El francés San Juan Bautista de La Salle (1651, Reims-1719, Ruan), fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, tenía muy claro que su objetivo era dedicarse al servicio educativo de los pobres, pero no debió dejar tan diáfano a sus sucesores que una bandera nacional es señal de una nación y símbolo de su unidad.
Si en su legado hubiese dicho que sus colegios tenían que respetar e izar la bandera de la nación en donde radicasen, no se habría armado la que se ha armado en el Colegio La Salle de Palma de Mallorca por la decisión de una profesora (¿independentista?) de catalán expulsando a sus alumnos por poner la enseña constitucional en el tablón de anuncios del aula para animar a la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar. La decisión de la “docente” (¿?) es intolerable, pero más lo es la justificación del colegio: “insubordinación deliberada” (de los alumnos). ¿Actuarían igual en Francia?
Frente a tanta ignominia, incluida la del consejero de Educación, el socialista Martí March i Cerdá, resaltan la valentía de Pilar Serrano, madre de uno de los niños expulsados, que ha declarado que “Si la profesora no quiere dar clase que no cobre, pero no vemos que una bandera oficial sea un problema para que no haga su trabajo”; y la contundente argumentación de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), defensora de los derechos de los alumnos en Cataluña, para quien “es inconcebible que se pueda justificar que exponer la bandera de España, que es un símbolo constitucional, pueda romper las normas de convivencia de un centro”.
Con la bandera de España llueve sobre mojado por falta de voluntad de los sucesivos Gobiernos en que se cumpla la Ley de 1981, que debería modificarse para incluir la enseña nacional en colegios públicos, concertados y privados. En los meses más severos del Covid-19, después de que todos los informativos de televisión dijeran lo mismo, hicieran lo mismo y aburrieran con lo mismo, una imagen no pasó desapercibida para el espectador con capacidad de discernimiento: la bandera de España no lucía (ni luce) en los despachos de varios presidentes de comunidades autónomas. Tan solo la de su región, incumpliendo la Ley de banderas y enseñas de 1981 (Ley 39/1981, de 28 de octubre) en sus artículos tercero/uno; cuarto, quinto, sexto/uno y dos, y noveno. El quebrantamiento de este último habla por sí solo de la desidia del Estado, de la falta de autoridad y de la pendiente por la que nos deslizamos porque dice literalmente: “Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley, restableciendo la legalidad que haya sido conculcada”.
En esas imágenes repetitivas de lucha contra la pandemia, la mayoría de los presidentes regionales aparecían en su despacho con la bandera autonómica a un lado, pero sin rastro de la nacional, mientras informaban de las medidas adoptadas por “mi gobierno, en línea con las de otros países”, para hacer frente a los rebrotes y variantes del bicho. Y así, una y otra vez, con la complicidad tontuna de las televisiones nacionales y el regodeo de la pública autonómica. Donde más pecho henchido hubo y más brilló su estandarte y la ausencia del nacional fue en las celebérrimas Conferencias de Presidentes organizadas por Pedro Sánchez Pérez-Castejón durante el inconstitucional estado de alarma. Ese órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno y las Autonomías pasó a ser, en lugar del Senado, que para eso está, la cúspide del conjunto de instituciones de cooperación multilateral, aunque carezca de encaje constitucional pero sí de encaje de bolillos. Su constitución la anunció José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura y se constituyó el 28 de octubre de 2004. Dada su naturaleza y nivel político, el ámbito de actuación es abierto y tiene por finalidad adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico. Su funcionamiento es flexible y sus decisiones se basan en un principio de arreglo de los participantes. En la práctica es un estamento consultivo del Ejecutivo con los presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Y esta tontuna se ha extendido a las reuniones de cualquier ministro con los consejeros del ramo, en donde, a modo de ridícula asamblea de la ONU, cada representante tiene pegada al cartelito con su nombre la bandera de su territorio, y de fondo, con mástil, las 18, pero del mismo tamaño. La española, la nacional, la de todos, aparece igual en medida y prestancia que el resto, en lugar de haber una ley orgánica que diga que tiene que figurar la primera (o en el centro) y más grande y alta que las demás. ¡Qué tragaderas, tenemos, que caro lo estamos pagando y que trágico va a ser!
Y como estas cosas no vienen solas, cada vez más ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra, País Vasco y Galicia solo se dirigen a sus vecinos en el idioma regional, despreciando el español que hablan y entienden todos, y olvidando el deber de utilizar las dos lenguas oficiales. Este permanente desdén hacia la gran mayoría de los vecinos tiene una ventaja: las obligaciones para todo el vecindario y las multas que se deriven de su incumplimiento no tendrá que pagarlas el infractor porque al saltarse el Ayuntamiento la ley ésta exime a aquél de culpa con el simple alegato de que no conoce ese idioma, cuyo dominio no obliga. Es lo que ocurre con las multas de tráfico cuando solo se usa el regional para señalizar una zona o comunicar un hecho. Y en esto los jueces no pasan una. Y hacen bien.
