Tiene dicho el Tribunal Supremo en varias sentencias que lo primero que debe utilizar un juez es el sentido común y luego la correcta interpretación de la Ley. No parece que sea este el caso de la juez titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Ciudad Real, que ha decretado prisión incondicional y sin fianza (ratificada el 20 de agosto por la Audiencia Provincial) para una persona de 77 años que vive sola y que el 1 de agosto mató a un presunto ladrón de 35 años que pretendía robarle con nocturnidad y alevosía,y que llevaba entre sus manos una motosierra. La juez le imputa de manera provisional ser el presunto autor de un delito de homicidio consumado.
Según la agencia EFE, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 1 de agosto, cuando el detenido estaba en la cama en su vivienda situada en la carretera de la Atalaya, de la que se levantó al oír ruidos y atisbó la presencia de un hombre en la oscuridad dentro de la casa, sobre el que disparó con un arma de fuego de su propiedad y para la que tenía licencia en regla. Los disparos ocasionaron la muerte de ese hombre que ya había fallecido cuando llegaron los servicios sanitarios y agentes de la policía local y de la policía nacional, avisada por el propio detenido y propietario de la vivienda.
El ladrón ha sido identificado, es hondureño, se llamaba Nelson y contaba con numerosos antecedentes: abusos sexuales, agresión sexual, robo con violencia, allanamiento de morada, entre otros. El mismo día en el que ocurrieron los hechos había sido detenido y puesto en libertad tras cometer un robo con fuerza, a pesar de que contaba con una orden de expulsión de España. Un angelito al que favorecen nuestras laxas leyes y desidias administrativas.
Según relato de Nacho Abad en el programa Herrera en COPE, el “suceso ocurrió de madrugada, cuando el hombre se levantó –como hacía habitualmente- para comprobar el riego de la finca y descubrió que le habían roto el cuadro de organización de riego, de las plantas, de las luces,… Hay que recordar que este hombre vive solo y en una finca de difícil acceso. El asaltado fue a su habitación para coger la escopeta, que tenía cargada, y siguió los pasos de los destrozos que se encontraba hasta llegar al patio interior, donde descubrió al asaltante, al que disparó dos veces. Volvió para coger más munición y disparó dos veces más al ladrón. Inmediatamente después el anciano llamó a la Policía para explicar lo ocurrido”.
Juan Manuel Lumbreras, abogado del anciano, considera “desproporcionado el auto de prisión provisional porque mi acusado fue colaborador con la Policía y en ningún momento eludió la Justicia o dejó de llamar a la Policía”. Lumbreras subraya que “no se va a ir de Ciudad Real, tiene 77 años, casi 78, con una pensión de 800 euros y me parece desproporcionado ese auto de prisión provisional (incondicional y sin fianza) porque ni va a ocultar pruebas ni va a hacer nada que no sea defender su postura. El letrado ha señalado que su representante está acusado de “homicidio, que está penado de 10 a 15 años. La legítima defensa con el miedo insuperable, la proporcionalidad y todos los demás requisitos para que esto se cumpla es un eximente completo de la criminalidad; es decir, que si logramos probar esta eximente, mi representante debería salir absuelto”.
Ante este caso, que demuestra a la claras que las actuales leyes favorecen al delincuente y perjudican al honrado ciudadano, no es de extrañar que el Partido Senior haya señalado en nota de prensa que la decisión de la joven jueza sea “una medida abusiva, propia de una justicia desnortada en un Estado que desprecia la seguridad de su ciudadanía”, y recordado que “esto no sucederá cuando gobierne porque en el punto 8 de nuestro Decálogo de intenciones que puede verse en nuestra página web, decimos:
“Promoveremos la modificación de los códigos civil y penal para que quien ejerciendo su derecho a la «legítima defensa» dentro de su hogar no incurra en responsabilidad civil ni cometa delito penal alguno, por cualquier acción u omisión contra terceros que irrumpan en su residencia habitual o temporal, sin autorización. Será suficiente con que un ladrón amenace con usar un arma, aunque no la muestre, para que un ciudadano pueda justificar el uso de la legítima defensa. Asimismo, no podrán ser procesados quienes se hayan defendido en «un estado de grave agitación, fruto de una situación peligrosa».
Lo dicho, las leyes tienen que volver a castigar al delincuente y defender al ciudadano cumplidor, y mientras tanto los jueces usar el sentido común.
