El Gobierno recula con la propuesta que había hecho Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra, pasan de intentar aplicarla por ley porque saben que realmente no podrían, a intentar llegar a un acuerdo con el sector de la alimentación para poder fijar un precio de la cesta de la compra razonable. Como estética está muy bien, lo que mucha gente no sabe es que esto acabará provocando la falta de competencia en el sector por la caída de las pequeñas superficies y con el tiempo acabará provocando un aumento de la inflación.
Carrefour ha sido una de las primeras grandes cadenas de alimentación en recoger el órdago de la vicepresidenta segunda del gobierno y ha sacado una campaña en la cual ha preparado una cesta de la compra de 30 euros con IVA incluido. En concreto, la cesta elaborada por Carrefour, que no ha rebajado el precio de ninguno de los productos y por tanto se ha limitado a seleccionar 30 artículos cuyo valor conjunto suma 30 euros, incluye productos, todos ellos de marca blanca o similar, de uso habitual en la cocina, como una botella de aceite de girasol de un litro (2,54€); un paquete de un kilo de sal (0,25€); un paquete de un kilo de harina de trigo (0,72€) y una botella de vinagre de vino blanco de un litro (0,55€).
Si las grandes cadenas de alimentación además de Carrefour se unen para establecer una cesta de la compra en la que se comprometen a no variar dicho precio independientemente de la inflación con los consumidores, romperían por completo la competencia y llevaría a una gran cantidad de PYMES a un volumen de pérdidas considerable que podría acabar provocando con el cierre de muchas de ellas, lo que en el contexto que estamos sería muy perjudicial para España. La cuestión es muy simple, las grandes superficies son las que pueden asumir dado su volumen de negocio esas pérdidas que implicarían el no modificar el precio de la cesta cuando hay una inflación que supondría que ellos tuvieran que subir los precios dado que sus costes también se verían incrementados pero precisamente esto es lo que no pueden hacer las PYMES del sector.
En concreto, todo esto terminaría con una reducción de la competencia teniendo menos tiendas de alimentación a las que acudir, es decir, una rebaja en la oferta de productos alimentarios que finalmente perjudicaría a los consumidores y sobre todo a los más vulnerables. Cuando la situación se revirtiera, quedarían pocas empresas del sector las más potentes que aprovechando la coyuntura nueva económica favorable subirían los precios. Tenemos el ejemplo de Argentina en el 2021, en septiembre de ese mismo año la inflación del país estaba en un 52.50% y es justo ahí cuando se toma la decisión de topar los precios de los alimentos. Lo que parecía una medida buena para los ciudadanos argentinos, se convirtió en todo lo contrario ya que a día de hoy la inflación en Argentina es del 71%.
El gobierno de Sánchez no está interesado en bajar los precios de los alimentos ya que desde que están en el poder han recaudado la cifra desorbitada de 22.000 millones de euros gracias a la inflación o más conocido como el impuesto a los pobres. Las únicas y efectivas medidas para controlar la inflación son que desde Europa se suban más los tipos de interés entre el 1.25-1.5% y el gobierno español baje el IVA.
