En estos días de merecido asueto de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, su equipo de confianza anda de cabeza para satisfacer la petición del jefe:
“Buscarme la manera de indultar a José Antonio Griñan Martínez” y resto de conmilitones sin incumplir nuestra iniciativa parlamentaria para no perdonar a políticos condenados por corrupción mientras ejercían su cargo público.
Y por más vueltas que dan, y mira que dan, no consiguen la fórmula mágica que haga compatible el deseo del líder con la claridad del texto socialista de 2015, que dice: En ningún caso se procederá a la “concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaleciéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”.
La crema de La Moncloa se ha dirigido a la Real Academia de la Lengua y a los más conspicuos despachos de abogados nacionales e internacionales para que encuentren una rendija por donde colar la liberación al condenado sin contravenir la claridad expositiva del prístino párrafo, pensado por el PSOE para sus contrincantes (enemigos, dirán los más enardecidos) políticos del PP, sin mirarse antes el ombligo.
Y es imposible dar con la tecla, a juicio de los expertos. Sólo cabe que Sánchez, como ha hecho en anteriores ocasiones, cruce otra vez el Rubicón, se pase el texto por el forro de sus redaños y conceda el indulto con el argumento de que esa doctrina socialista era para aplicar a partir de la presentación parlamentaria del documento, sin que tuviese efectos retroactivos y, en consecuencia, sin que afectase a políticos corruptos de tiempos anteriores, aunque fuesen condenados en fecha posterior a la “maldita” redacción, que “en mala hora presentamos”. Y tienen toda la razón quienes se tiran de los pelos por haber registrado esa iniciativa parlamentaria sin mirar antes los armarios, alfombras y demás enseres de Ferraz, porque, animados por la reacción del PSOE para evitar que Griñán, ex presidente del PSOE, ex presidente de la Junta de Andalucía, ex vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, ex consejero de Salud de la Junta de Andalucía, ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, ex ministro de Sanidad y Consumo, entre en la cárcel y cumpla los seis años de prisión, una veintena de altos cargos socialistas condenados en firme por la trama de los ERE (700 millones de euros de dinero de los parados malversados en una red clientelar con un depurado método para delinquir) anuncian un aluvión de peticiones de indulto porque ellos también eran “justos y honrados” como Griñán. El conocido culo veo culo quiero demanda una amnistía encubierta y una nueva y progresista chufa a la Ley.
El uso discrecional y torticero de la Ley y de los principios del indulto político ya lo ha practicado Mi persona con los independentistas catalanes condenados por ejecutar el 1 de octubre de 2017 un golpe de Estado, con el argumento de que se otorga por “utilidad pública” y, de paso, se insulta a la inteligencia de los ciudadanos y se burla del Tribunal Supremo, una quincalla que entorpece el inmenso trabajo del Gobierno para hacer lo que le viene en gana y que “nadie se quede atrás” con su “escudo protector”.
