido que metía. Era un personaje disciplinado y austero, amén de enormemente amable y cercano. Por eso no entiendo qué bicho le picó para saltarse los tan estrictos como obvios protocolos. Me resulta inconcebible pero, al menos, ha tenido la decencia de irse a su casa en menos de 24 horas.
Otro que tal baila es el ya ex consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, que no sólo perpetró la golfada sino que salió chulescamente en rueda de prensa defendiendo la golfada. Con un par… Básicamente, porque la tarde anterior su jefe, Teodoro García Egea, general secretario del PP, había puesto a caer de un burro a los socialistas que se habían colado por la cara. Por la mañana se defendió cual gato panza arriba y por la tarde lloró el honor que no había sabido defender por la mañana. En fin, un impresentable.
La lista de vacunajetas es larga y es menester recordarla con nombres, apellidos y militancia para que la ciudadanía les tome la matrícula. Porque caérseles la cara de vergüenza es imposible porque carecen de ella. Hay un porrón de socialistas que cumplen la tradición de un partido en el que tantos y tantos vinieron más a servirse que a servir. Ahí van los casos más significativos del elenco de caraduras del partido de Pedro Sánchez: Ximo Coll, alcalde de Es Verger, Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, Fran López, alcalde de Rafelbunyol, Francisca Alamillo, alcaldesa de Torrecampo, Carmen Piedralba, edil en Castrillón, Soraya Cobos, concejal en Plasencia, José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos, Rocío Galán, edil en Bonares, y Esther Clavero, primera edil de Molina de Segura. Del PP hay menos, pero haberlos, haylos, además del tal Villegas: por ejemplo, José Galiano, miembro de la Corporación de Orihuela, y Javier Guerrero, consejero del Gobierno de Ceuta. Del PNV, partido en el que el clientelismo es la marca de la casa, hay constatados dos de momento: Eduardo Maiz y José Luis Sebas, dos aprovechateguis que emplearon su condición de directores de hospital a modo de excusa de mal pagador. Los golpistas de JxC ya tienen su garbanzo negro: Sergi Pedret, mandamás en el pueblo tarraconense de Riudoms. Por cierto, la inmensa mayoría continúa en el machito haciendo oídos sordos al aluvión de peticiones de dimisión.
Peores aún fueron los argumentos de Ximo Coll y Carolina Vives, perfecto epítome de lo que es un despreciable político profesional. Son matrimonio y presiden las corporaciones de dos pueblos alicantinos diferentes: Es Verger y Els Poblets. Cuando les sorprendieron con las manos en la masa, los muy desahogados se rieron de ancianos, médicos, enfermeros y personas dependientes: “Eran vacunas que sobraban”. Sencillamente, despreciables.
Les llamo vacunajetas y me quedo corto. En realidad esta gentuza son malnacidos por no decir delincuentes. Hace falta carecer del más mínimo escrúpulo moral y legal para robar una vacuna que hace setenta veces más falta en el organismo de un sanitario, que está jugándose el pellejo a diario, en el de un anciano que tiene 100 veces más posibilidades de fallecer o en el de una persona con un nivel de dependencia severo. Siete días después de que estallara este nuevo a la par que previsible escándalo, yo me pregunto a qué espera la Fiscalía para meter mano a estos chorizos. Si aquí no hay delito, que venga Dios y lo vea. Eso sí: espero que Illa haga los deberes que no ha hecho hasta ahora e impida que les inyecten la segunda dosis. Como no sea así, se monta la mundial, y con razón. Hasta ahí podríamos llegar.
