Colea aún el esperpéntico episodio del ‘pateapolicías’ podemita.
El episodio, la verdad sea dicha, conviene no olvidarlo tan rápidamente porque ha sido un claro ejemplo de como intentar voltear la legalidad para priorizar intereses partidistas.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, buscó y pergeñó todas las fórmulas posibles para intentar mantener a Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) en su escaño y hasta se atrevió a discutirle al Tribunal Supremo una sentencia que era inequívoca.
Como bien dice este 30 de octubre de 2021 el periodista Eduardo Inda en La Razón, el problema principal viene dado desde el aterrizaje del partido fundado por Pablo Iglesias en la política patria:
Que España vive un silencioso pero imparable proceso revolucionario lo llevamos advirtiendo unos pocos de una década a esta parte. Salvo algunas honrosas excepciones, prácticamente todos los medios son cómplices activos de un proceso irresponsable e ilegal. Es algo que viene gestándose y financiándose desde hace más de una década con un porrón de millones llegados a Podemos, bien en valija diplomática, bien a través de esa mula Caracas Venezuela que es el desahogado de Monedero.
El periodista navarro no duda en calificar de esta guisa a los morados:
En Podemos no son los más listos de la tierra pero sí los más sinvergüenzas y, desde luego, los más constantes en la búsqueda de sus despóticos objetivos. Y se aplican a machamartillo la celebérrima frase de Lenin: «Las revoluciones no se hacen, se organizan». Ni más ni menos que el libreto que ha desarrollado la banda de Iglesias, a la cual le va tan mal en las encuestas como maravillosamente bien en la tarea de sedimentar en los cerebros de los españoles su nomenclatura y su imaginario colectivo.
Las casi dos semanas que llevamos viviendo a cuenta de El Rastas Alberto Rodríguez son «batalla cultural» en estado puro. Doce días que, además de todo eso, permiten adivinar cuál es el estado de salud de nuestra democracia. Ciertamente, el veredicto no puede ser más desalentador.
Igualmente, para Inda no debería de quedar impune la actitud de Batet:
Lo primero que llama la atención es que la tercera autoridad del Estado, esa nacionalista travestida de socialdemócrata que es Batet, se negó a cumplir ipso facto la resolución del Supremo, que obliga a desproveer de la condición de parlamentario al interesado tras ser condenado a mes y medio de cárcel por patear a un policía en una manifestación. Batet quiso prevaricar y perpetrar un delito de desobediencia, y de hecho lo hizo siquiera por unas horas, al negarse a retirar el acta al delincuente.
Critica los nefastos perjuicios causados por cierto sector de la prensa y determinados expertos jurídicos sobrevenidos en tertulianos de todo a 100:
La picapleitos de Batet sólo aplicó la resolución cuando le quedó claro que podía acabar caminito de Jerez. Lo de la prensa y la izquierda política mediática y judiciales igualmente delirante. Los Pérez-Royo, Joaquim Bosch y demás apóstoles del Derecho alternativo aseguran que no ha lugar a la expulsión.
La prensa socialpodemita hizo de altavoz de esta pedazo de trola o bulazo. El derecho alternativo, los tribunales populares y la negación del orden constitucional que defiende esta panda es el camino más corto a la autocracia cuando no a la dictadura. Quieren cambiar la ley por sus pelotas.
