Que España vive una suerte de democracia vigilada quedó claro esta semana no sólo con el fallo en sí del Constitucional sobre el segundo estado de alarma sino también con el relato que hizo el diario sanchista El País de este nuevo golpe jurisdiccional al Gobierno socialcomunista. El tan tendencioso como embustero rotativo, que encima se permite el lujo de dar lecciones deontológicas a los demás, olvidó meter en portada una noticia que en cualquier país serio provocaría la dimisión del presidente, entre otras razones, porque es la segunda vez que el intérprete de la ley más importante declara ilegal la medida. Debe ser que los demás somos periodistas de quinta y esta información carece de importancia, jajajaja.
Una noticia de este calibre en Estados Unidos sería portada a toda página en The New York Times, The Washington Post y hasta en cualquier medio de la Deep America, que es como por aquellos pagos llaman a la América Profunda. Y conllevaría la dimisión o el impeachment del presidente. A la hora de la verdad en el periodismo estadounidense no hay colores que valgan. Hay que ser muy sinvergüenza para esconder semejante notición, del cual destacaron en páginas interiores -naturalmente- que tuvo cuatro votos particulares y que es consecuencia de un recurso de Vox, formación a la que tienen anatematizada pese a ser cien, mil o diez mil veces más democrática que esos socios del Gobierno que responden al nombre de Bildu, Podemos o ERC.
Más allá de esta reflexión corporativista, pero que refleja la salud de nuestra democracia toda vez que la opinión publicada es la que conforma la opinión pública, hay que ir al fondo de la cuestión: tal y como acertadamente apuntó la valiente Isabel Díaz Ayuso, estamos ante “el Gobierno más totalitario desde la dictadura”. Con todo, lo más preocupante es que los españoles tragamos con todo pese a que éste no es el Ejecutivo de Felipe González, que se anotó 202 diputados en 1982, tampoco el de los 186 de Rajoy en 2011 o el de Aznar en ese 2000 en el que logró 183.
Los dos fallos del Constitucional demuestran ni más ni menos que el patético presidente del Gobierno que ayer fue de nuevo a la caza del selfie con Biden secuestró despóticamente nuestras libertades tanto en el primer estado de alarma como en el segundo. En el de 2020 por no recurrir a la figura legal preceptiva, el estado de excepción, que hubiera obligado a someter previamente la decisión al criterio de la sede de la soberanía popular, el Parlamento. El de 2021 porque se restringió el control del Legislativo al Ejecutivo durante ¡¡¡medio año!!! amén de la golfería que igualmente supuso endosar la gestión del estado de alarma a las comunidades autónomas. Ilegalidad sobre ilegalidad, es decir, ilegalidad al cuadrado.
Por no hablar de la arbitrariedad cum laude que supuso el hecho de que el sátrapa de Moncloa dictaminase de manera indudablemente prevaricadora que el estado de alarma no fuera ampliado cada 15 días como prescriben tanto la Carta Magna como la Ley Orgánica de 1981. Ni prórrogas ni gaitas. Se implementó durante seis meses y sólo se podía interrumpir a los cuatro si lo pedía el presidente autonómico para su ámbito territorial.
Éste no es el segundo sino el tercer zasca jurídico en el tiempo de un Tribunal Constitucional que retrata al presidente del Gobierno como un prevaricador de tomo y lomo. Existe otro aparentemente menor, dictado el pasado 5 de octubre y que pasó desapercibido gracias al pensamiento único, por haber chapado a cal y canto el Parlamento durante las dos primeras semanas del estado de alarma. Lo que hace Putin, perdón Sánchez, es calcadito de lo que llevan a cabo el presidente ruso, Erdogan y en sus primeros tiempos Chávez: reducir la sede de la soberanía popular a la condición de convidado de piedra. De esta golpistoide manera empezó a periclitar la democracia venezolana que ahora mismo es una narcodictadura.
Lo he dicho unos cuantos domingos pero lo repetiré hasta la saciedad, y si es necesario hasta el aburrimiento, que sin división de poderes no hay democracia que valga. Los compartimentos estancos que dibujó Montesquieu son consustanciales a la democracia, a ese sistema de checks and balances (controles y contrapesos) que impera en esos regímenes cuasiperfectos que son los anglosajones y escandinavos. El barón francés argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo… hasta que encuentra límites”. “Para que no se pueda abusar hace falta que por la posición de las cosas, el poder detenga al poder”, apostillaba a mediados del siglo XVIII. Cualquiera diría que cuando salió de su boca esta reflexión estaba pensando en Pedro Sánchez. Desde luego, le viene como anillo al dedo.
El presidente menos votado de la democracia aprovechó el descomunal estallido de la pandemia provocado entre otras cosas por el 8-M para convertir nuestro país en una suerte de democracia vigilada en la que él desempeñaba el rol de un autócrata como el Diablo manda. Nuestra vida va a tal velocidad que hemos olvidado, o casi, que además de restringir ilegalmente nuestra libertad de movimientos este prevaricador tuvo a la Guardia Civil persiguiendo y luchando contra los críticos en las redes sociales. Que se clausuró el Portal de Transparencia para preguntas relativas a la pandemia. Que se compró material sanitario sin control alguno a amiguetes de amiguetes chinos cuyas empresas eran chiringuitos residenciados en códigos postales de la superpotencia asiática. Que se gastaron 4 millones públicos en adquirir hisopos a una entidad mercantil radicada en Suiza cuyo core business es la “moda infantil”.
Tampoco recordamos que una compañía especializada en vigorizantes sexuales, geles íntimos y óvulos vaginales se llevó otros 17 kilos en un concurso trampeado para la adquisición de test anticovid. Que se dieron otros 240 millones del contribuyente a una entidad mercantil china fundada hace menos de dos años por un hongkonés que salió de la universidad en 2015. Que se coló de rondón, vía decretazo, al delincuente Iglesias y al sobrevalorado Iván Redondo en la Comisión Delegada encargada del control del CNI. Cómo sería de cantoso el asunto que el Pleno del Tribunal Constitucional también declaró nula e inconstitucional esta resolución. Que, aprovechando la confusión y el miedo causado por la pandemia, Sánchez intentó perpetrar un golpe de Estado blando reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ sea elegido por mayoría absoluta y no por una reforzada de tres quintos como hasta ahora, algo similar a lo que hizo Hugo Chávez en 2004 para liquidar la independencia judicial en Venezuela. Y un tan largo como autoritario a la par que corrupto etcétera.
El socialcomunista es el Gobierno que más decretos ley ha dictado en menos tiempo. Esta figura legal, la preferida por un tal Francisco Franco, permite poner en práctica una norma en casos de “urgente y extraordinaria necesidad”. Mariano Rajoy echó mano de ella en 75 ocasiones en sus primeros cuatro años de mandato, los de la mayoría absoluta. Pedro Sánchez ha recurrido a ella en 100 ocasiones en tres años y medio. Más que odiosa, que seguramente también, la comparación resulta escandalosa.
Pedro Sánchez no es, naturalmente, ni creo que lo sea nunca, ese “gran dictador” que parodió Charles Chaplin en su primera película sonora en 1940. Eso son palabras mayores. Pero desde luego su comportamiento se asemeja cada día más al de ese despotismo ilustrado del “todo para el pueblo pero sin el pueblo” que imperaba entre los monarcas absolutos aperturistas del siglo XVIII que intentaban contener a esos maravillosos enciclopedistas que apostaban por todo lo contrario, por el pueblo como sujeto de la soberanía. Como quiera que el Congreso y el Senado son la encarnación de la soberanía popular y a nuestro todavía presidente le incomodan la Cámara Alta y la Baja en su afán de gobernar sin cortapisas, cabe colegir sin temor a caer en la hipérbole que lo que le sobra es la soberanía popular. Ése es el debate que tenemos encima de la mesa los ciudadanos españoles. Hay que dar la batalla, en el Parlamento, en los tribunales, en los medios y en la calle, y ganarla. La España que quiere Sánchez es la de la oscuridad. La lucha que tenemos por delante no es otra que volver a encender las luces de esa España constitucional que nos regalamos hace 43 años. Ni se puede ni se debe aflojar.
