Siguiendo la doctrina asentada por los nuevos miembros de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, rectificando una resolución contraria de los anteriores integrantes, los sindicatos apesebrados se proponen exigir en la próxima mesa de negociación con el Gobierno que las multas de tráfico y de Hacienda que se impongan a los funcionarios públicos y personal contratado de cualquier administración del Estado las pague el contribuyente a través de la caja común del ministerio de Hacienda, esa que la docta Carmen Calvo Poyato dijo que “no es de nadie”. Y la CEOE, tercera pata de esa mesa de diálogo, ha dicho, como es lógico, que solicitará que la norma se extienda al resto de trabajadores por cuenta ajena. Y para no quedarse atrás y por ser de justicia, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) pedirá lo mismo para los currantes por cuenta propia o autónomos, y además instará que se haga extensible a todas las multas económicas que imponga cualquier administración en su ámbito de actuación.
La decisión de la Sala, contra la que no cabe recurso, de admitir los avales de la Generalitat a favor de los cabecillas separatistas Artur Mas i Gavarró, Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Juanqueras Vies y otros 25 altos cargos multados, para evitar que respondan con su patrimonio personal por desvío de fondos públicos del ente autonómico a la representaciones catalanas en el extranjero (Diplocat), ha sido calificada de “disparate” e “infamia” por numerosos juristas, que coinciden en que la ley española no permite respaldar con cargo al erario público el patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración “que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros”. Además de esa última derivada sindical y patronal, la decisión de la mayoría de la Sala –dos votos a favor y uno en contra, atribuibles los primeros a María del Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez Hernández, nombrados a propuesta del PSOE- ha consolidado la trampa de convertir a la Generalitat en víctima y verdugo al mismo tiempo, para evitar que la Administración pueda cobrarse a sí misma. Es lo que jurídicamente se llama “confusión de patrimonios”, de tal manera que la Generalitat, que es parte del Estado, se convierte, simultáneamente, en deudor y acreedor y, consecuentemente, la deuda queda extinguida de facto porque el avalista, la Generalitat, no puede recurrir contra el deudor, ni el acreedor principal, la misma Generalitat, porque una deuda extinguida no se puede reclamar. En roman paladino y como ha declarado a El Debate Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, “todos los españoles pagamos la fiesta a unos delincuentes”.
“Esto no es nada nuevo -ha añadido-, estamos acostumbrados a que los sucesivos gobiernos de la nación hayan claudicado ante el separatismo, independientemente del color, unos rojos, otros azules. Los catalanes hemos estado abandonados por los gobiernos de España. Por eso es importante trasladar el mensaje de que esto se ha acabado, que ni los catalanes ni el resto de los españoles están solos, abandonados, ante el rodillo separatista, en el que el PSC es parte del problema y su muleta. Más pronto que tarde, cuando lleguemos a las instituciones del Gobierno, verán que lo que ha faltado durante décadas ha sido determinación y voluntad política”.
Con independencia de los nobles objetivos de Garriga y como no hay mal que por bien no venga, según una fuente de toda solvencia Pedro Sánchez Pérez-Castejón dirá que sí a la propuesta sindical y patronal porque considera que le dará votos para su reelección. Por ello ya ha nombrado una Comisión de expertos que haga un documento en el que se refleje la cuantía de esa decisión en la partida de gastos y el ahorro que se obtendría reduciendo carteras ministeriales, número de asesores, número de senadores (Estados Unidos tiene 100; ¡España 265¡¡Por Dios!), número de consejeros de los gobiernos autonómicos, número de parlamentarios autonómicos, número de alcaldes y concejales con sueldo; la supresión de las Diputaciones, de las subvenciones a Sindicatos, Patronales y Fundaciones ligadas a partidos con representación parlamentaria; el cierre de todas las empresas, entes y corporaciones públicas, de ámbito nacional, autonómico, provincial y local, sin actividad conocida o estéril y con cargos retribuidos para conmilitones y familiares y, en fin, toda la mamandurria superflua y extractiva que han creado y siguen creando los distintos niveles de gobierno. La Comisión calcula que si se lleva a cabo este proyecto la partida de gastos de los Presupuestos Generales del Estado disminuiría considerablemente, hasta el punto de que podrían suprimirse los impuestos de sucesión, patrimonio y fondo de pensiones. La deuda del Estado se cancelaría en pocos años y el déficit anual desaparecería. Si encima hace caso a las recomendaciones del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que señala que se pueden ahorrar 60 mil millones al año porque 1 de cada 7 euros se malgastan por las ineficiencias generadas por el exceso de burocracia, la falta de evaluación de las políticas públicas y las duplicidades entre administraciones, y Hacienda sigue detectando entes públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades, consorcios, etc. de los que se desconoce su dependencia, entonces España podría competir en superávit público y Sanchez seguiría teniendo dinero del contribuyente para que no se cumpla la máxima de Margaret Thatcher: “El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás”. Seamos optimistas, algún gobierno serio lo hará y la Justicia juzgará y condenará al cleptómano que nos gobierna.
