Apenas ha aterrizado con todo el poder en Moncloa, el sustituto efectivo del ex gurucillo Redondo ya ha empezado a utilizar los mismos ardides que el antedicho.
Bolaños, que en principio parecía más serio, más fundado que aquel vendedor de humo que, durante mucho tiempo tuvo obnubilada a una muchedumbre de informadores, turiferarios, mejor, está ya copiando los peores usos de la anterior Moncloa.
Su primera decisión ha sido intoxicar masivamente a los medios afectos afirmando que hay contactos suficientes entre el Gobierno y la oposición para decir que existe una real posibilidad de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Alto y claro: la especie es falsa. Mentira. La verdad es otra: el partido de Casado ha suspendido totalmente cualquier negociación -subrayo el adverbio- en tanto que el Gobierno del autócrata Sánchez no se avenga a discutir el núcleo, la condición sine qua non de un hipotético pacto: la elección de todos los miembros del Consejo por los propios jueces y magistrados en ejercicio.
Como afirma sin ambages el responsable de Justicia del PP, Enrique López: “Sin esa cláusula, no hay nada que hacer”.
“Ahora mismo -lo reitera este mismo portavoz- no hay contacto alguno”.
¿Por qué pues, la “nueva Moncloa” vende una versión radicalmente diferente? Fácil: para contrarrestar la enorme colleja que le ha propinado la Comisión Europea. El Gobierno de la Unión lo que ha hecho no es recomendar genéricamente que “España renueve los órganos de su Justicia”, sino que, además, se ha pronunciado fehacientemente, sin disimulos, por el procedimiento de elección.
Para Europa son los propios profesionales los que tienen que decidir cuál es su Consejo, sin que los políticos metan su procelosa mano en un Poder que o es autónomo e independiente, o se convierte sólo en una pequeña dirección del Ministerio de Justicia. De nuevo, como hacía Redondo, el Gobierno (ahora gracias a las martingalas de su nuevo ministro de Presidencia) ha embarrado el terreno para que sus altavoces clamen por un desacuerdo del que hacen responsable al principal partido de la oposición. O sea, se trata de volcar sobre el contrario la culpabilidad de que el Consejo lleve dos años instalado en la interinidad.
El miércoles, en el largo y jugoso exordio que Pablo Casado formuló ante los suyos en el Parador de Gredos, dedicó una especial atención a este asunto. En puridad, usó de su tiempo para reafirmar su apuesta irreversible por el modelo que ahora defiende. Un modelo, por cierto, que llega tarde para el PP porque renunció a promoverlo cuando gobernaba.
En tiempos del ministro de Justicia, Ángel Acebes, el PP efectuó un amago frustrado de regresar a la fórmula que consagraba la Constitución en su Artículo 117 y siguientes. De forma torticera, el Gobierno de Felipe González había aprovechado en 1985 una enmienda del diputado de Euskadiko Esquerra, Juan María Bandrés, para cambiar un sistema que aquel Ejecutivo le parecía demasiado “peligroso” para sus intereses. Peces Barba, presidente entonces del Congreso de los Diputados, apadrinó entusiásticamente la iniciativa, y desde entonces el Poder Judicial ha sido un trasunto penoso del Ejecutivo.
Sánchez ya ha recortado sus poderes muy recientemente. Ha capado parte de sus competencias y así resulta que los miembros actuales de ese organismo son correas de transmisión del partido que les ha cooptado. Nada más.
Excepciones en estos años ha habido pocas, quizá sólo dos: una positiva, la de Javier Gómez de Liaño que se condujo siempre según su entender jurídico y su conciencia le dictaba, y otra muy negativa, la del actual ministro del Interior Grande Marlaska, que se dejó querer por el PP, (Rajoy y Catalá le patrocinaron) y, apenas sentado en el Consejo, se sumó a las resoluciones del bando contrario. Naturalmente que Sánchez ha pagado de largo su felonía.
Si al final el PP cede y consiente en una nueva chapuza, la decepción de sus electores será mayúscula. Ha habido a lo largo del tiempo tantísimo trapicheo con este crucial asunto que permítasenos que guardemos algún recelo ante lo que pueda suceder. Porque lo de Sánchez es nítido: no puede soportar que su afán totalitario haga una sola excepción institucional.
El repugnante ejemplo que están dando en estos días algunos miembros del Tribunal Constitucional es síntoma de cómo se las gasta este individuo a la hora de exigir conductas serviles a sus fieles.
Si deplorable es la conducta del magistrado Conde Pumpido en el TC, ¿qué decir de su presidente González Rivas que, según todas las noticias, ha vendido su independencia por un plato de lentejas para toda la vida: un Consejo de Estado?
Son horas, en consecuencia, de que conductas tan reprobables como estas no sean apreciables también en el próximo Consejo del Poder Judicial. Si en España fuéramos atrevidos deberíamos acudir al ejemplo de Estados Unidos, para contratar, -sí, contratar- juristas de todo prestigio que fueran nombrados sine die y hasta su desaparición miembros de este Poder. Así, como ocurre en Norteamérica, no tendrían que responder lanarmente ante sus propaladores.
Pero esta solución no es posible en España.
Por tanto, vamos a lo factible: impedir que este Poder sea, como en otras ocasiones, un mero retrato de las mayorías parlamentarias de cada instante.
Sólo los jueces pueden asegurar su independencia. No es extraño que este Gobierno totalitario, tan cercano, digan lo que digan y aunque lo digan, a los usos que se fotografían en Polonia y Hungría, se oponga frontalmente a ceder su intervención en la Justicia.
Es perfectamente coherente con las aspiraciones integristas de Sánchez. Ahora, para disfrazar sus objetivos, mienten y mienten (como siempre) y sin reparos: imparten la especie nociva, embustera, de que ellos, el Gobierno de la nación, ya está intentando pactar con los que ellos denominan, sin recato alguno, los “enemigos”. Mentira: no hay negociación alguna.
Esta vez parece que el Partido Popular tiene las cosas claras.
Es mejor continuar en la perentoriedad de un Consejo aplazado, que en la formalidad de un Consejo vencido, el que podría salir de un simple acuerdo de reparto de puestos absolutamente intragable ya para la opinión pública española.
