Corría 1964, España se encontraba en el umbral del desarrollismo y a Franco no se le ocurrió mejor idea que parir una Ley de Arrendamientos Urbanos que dejaba literalmente en pelotas a los propietarios de viviendas. Nacía la renta antigua que impedía echar de por vida a unos inquilinos que, además de todos los ademases, observaban encantados de la vida cómo no se les podía atornillar el alquiler más allá de lo que marcaba el Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, los arrendatarios se convertían en los propietarios de facto del inmueble, ya que no sólo podían seguir empotrados a precios de risa hasta que espichasen sino que, además, gozaban del derecho a dos subrogaciones: hijos y nietos.
Gracias al nuevo ídolo de Pedro Sánchez, el dictador naturalmente, los dueños experimentaban la misma sensación que el que tiene un tío en América, que ni es tío ni es nada. Es más, poseer un piso sometido a la renta antigua era ruinoso, ya que te tenías que hacer cargo de los gastos de mantenimiento y de comunidad. Ruina sobre ruina porque las más de las veces la suma de estos dos conceptos representaba más importe del que te abonaba el morador. Vamos, que palmabas pasta.
Miguel Boyer acabó con este sinsentido en 1985 derogando la renta antigua. Millones de propietarios respiraron aliviados y el mercado inmobiliario comenzó a situarse por fin en niveles próximos a lo que era habitual en el resto de Europa. La medida del celebérrimo ministro de Economía socialista, por aquellos tiempos más famoso por su relación con Isabel Preysler que por su gestión política, acabó también con la picaresca: muchos inquilinos que se mudaban a una casa en propiedad porque les había ido bien en la vida, y por tanto, no la ocupaban realmente, fingían seguir viviendo en ella pero en realidad la disfrutaban sus hijos. Hasta se dieron casos en los que se falsificaron certificados de defunción para que el inmueble pasase a los descendientes. Basta con echar un vistazo a periódicos de la época para atestiguar que no exagero.
Pedro Sánchez, que sigue siendo el mismo tío de derechas de toda la vida por mucho que ahora vaya de progre, ha optado por el modelo franquista para acabar con la inaccesibilidad de los más jóvenes a una vivienda digna por un precio razonable. Y lo ha hecho imitando al dictador a instancias, cosas veredes, de Podemos: se penalizará fiscalmente a los dueños de menos de 10 casas que se nieguen a congelar los alquileres y directamente se obligará a bajarlos a los que posean más de 10. ¡Ah! y se disparará el IBI un 150% a quienes mantengan pisos vacíos siempre y cuando, eso sí, tengan en propiedad más de cuatro.
Primera consecuencia: ni su padre va a invertir un euro en inmobiliario. Segunda: se irá a tomar viento un sector que proverbialmente ha sido uno de los grandes motores económicos de un país, el nuestro, que carece de un tejido industrial potente. Tercero: volverá el dinero negro a este mundillo porque siempre habrá quienes pongan como condición sine qua non para alquilar que le pagues hasta el límite en A y el resto en crudo. Cuarto: el experimento acabará igual que en París y en Berlín, como el rosario de la aurora. En la capital federal alemana la oferta oficial de alquiler se ha desplomado un 60%, la gente prefiere no arrendar su propiedad porque no les renta al llevarse todo o casi todo el coste de mantenimiento y los impuestos o hacerlo por detrás, en billetes. Quinto: el aviso que lanzamos al resto del mundo es que en España la seguridad jurídica es papel mojado, una filfa, un cuento chino. Un drama, en resumidas cuentas, que provocará la consiguiente fuga de capitales. Tiempo al tiempo.
Esta chusma comunista que nos gobierna, lo de socialcomunista es ya un recuerdo del pasado, va a por todas dejando reducida a la condición de aprendices a esos viejos jerarcas de la URSS que prohibían el libre mercado, salvo naturalmente para ellos que sí gozaban de productos de lujo de todo tipo traídos de estraperlo de Occidente. Ese peligro público que es la ministra de Derechos Sociales, mi paisana Ione Belarra, una batasunilla incrustada en Podemos, dejó entrever el miércoles que estamos más cerca de la Revolución de 1917 en Rusia que de la Europa posmoderna de 2021: “El 30% de las promociones se destinará a vivienda pública”. Cuando el cómplice periodista de la Ser le preguntó si eso significaba, por ejemplo, que si se edificaba una promoción “en Sotogrande”, urbanización de lujo por antonomasia, tres de cada 10 pisos o chalés deberán ser de protección oficial, lo que toda la vida de dios se ha dado en llamar VPO, la respuesta no se hizo esperar: “Por supuesto”.
Eso significa, si los planes de estos locos resentidos salen adelante, que alguien que invierta 500.000 euros en una vivienda, un millón, 2 ó 3, tendrá que resignarse a tener en el piso de abajo o en el de enfrente a un muchacho que llegó a nuestra tierra como mena y al que la Administración protege con el mismo celo con el que castiga a los españoles. O a gente de malvivir que abandonó el poblado chabolista en el que no pasaban precisamente hambre porque traficaban con drogas. Ya se sabe que la tontuna burocrática en el por otra parte siempre necesario mercado de vivienda pública beneficia muchas de las veces a millonarios que viven en B y carecen de ingresos en A. Sea como fuere, el parón que esto va a provocar en la construcción y promoción puede ser la puntilla que le faltaba a una economía que está peor de lo que nos cuentan por mucho que falseen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A más, a más, conviene no olvidar que el español es desgraciadamente clasista y no le gusta convivir con los que tienen menos que él. Lo cual provocará, insisto, que no se haga una puñetera promoción nueva.
Sánchez es Franco pero también Chávez. Ya se sabe que los extremos se tocan. Ahora se dedica a comprar votos como si no hubiera un mañana, una de las peores prácticas que puede acometer un político. Empleará 200 millones de nuestros impuestos para adquirir el sufragio, o al menos intentarlo, de los 454.000 chicos y chicas que nacieron en 2004 y a los que entregará un cheque de 400 euros para actividades culturales. En este elenco se incluyen los libros, el teatro, los museos, en definitiva, la cultura de verdad, pero también esos videojuegos que dejan turulatos a nuestros hijos. Otra de las incógnitas es si se incluirán en el chequevoto esos toros que van camino de abolirse a tenor de lo que recoge esa otra animalada que constituye la Ley de Protección Animal que dejará de otorgar la condición de peligrosas a razas tan pacíficas como los rottweiler o los pitbull. Dijeron que “sí”, luego que “no”, más tarde que “tal vez” y parece que finalmente será “no”. Si Goya, Picasso, Ortega y Lorca resucitasen corrían a gorrazos a esta chusma por incultos.
La lista de la compra de Sánchez no termina ahí, ya que promete otro chequevoto de 250 euros mensuales a millones de jóvenes para lograr la ansiada emancipación con una vivienda de alquiler. Con esta medida podría lograr comprar el sufragio de millones de españoles, teniendo en cuenta que la franja de edad va de los 18 a los 35 años y que para poderlo percibir tan sólo es necesario acreditar unos ingresos brutos inferiores a los 23.752 euros anuales. Un universo gigantesco teniendo en cuenta, además, que la economía sumergida supera el 20% en España. Esta broma nos costará miles y miles de millones de euros, no los 400 kilos al año de los que habla este pinochesco Ejecutivo. Ocurrirá como con el cheque bebé de Zapatero, que fue el inicio de una carrera por el despilfarro de dinero público que nos condujo a la intervención por parte de Bruselas, Fráncfort y Berlín, a un default del que aún no nos hemos recuperado y a una crisis mayor que la de nuestros socios comunitarios en términos relativos y, lo que es peor, también absolutos.
Lo de comprar votos nos retrotrae a esa España caciquil de Romanones en la que los ricos de los pueblos pagaban a la gran masa por el color de las papeletas que introducía en las urnas. Obviamente, siempre ganaban los mismos. Es un remedo de ese Plan de Empleo Rural (PER) y de esos EREs que no eran sino un acto de robo de dinero público para garantizarse la reelección mediante políticas asquerosamente clientelares. Algo parecido a lo que sucedió en esa Venezuela del narcodictador Hugo Chávez, que empleó buena parte del dineral que ingresaba el país cuando el petróleo estaba a 150 dólares para tener a sueldo el sentido del sufragio activo de los 10 millones de ciudadanos más pobres de la nación. Sobra decir que el ladrón y asesino venezolano ganó elección tras elección con este método, aderezado por otro más sucio si cabe, que consistía en meter papeletas del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) en las urnas como si no hubiera un mañana. Lo que por estos lares se conoce como pucherazo.
Sánchez, que va camino de convertirse en un autócrata modelo Putin o versión Erdogan, nos arruinará con esta ley del alquiler y con los chequevotos. Que se preparen promotores, constructores, capataces, obreros y demás actores del entorno inmobiliario porque la bofetada será de aúpa. Qué tiempos aquellos en los que socialistas sensatos y honrados como Joaquín Leguina construían decenas de miles de viviendas sociales generando un círculo virtuoso que hacía crecer la economía, daba trabajo a las empresas y sacaba del paro a cientos de miles de personas. En lugar de renovar ese modelo, el presidente del Gobierno ha optado por la política clientelar, tan poco efectiva como tremendamente efectista. Seguramente recuperará cientos de miles o millones de apoyos en las urnas, pero perderá para siempre el respeto de la gente seria por cacique y por derrochador. Al final, ocurrirá lo de siempre, lo que ya vivimos con Zapatero, que vendrán los hombres de negro a poner orden en nuestras cuentas con una terrorífica a la par que acelerada cura de adelgazamiento. La historia de siempre cuando gobiernan los socialistas, perdón, los comunistas, porque ahora ya está claro quién manda en el Gobierno. Vuelve Franco, resucita Chávez y se vuelve a poner de moda ese Romanones que creíamos definitivamente superado. No sé si volvemos a la España de 1964, a la de 1915 o a la tercermundista Venezuela de nuestro tiempo, pero la cosa pinta mal ética y económicamente. Muy mal.
