La pensión del mes de agosto ha sido una sorpresa para todos aquellos jubilados con pensión contributiva que han ejercido una profesión liberal, colegiada y con mutualidad propia.
El Gobierno ha decidido quitarles 170 euros mensuales por si ejercen la profesión y tienen otros ingresos que no han declarado.
Y les restituirán la cantidad si demuestran con certificado del respectivo colegio profesional que no tienen otros ingresos. En una palabra, se invierte la carga de la prueba y el Estado, por orden del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte, y con la autorización del presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón, les atraca con nocturnidad y alevosía y les reduce la pensión por si acaso son defraudadores a la hacienda pública. Y lo más sangrante es que les dice que esa cantidad va al llamado Fondo de Solidaridad, que debe ser otra partida para pagar a los de la mamandurria: asesores, criadas y demás chupópteros, que diría García.
España es uno de los pocos países europeos en los que no se pueden ejercen plenamente dos derechos: el de percibir una pensión contributiva después de haber cotizado para ella los años fijados por Ley, y simultáneamente, ejercer el derecho al trabajo y, en consecuencia, a tener otros ingresos por los que cotizarás cada año en el IRPF.
El subsidio de paro es un derecho que se adquiere después de haber trabajado y cotizado 360 días, con independencia del patrimonio que se tenga y de la indemnización recibida, aunque sea millonaria. ¿Cuál es, entonces, la razón para que el perceptor de una pensión contributiva, ganada al alcanzar la edad de jubilación y después de haber cotizado en el régimen general los años que marca la ley, no pueda recibirla íntegramente si tiene otras rentas de trabajo como autónomo? Si por ellas se pagan a la Hacienda pública los impuestos inherentes a la renta de las personas físicas, ¿cuál es el problema? Este injusto y absurdo proceder de la Seguridad Social obligaría a cobrar en negro a muchos pensionistas que necesitan trabajar por cuenta propia para obtener más ingresos y a otros, generalmente los más avispados y con posibles, a constituir una sociedad para percibir rentas vía beneficios. Hecha la ley, hecha la trampa y la chapuza.
Los políticos deberían pensar más en estas cosas, que son las que demandan los jubilados, y los sindicatos mirar más allá del colectivo de funcionarios y trabajadores por cuenta ajena, que son su granero histórico pero que tiende a disminuir merced a las nuevas formas de trabajo individual que alumbra cada día la sociedad post-industrial de la información. La pensión contributiva es un derecho que se adquiere después de haber cotizado para ella durante el plazo fijado y la opción de seguir o no trabajando y percibiendo por ello una remuneración, un derecho fundamental a ejercer por decisión personal. La actual legislación, restrictiva y confiscatoria, empobrece al país, retira de la creación de riqueza a quien quiere seguir produciéndola, invita a la vagancia y orienta al fraude. Pero esto es lo que quieren los sindicatos, que fueron los que la impusieron al Gobierno y al poder Legislativo, y lo que aplican los populistas que nos desgobiernan. Hacernos pobres para enriquecerse ellos. Ojala el Partido Senior, fundado hace poco más de año y medio por el médico Alfredo Belzuzarri y tres pensionistas más para “defender las pensiones, la vida de los pensionistas y la libertad”, se dote de un potente y ambicioso ideario, esté atento a asuntos como el tratado en este artículo para denunciarlos y difundirlos, y obtenga representación parlamentaria. Sería el mejor antídoto contra la actual deriva y el principio para que los mayores de 70 años recuperen la dignidad arrebatada, sus derechos expropiados y la satisfacción de sus necesidades primarias. Es cuestión de tiempo y constancia, pero llegará porque la necesidad agudiza el ingenio y los votos avivan la llama.
