Por más que vistan a la mona de seda, mona se quedará. Es lo que ocurre en España con las dieciséis televisiones y radios públicas, con decenas de canales, cuando a los políticos se les llena la boca de propugnar y pregonar una verdadera televisión pública, y la prensa, las asociaciones de periodistas y los sindicatos les hacen seguidismo empalagoso, soez y falso.
Cuando se creó TVE Franco quiso que fuera controlada por el Estado y financiada con recursos públicos y acceso ilimitado al mercado publicitario.
Ganó mucho dinero hasta que, tras la aprobación de la vigente Constitución y por sentencia del T. Constitucional, irrumpieron las televisiones privadas y necesitó de los presupuestos del Estado, pero nunca dejó de ser, como lo era Radio Nacional de España, un medio de entretenimiento y comunicación afecto al Régimen franquista, primero, y al gobierno democrático de turno, después.
En la Transición, Adolfo Suarez González desmanteló y privatizó la Prensa del Movimiento, la de papel, pero no renunció ni a la radio ni a la televisión pública, manteniendo el control de RTVE. Y los gobiernos autonómicos que iban surgiendo a la par que las Comunidades Autónomas se constituían y consolidaban vieron en la radio y la televisión pública regional su arma para mandar, adoctrinar y colocar a sus paniaguados y conmilitones. Fue, es y será la apoteosis cesarista.
Con los sindicatos mandando en su parcela y más allá (para hacer prácticas en RTVE y en otros organismos públicos de radio y televisión el candidato tiene que ser hijo o familiar de un empleado), las asociaciones de periodistas, APM y FAPE, entre otras, haciendo escandalosa dejación de sus obligaciones de exigir neutralidad y principios deontológicos, y el gobierno de turno manipulándola en defensa de sus intereses, España es el país con más televisiones públicas del mundo, pero ninguna lo es en sentido estricto: todas son del partido gobernante y su conjunto es un baldón para la calidad democrática de España, aunque en todas ellas sobresalgan admirables periodistas que luchan cada día por su independencia y oficio. Se habla poco de ello porque a ninguno le interesa romper el statu quo.
Y así vemos como RTVE es el instrumento manipulador de Pedro Sánchez Pérez-Castejón; TV3, el cañón Berta del separatismo catalán; EiTB, la dormidera del mundo idílico del PNV; TVG, un loa de la actividad de Alberto Ñúnez Feijóo y sus conselleiros.
Y este esquema se repite implacable en los demás entes públicos, y en el que no se cumplía el axioma en toda su integridad porque lo acordaron con tino Ciudadanos y la popular Cristina Cifuentes Cuencas, Telemadrid, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha promovido y aprobado en el Parlamento autonómico una ley para que al responsable máximo lo elija solo una mayoría absoluta y no de 3/5 de la cámara regional y su mandato dure una Legislatura y no seis años, porque –dice- “Soy la única presidenta que tiene una televisión pública (así, en posesivo) que la critica”, olvidando que la BBC británica es noticia cuando reprende a la oposición y no cuando juzga a diario al gobierno, obligación de todo medio de comunicación libre: ser un contrapoder del poder legítimamente constituido.
Y para ser libre y cumplir escrupulosamente con su neutralidad, todo ente público de comunicación debe financiarse con un canon o impuesto finalista, como ocurre en los países de la UE menos en España porque si se depende del responsable de economía del ejecutivo de turno éste te agarra por donde más duele y te aprieta hasta que cedes.
Que es lo que ocurre ahora. Así que, además de depender de un organismo integrado por los responsables de las Reales Academias, de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (ACATV), la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y presidido por una Fundación Real, las televisiones y radios públicas tienen que tener una financiación estable y justa a través de un canon a los propietarios de viviendas, oficinas y locales comerciales, como en todo país democrático y serio, que en el caso de España tendría que ser de tres tramos: nacional, autonómico y local.
Si el ciudadano de Riaza (Segovia) sólo ve la pública nacional porque en su Comunidad Autónoma tiene la fortuna de que no hay pública autonómica ni pública local, pagaría un tramo (unos 30 euros al año), frente al de Barcelona que tiene pública nacional, pública autonómica y pública local, que pagaría el 100%. Y todo él recaudado y distribuido por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Lo demás es bla bla bla, camelancia y dictadura partidista.