Bajo el mantra de “armonización fiscal”, que la izquierda lanza para freírnos a todos a impuestos, se esconde una gran injusticia de graves consecuencias para la sana competencia fiscal y las clases medias y bajas.
Es decir, para la prosperidad de nuestro país. Se trata del impuesto de Sucesiones, la pena impuesta a la muerte que aparece por primera vez en nuestro país en el siglo XVIII, al establecerse en 1798 la tributación para herencias y legados en línea no directa. Un impuesto antiético cuyas consecuencias son la depauperación de la propiedad privada, verdadera obsesión del socialismo populista.
Algo que ya señaló en su día Murray Rothbard, para quien el impuesto de sucesiones no se puede desligar de la propiedad privada. Ayn Rand, por su parte, señaló que la propiedad privada es la condición necesaria para que existan sociedades libres, al permitir al individuo sostenerse gracias a su esfuerzo. Por todo ello, privar al heredero de su herencia supone también un daño moral al hereditario al privársele de hacer uso de lo que con el esfuerzo de toda una vida se ha ganado. En España el tipo impositivo de este impuesto varía entre el 7,65% y el 34%, existiendo Comunidades Autónomas, como Madrid, que mediante bonificaciones, exenciones y reducciones han reducido el tipo efectivo hasta el 0% en determinados casos.
Además, como señala la Fundación para el Avance de la Libertad, su eficiencia y crecimiento son dudosos. De hecho, es el único impuesto contra el que el pueblo español ha salido a las calles. Centenares de familias han tenido que renunciar al esfuerzo de sus padres ante la imposibilidad de hacerse cargo del pago del impuesto. Se trata de los casos en que la herencia no consiste en dinero líquido, sino en bienes inmuebles. ¿Cómo pagar el impuesto, a liquidar en el plazo de seis meses, sin vender la propiedad adquirida? Pero a Sánchez y Díaz qué más les da. Los mismos que pactan con Bildu y ERC, que asumen las propuestas económicas de los nacionalismos, quieren centralizar impuestos para acabar con la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas que escapan a su ideología.
Como señala la Fundación para el Avance la Libertad en su informe “El impuesto de sucesiones en España y las propuestas de armonización fiscal”, de reciente publicación, el impuesto de la muerte tiene un grave impacto sobre los agentes económicos, ya que “incide especialmente sobre los donantes y herederos a través de sus estructuras de incentivos”.
Es innegable que este impuesto condiciona el ahorro de los herederos, tanto antes como después de producirse el óbito, teniendo efectos negativos sobre la acumulación de riqueza de las familias a largo plazo, al reducir el valor neto transmitido entre generaciones, así como por los cambios que genera en la estructura de incentivos de los potenciales donantes. Los españoles no trabajamos para pagar el Falcon de Pedro Sánchez, sino para dejar una mejor vida a nuestros hijos. Y eso, justo, es lo que castiga tan injusto impuesto. Por supuesto, las rentas más altas pueden irse u utilizar herramientas legales de migración y planificación fiscal para evitar los efectos perniciosos. Algo a lo que no pueden acceder las rentas medias y bajas.
Por otra parte, este impuesto no existe en países como Austria, Canadá, Chipre, Corea del Sur, Eslovaquia, Estados Unidos, Australia, Estonia, México, Israel, Letonia, Noruega, Perú, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, India o Filipinas. Tampoco en la China comunista. La mayoría de los países aplican alternativamente el impuesto de sucesiones o el impuesto sobre los bienes de la sucesión, para evitar el doble gravamen.
