La estrategia de los independentistas con Pedro Sánchez Pérez-Castejón en La Moncloa es de manual: o me das lo que quiero, o dejas de dormir en La Moncloa.
Y como al presidente le importa poco España, les entrega lo que piden a cambio de seguir en el colchón monclovita.
Con esta táctica, Sanchez acepta la proscripción escolar del castellano en Cataluña, concediendo a los secesionistas catalanes un marco extraterritorial de facto, o refuerza la impunidad de los independentistas vascos y catalanes, ordenando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a otros servicios similares que abandonen cualquier investigación sobre el independentismo en ambos territorios, desarmando al Estado frente a una amenaza desestabilizadora real y perdiendo fuentes de información que luego serán irrecuperables.
En la vertiente económica, la Generalitat de Cataluña tiene una deuda de 83 mil millones de euros, la más grande de todas las Comunidades Autónomas y que representa, en datos oficiales de 2021, el 35,70% de su PIB y supone un peso de 10.902 euros en la cabeza de cada catalán. Para hacernos una idea, la deuda de Madrid es de 34.831 euros, el 14,60% de su PIB y 5.146 euros per cápita. En relación con su PIB, Navarra es la menos endeudada (14,40%), igualada con Canarias y seguida por abajo con la capital de España. Saquen conclusiones. Lo de los independentistas catalanes y Sánchez es de cárcel o, cuanto menos, de intervención por parte de otros poderes del Estado porque como ha escrito Juan Carlos Girauta en ABC: “No es (únicamente) por su complicidad con los partidos golpistas, por violar juntos la sentencia del castellano, ni por sentarse con ellos a una mesa de negociación paralela a las instituciones, a la ley y a la democracia, para crear un espacio despejado y anchuroso de impunidad donde los únicos fascistas que quedan, los supremacistas catalanes schmittianos, delincan tranquilos merced a esa fuente de Derecho que es la voluntad del líder”.
El pasivo de las Comunidades Autónomas es de 309.741 millones, de los cuales 176.538 son con el Estado; es decir, con el contribuyente y, principalmente, con la clase media. Cómo no nos va a sorprender que con este panorama y quemando dinero público a espuertas la deuda pública española, a 1 de julio de 2022, sea ya del 116,8% del PIB y ascienda a 1 billón 475 mil millones de euros, la mayor desde la guerra de Cuba (1898) ¡Más madera, es la guerra!
Con José Luis Rodríguez Zapatero, la renta de España se alejó un 10,16% de la Unión Europea (UE), y con Sánchez vamos con un 6,27% adicional. También aquí, según datos del estudio “España en perspectiva (2021)”, Sánchez bate todos los records, pues acredita una tasa media anual de divergencia con la UE del 2,24%. La presión normativa fiscal española, según dicho estudio, se sitúa en el 110,5% comparada con el cien por cien de la UE y el 101,1% de la OCDE. La presión fiscal efectiva media de la OCDE es del 41,29%, mientras que la española es del 45,84% (Suiza, 30,72; Estados Unidos, 26,73, e Irlanda, 26,36). Y el esfuerzo fiscal español –presión fiscal versus renta per capita- es el octavo más alto del mundo.
Todo esto es grave para las futuras generaciones y lacerante para el exprimido contribuyente español, que además soporta el recochineo de que Cataluña tiene los salarios públicos más altos de España, tanto en el gobierno autonómico (en 2022, el de Pere Aragonés García es de 130.250,60 euros y el de Pedro Sánchez de 90.000) como en los organismos oficiales y en sus instituciones. Un diputado autonómico catalán cuesta casi el doble que uno del Congreso: 188.000 euros, frente a 103.090 de un diputado nacional ó los 87.170 de un senador –datos de Convivencia Cívica Catalana-; el Síndic de Greuges -defensor del pueblo-,138.000 euros anuales, 22 asesores y 6,3 millones para gastos, frente a los 128.341 del Defensor del Pueblo, etc. etc. Se calcula que el 30% de los independentistas vive del dinero público y del chollo de ser o parecer secesionista. Otro escándalo que desangra España. Y encima dedican 15 millones a mantener una creciente red de falsas delegaciones comerciales que actúan como “embajadas” de Cataluña y riegan de dinero a corruptos intelectuales, profesores de universidades norteamericanas, inglesas, belgas y rusas, grupos de presión, agencias de publicidad y marketing, y todas clase de altavoces para que hablen mal del Estado y difundan una falta historia de España y de su región. Solo por esto y para pararles de nuevo los pies se tendría que volver a utilizar el bendito artículo 155 de la Constitución. Pero ya sabemos que con Sánchez y el dañino PSC es pedir peras al olmo.
