El retraso en el cobro de la prestación por maternidad es otro de los logros del desgobierno actual.
No es que nadie se quede atrás es que todos están a la cola esperando el dinero, mientras Pedro Sánchez Pérez-Castejón veranea con amplio séquito, nombra asesores hasta para abrir el ascensor y cambia el “escudo social” por los “amortiguadores sociales”.
Si resulta complicado solicitarlo en tiempos del Covid-19 porque se tiene que hacer telemáticamente o por correo ordinario, más difícil es cobrarlo y prácticamente imposible reclamarlo porque aún no se admite la presencia física de la madre/padre en las oficinas correspondientes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (¿Cuánto cuesta sustituir todos los rótulos cada vez que se alarga pomposamente el nombre de la cartera?), ni se atiende por teléfono porque una voz artificial te remite al número que acabas de marcar en un insoportable ritornello que consume la paciencia del Santo Job.
Por regla general, la mujer que ha tenido o adoptado un hijo (como si fuese lo mismo) tarda entre tres y cuatro meses en cobrar la primera mensualidad que le corresponde por ley. Durante ese tiempo el ministerio de nombre tan largo y gestión tan corta debe entender que madre e hijo pueden alimentarse del aire, la progenitora envolver a su criatura con hojas de los árboles –de plátanos mejor, que son más grandes- cada vez que hay que cambiarle, y pagar las facturas con papelitos recogidos en las papeleras.
Antes de la pandemia se podía solicitar la prestación acudiendo a una oficina del INSS, telemáticamente o por correo ordinario, completando un formulario con datos del hijo biológico o adoptado y aportando un certificado de la empresa y otro de la inscripción del hijo en el Registro Civil (actualmente este último trámite se hace directamente desde el hospital por lo que, prácticamente, todo recién nacido queda registrado en la primera semana de vida).
Hechas estas diligencias y reconocida la prestación por el INSS, falta esperar el ingreso mensual de la prestación en la cuenta corriente de la afectada durante el tiempo de baja por maternidad que haya decidido, hasta un máximo de 16 semanas para cada uno de los conyugues. La cantidad a cobrar mensualmente se calcula dividiendo entre 30 días la cuantía de las Contingencias Comunes que figuran en la nómina de la trabajadora. Las primeras seis semanas tras el parto son obligatorias y las diez siguientes las puede elegir la madre fraccionariamente a lo largo del primer año desde la fecha del parto. Para la prestación del padre se sigue el mismo procedimiento y si es trabajador por cuenta propia la cantidad se fija en función de la cuota de autónomo que cotice a la Seguridad Social.
Es incomprensible que con los actuales medios telemáticos y teniendo que comprobar únicamente el certificado de la empresa porque los demás son documentos oficiales, la primera prestación se perciba con tanto retraso. La explicación solo es achacable a la desidia del ministro, secretario de Estado, subsecretario y demás gerifaltes, y a la holgazanería de muchos funcionarios, ensalzados hasta el paroxismo durante la pandemia pero verdaderos caraduras respaldados por los sindicatos, que ni trabajan desde casa ni en su oficina. Tan incomprensible como que los ciudadanos tengamos que seguir soportando aún consultas médicas telefónicas y no podamos acudir a los servicios públicos del INSS, el SEPE, los centros de salud y un largo etcétera, con los que también es imposible hablar por teléfono.
Peor que la pandemia es esta secuela. ¿La nueva anormalidad?
¿Hasta cuándo?
