Este artículo no es, ni pretende ser, un escrito de acusación contra los cerca de 6.000 jueces. y alrededor de 3.000 fiscales, existentes en España.
Es más, me consta por el trato personal y profesional –y ya sabemos que el roce hace el cariño-, que la gran mayoría son personas honestas, trabajadoras, y que consiguen sacar adelante los asuntos con su esfuerzo personal, doble jornada, la del juzgado o fiscalía, y la de tardes en su propia casa, muchas veces con fines de semana incluidos, y hasta vacaciones.
Pero pensar que en un colectivo de más de 9.000 personas todas son inmaculadas, incorruptibles, etc., es más un deseo que una realidad.
Para empezar, la justicia no es ciega, ni mucho menos, pues cada día está más politizado. Como en derecho dos y dos no son cuatro, pues pueden ser tres, cinco, o incluso cero, en función de quien es el litigante, quien el querellado o demandado, etc., la existencia de varios centenares de jueces y fiscales en situación de servicios especiales, y ocupando cargos políticos, no favorece, precisamente, la “independencia” de los jueces, y la cada día menor “autonomía” de los fiscales, que muchas veces acaba siendo la “autosuya” del señor de horca y cuchillo correspondiente, es decir, el fiscal jefe respectivo.
Tres ministros, creo recordar, son jueces, y numerosos “ministrines” de las comunidades autónomas son fiscales, pues parece que ambas carreras son de primera y de segunda categoría, pese a que las retribuciones son idénticas.
Una gran parte de los directores generales de justicia de las doce comunidades autónomas con competencias en justicia son de alguna de las dos carreras, como así mismo diputados, senadores, diputados “aldeanos”, es decir, autonómicos, alcaldes, concejales, asesores, etc.
¿Ustedes creen que esas personas, totalmente politizadas, partidistas, serán independientes o autónomos, cuándo retornen a sus carreras…?
Yo, NO.
Como la Administración de Justicia en España siempre ha querido lavar los trapos sucios en casa, tiene dos instrumentos para limpiar y depurar la actuación de los profesionales:
La Inspección del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, para investigar las quejas, denuncias, etc., contra los jueces, y
La Inspección Fiscal, para efectuar idéntica labor respeto a los fiscales, en el bien entendido supuesto de que esa Inspección, y la propia Fiscalía, no pasan de ser un órgano del Ministerio de Justicia, es decir, del poder ejecutivo, revestido de una autonomía, cada vez más escasa, mientras que los jueces teóricamente son independientes, cuestión distinta es que se atrevan a serlo, sobre todo si quieren hacer carrera…
Por supuesto, los asuntos más graves se denuncian ante los Juzgados y Tribunales, pero siempre procurando organizar los menores escándalos posibles, y que no se enteren los súbditos, vasallos y contribuyentes –muy escasamente ciudadanos-, pues ya sabemos que la Justicia y la Fiscalía, tienen que ser honrados, o, por lo menos, parecerlo, ante la opinión pública, y/o publicada.
El juez Garzón fue condenado por el delito de prevaricación judicial, que creo es el más grave, o uno de los ´más graves, que puede cometer un juez en activo.
Actualmente parece ser que es novio, pareja de hecho, o lo que sea, de doña Dolores Delgado, a la sazón fiscala generala de la PSOE, digo del gobierno, y poseedora de una modesta cuenta en Panamá, un paraíso fiscal, con un saldo de tres millones de euros.
Lola, ¿de dónde saca para tanto como destaca…?
En mis doce años como Fiscal, me fue imposible ahorrar ese importe, ni siquiera una centésima parte, pero por lo visto, debo de ser un manirroto: mi coche tiene 30 años, llevo la misma ropa que hace años, veraneo en mi localidad natal, en una casa heredada, etc.
Su pareja, el juez Garzón es un hombre también de grandes negocios.
El despacho de abogados que comanda, y que tiene personalidad jurídica, que ahora no recuerdo, ha firmado un contrato con el gobierno bolivariano y comunista de Venezuela, para llegar las labores de “coordinación con la fiscalía española”, por la pequeña suma de ¡nueve millones de euros!
Teniendo en cuenta su estrecha relación con la fiscala generala, estoy seguro de que podrá hacer su labor con la mayor eficacia y competencia, al servicio del totalitarismo bolivariano.
(Si quieren más información sobre este asunto, ruego acudan a Periodista Digital, un diario que dirige el incombustible don Alfonso Rojo, y que no tiene pelos en la lengua).
Pero lo que ya ha colmado el vaso de mi paciencia es la información publicada por el mismo diario, en el sentido de que doña Margarita Robles, a la sazón, creo recordar, magistrada de la Audiencia Nacional, o del Tribunal Supremo, o Secretario de Estado con Belloch (esta señora ha ocupado tantos cargos, que es casi imposible seguirle la pista), había evadido del fiscal español unos “ahorrillos” de seis millones de euros, ¡en solo tres años!
Y que la Audiencia Nacional ha decretado que existe delito, pero que ya está prescrito, con lo cual sale de rositas del asunto.
(La información la obtengo de Periodista Digital y El Diestro, básicamente).
Y repito la pregunta: ¿Doña Margarita, de dónde saca para tanto como destaca…?
Como ciudadano, como jurista, y como contribuyente, no puedo permanecer callado ante estas situaciones, que deben ser depuradas en vía judicial, disciplinaria y/o políticamente.
Lo contrario sería ser un borrego, y no tengo vocación alguna de ser un borrego.
Podré ser tonto, y más ahora que he quedado con solo parte de las neuronas, después de varios ictus cerebrales, que he conseguido superar, gracias a Dios y a los médicos, pero no seré nunca un vasallo, que obedece como un borrego cualquiera, sin pensar, ni oponerme a todas las injusticias, corrupciones y prevaricaciones, sean éstas judiciales o administrativas.
¿Cómo puede ser fiscal general del gobierno que no del estado una señora que, al parecer, tiene que dar muchas explicaciones…?
Ramiro GRAU MORANCHO
Académico, Jurista y Escritor
