En el mes de mayo la inflación en la eurozona fue del 8,1%, muy por encima del objetivo de inflación del 2% del Banco Central Europeo.
A fin de volver a una cifra más aceptable, este organismo decidió en marzo ir reduciendo la compra de deuda de los Estados socios hasta junio y suspenderla definitivamente en el tercer trimestre, decisiones que han sido confirmadas en su comunicado del pasado 14 de abril. Esta medida no puede ser más negativa para los compromisos de gasto del gobierno español.
La decisión del BCE de abstenerse de comprar deuda obliga a los estados deficitarios a acudir a los mercados para conseguir financiación, lo cual va a suponer un mayor coste en intereses y, lo que es peor, una reducción tremenda de la financiación disponible, porque a los Estados muy endeudados no es que la deuda les salga más cara, es que sencillamente los mercados no les prestan, les cortan el grifo.
Para el año que viene el Estado tendrá que hacer frente a vencimientos parciales de deuda por un total de 120.000 millones.
Además, tendrá que buscar financiación para el déficit anual, que suponiendo que sea similar al del 2022 ascendería a unos 54.700 millones, el 4,2% del PIB según las estimaciones de la Airef.
No quiero pensar que la previsión correcta sea la del Banco de España, que sitúa el déficit en el 5% del PIB, 65.700 millones.
A pesar de toda su palabrería sobre el fin de la financiación, es probable que el BCE se avenga a refinanciar los vencimientos de deuda. A lo que de ninguna manera accederá es a financiar ni un euro del déficit del año, pues le obligaría a cargar sobre el resto de la eurozona el coste de las medidas antiinflacionarias y esto no lo va a aceptar nadie. Por supuesto, es poco probable que se pueda encontrar quien preste a España en los mercados, con una deuda pública del 118% del PIB en marzo.
Si colocar deuda adicional en los mercados financieros parece imposible y el BCE no acude en ayuda del gobierno, el Estado se verá obligado a ajustar los gastos a sus ingresos, para lo cual tendrá que reducirlos en los 54.700 millones del déficit previsto para el año. Por otra parte, hay que señalar que esta previsión de déficit está calculada para unas circunstancias normales; sin embargo, los acontecimientos que se están desarrollando estos últimos meses van a tener serias repercusiones sobre las necesidades de financiación del Estado para el próximo año. La cifra final a ajustar tendrá que considerar los siguientes hechos: I La guerra de Ucrania y el compromiso de doblar los gastos de defensa La guerra de Ucrania ha hecho saltar todas las alarmas en la OTAN.
De repente nos hemos dado cuenta de que la guerra existe, está ahí al lado y nos podemos ver envueltos en ella aunque no la queramos y gritemos «¡No a la guerra!» con todas nuestras fuerzas. La necesidad de financiar la ayuda militar a Ucrania y un vasto plan de rearme que obligue a un hipotético agresor a pensárselo dos veces antes de atacarnos han impulsado el compromiso de todos los países miembros a alcanzar en breve un gasto en defensa del 2% del PIB. Para España este compromiso supone pasar de los 11.700 millones del presupuesto de defensa del año actual a unos 26.100 millones, un gasto adicional de 14.400 millones que, lógicamente, habrá que detraer de otras partidas de gasto. II El deterioro de la calidad crediticia de los préstamos ICO Al cierre de abril los créditos ICO ascendían a 138.500 millones, de los que 105.500 millones están avalados por el Estado.
El BDE advierte de que durante el 2021 la calidad crediticia de estos préstamos sufrió un importante deterioro: los préstamos ICO en vigilancia especial pasaron en un año de un 9% a un 20% del total de operaciones, y alrededor de un 13% de los clientes son considerados de dudoso cobro.
El mismo informe señala que estos préstamos «podrían ver también más deteriorada su calidad crediticia por los impactos del conflicto bélico en Ucrania y el repunte de la inflación», por lo que parece bastante optimista suponer que el porcentaje de clientes dudosos se va a estabilizar en este nivel. Pero aunque este porcentaje no empeorara, con los porcentajes actuales el importe de los créditos ICO de dudoso cobro podría llegar a 18.000 millones, lo que ocasionaría un quebranto al Estado de 14.000 millones.
De esta cifra, 4.300 millones ya pasaron a engrosar el déficit público del 2021 como créditos fallidos, quedando pendientes de contabilizar como déficit otros 9.700 millones que habrá que deducir de otras partidas de gasto.
III El aumento de los tipos de interés
El tipo de interés que va a tener que pagar el Estado español subirá por dos vías:
- 1) El BCE va a subir los tipos para tratar de controlar la inflación, aunque a cuánto llegarán de momento no se puede saber. Lo que sí sabemos es que el bono americano a 10 años está ahora al 2,85% y su inflación no muestra señales de ceder. No hay razones para pensar que en la eurozona las cosas vayan a ser distintas, por lo que debemos contar con que nuestro tipo de interés suba en los próximos meses alrededor de un 3%. Si esta subida es insuficiente para cortar la inflación el BCE tendrá que recurrir a alzas adicionales.
- 2) Los mercados no prestan indiscriminadamente, como el BCE, sino que tienen en cuenta la solvencia de cada país y prestan a un tipo de interés superior a los países cuya probabilidad de insolvencia es mayor. Dado nuestro elevado endeudamiento, no es descabellado pensar que el Estado español se vea obligado a pagar en torno al 7% para conseguir la financiación mínima que necesita.
Puede parecer excesivamente alarmista pensar que el Estado se vea forzado a pagar un 7% de interés, pero eso es precisamente lo que tuvo que llegar a pagar en el 2011 y el 2012, justo antes de que Europa se hiciera cargo de los agujeros presupuestarios de Zapatero y Rajoy. Desde el punto de vista de los prestamistas nuestra situación es bastante peor que entonces: en diciembre del 2011, cuando se consideraba seriamente la posibilidad de una intervención de las finanzas públicas por el BCE y los «hombres de negro» preparaban su desembarco en España, la deuda pública española ascendía «solo» a 743.000 millones, una nadería en comparación con el casi billón y medio actual.
El Estado tendrá que acudir al mercado para refinanciar los vencimientos de la deuda que se vayan produciendo.
En el 2023 éstos alcanzarán los 120.000 millones, por lo que con un tipo de interés un 5% mayor que el actual el coste adicional de intereses sería de 6.000 millones en el 2023. En los dos años siguientes los vencimientos son de 120.000 y 110.000 millones, por lo que el coste de los intereses seguirá aumentando a 12.000 millones en el 2024 y 17.500 millones en el 2025.
Conclusión
Para el 2023 y años sucesivos es de esperar una fuerte reducción de los flujos de capitales que entran en la economía española: dejará de entrar el dinero que el BCE proporcionaba para pagar el déficit, saldrá el dinero necesario para hacer frente al aumento de los intereses, y buena parte del aumento del gasto en defensa se dedicará a comprar armamento en el exterior.
Por otra parte, el Estado no solo tendrá que reducir su gasto total en los 54.700 millones del déficit «normal» en que incurriría en el 2023; tampoco va a poder disponer de un buen pellizco del presupuesto restante, que tendrá que dedicar a cumplir con sus compromisos exteriores y financieros en lugar de dedicarlos al gasto social. Según los cálculos anteriores, el importe de los nuevos compromisos de gasto puede alcanzar en el 2023 la cifra de 30.100 millones (14.400 en defensa, 9.700 en fallidos ICO y 6.000 de intereses), que junto con los 54.700 millones de supresión del déficit suponen un total de casi 85.000 millones de reducción del gasto social.
Las consecuencias de dejar de inyectar en la economía una cantidad tan importante de capital, del aumento de los tipos de interés y de la reducción del gasto social van a ser catastróficas para la economía, y pueden sumir al país en un caos de paro y pobreza.
La crisis que se avecina nos coge, además, en una situación mucho más débil que la del 2008 ya que la deuda pública casi se ha cuadruplicado, pasando de 385.000 millones en diciembre del 2007 a 1,45 billones actualmente.
Sin embargo, el gobierno sigue en su mundo de Yupi. No ve nubes en el horizonte, ni habla de crisis, ni toma medidas para que ésta sea breve y cause el menor daño posible. Para variar reaccionará tarde y mal, y otra vez nos veremos abocados a asistir impotentes al espectáculo del despilfarro, la improvisación y el desgobierno. Nada nuevo bajo el sol, para nuestra desgracia.
Manuel de la Prada Espina
Economista / Asesor de Bolsa
