Durante toda la existencia de la banda terrorista ETA, la organización dividía a sus grupos en dos clases: los “comandos legales” y los “ilegales”. Los primeros eran aquellos que no estaban fichados por las Fuerzas del Orden, sus miembros trabajaban de común en labores públicas y sólo actuaban al reclamo de los jefes facciosos. Los segundos estaban perfectamente identificados, tenían huellas y fotos en la Policía y en la Guardia Civil y normalmente residían en Francia, tolerados primero por los gobiernos galos en calidad de refugiados y luego escondidos como ratas en diversos domicilios de colaboradores. Los “legales” eran unos privilegiados.
Más de una de estas facciones se nutría de gentes que cobraba de medios de información: “Egin”, luego “Gara, “Punto y Hora de Euskalerría”… y daba enormes quebraderos de cabeza a sus perseguidores. Tanto, que para combatirlos, algunos dirigentes policiales imitaron este funcionamiento y distinguieron con estos adjetivos a sus funcionarios, muchos de los cuales se pasaron largos años en el País Vasco y Navarra sin que nadie supiera de su auténtica identidad.
En la política digamos pacífica de ahora mismo se ha trasladado esta división a la propia práctica, de forma que, por ejemplo el Gobierno de la Nación es castigado de vez en vez en vez por los tribunales y, sin despeinarse, se hace el loco, echa la culpa a los demás, y se presta a desobedecer. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en este dramático momento de la historia de España. Hace meses que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no da pié con bola: desde los tribunales ordinarios, la Audiencia Nacional y finalmente el Supremo, se descalifican sin ambages las decisiones del Gobierno social leninista, y éste se llama andanas y si puede sencillamente hace oídos sordos a las sentencias y no se apresta a sujetarse a ellas.
¿Qué ocurre ahora con las dos decisiones del Constitucional que han declarado inequívocamente ilegales los dos estados de alarma -un año entero duraron- aprobados y exigidos por Pedro Sánchez? Pues nada, que el Gobierno se ha limitado a mostrar su disconformidad y como mucho devolverá la pléyade de multas, un auténtico y obsceno aluvión que Sánchez y su cuadrilla impusieron a todo aquel que osó contravenir sus designios, una caterva de arbitrariedades que, desde el primer momento, los expertos más independientes y reputados calificaron claramente de “inconstitucionales”.
Para Sánchez todo esto es sólo un pequeño incidente en su camino hacia la autocracia caribeña. Se han convertido él y su cuadrilla en un comando ilegal que lo mismo confina al país entero y cierra el Parlamento con la complicidad de la pobre acólita Batet, que saca, al estilo pérfido del asesino nicaragüense Daniel Ortega, a cientos de asesinos para constituirlos en guardianes de su política. Pero al enchulecido y aún presidente Sánchez todo esto le trae al fresco: reparte los fondos europeos a siniestra solamente, y prepara -esta es una información de primera mano sobre la que habrá que insistir en los próximos tiempos- una reforma constitucional con tres objetivos: cambiar la estructura única del Estado hasta dejarlo en las raspas y transformarlo en una republiqueta más o menos confederal, limitar los derechos de reunión, manifestación y expresión, hasta situarlos en meras fórmulas retóricas, y, finalmente, su gran fin: deshacerse del molesto enojo que todavía representa la domeñada Corona y sus protagonistas.
Ya está el nuevo gurucillo Bolaños dibujando el escenario de la doble consulta con la que debe clausurarse la Constitución de 1978, el texto que hace 43 años, 31 de octubre de 1978, refrendaron los parlamentarios electos de nuestro país.
Sánchez es ya en sí mismo un comando ilegal que se dispone además a perpetrar toda clase de arbitrariedades porque, sobre todo, este país, digámoslo pronto y claro, está aborregado, encerrado, acobardado, sin gana alguna de echarse a la calle para impedir que los ilegales del Gobierno sigan atentado contra el régimen que aseguró sus libertades. Aquí hay un culpable cierto del que poco se habla: se trata de la derecha lastimera que se pasa el día proclamando un inútil: “¡Ay, Señor, Señor!” pero que se conforma con que los cuatro o cinco resistentes patriotas den la cara por ellos.
No es la derecha conformista y egoísta de la que siempre se habla, es más: responde a un término ciertamente brutal que es, sin embargo, el que más le corresponde: la derechorra. Si es más tonta nace oveja. Se resigna a ser pastoreada por un rebaño de ilegales que hacen de su capa un sayo y que, efectivamente esta vez sí, van a dejar a España que no la conocerá ni la madre que la parió. Y, mientras, los barreneros se mofan de los tribunales, persiguen por aire, tierra y mar a los disidentes, compran a sus afines, la derechorra se queda en casa en queja permanente, como si todo lo tuvieran que hacer los demás. Estamos ya en una situación antidemocrática general donde los actos de un Gobierno ilegal son constantemente protestados por el Poder Judicial, donde se atenta contra el jefe del Estado, y donde el comando de ilegales que ocupa Moncloa y sus aledaños aspira ahora a convertirnos a todos en afiliados a la fuerza de unos sindicatos que representan a lo peor y más oscuro del país. El comando ilegal se ha apropiado de España y España no reacciona, atrincherada como está en el solo reconocimiento de su desgracia. Todos los indicadores del país son pésimos, sólo reina la mentira y la abyección de Sánchez.
A un tipo que no se le puede expulsar más que en las urnas con una conjunción política que le impida la permanencia en Moncloa, o una aplicación del Artículo 102 de la Constitución que ahora está inservible porque: ¿quién garantiza que el actual Congreso aprobaría por mayoría absoluta la responsabilidad penal, que la tiene, ¡vaya si la tiene!, el presidente?
