Afortunadamente, cada día es mayor la protección que la ley va dando al consumidor: numerosos controles en la fabricación, garantía posventa al cliente, control de la publicidad tendente a evitar el engaño, etc. La duda que hoy me surge es la siguiente: ¿Por qué el producto más importante que se puede vender a una sociedad, su propio futuro tras unas elecciones, no posee nunca una garantía de calidad posventa?
¿Por qué no hay un control en la desesperada carrera de promesas electoralistas, en las que, muchas veces, se ofrece hasta lo imposible? ¿Por qué no se tipifica la demagogia como el peor de los delitos sociales? Si el fraude al fisco tiene la consideración de delito social, y está penado por la ley, ¿cómo se debería considerar el fraude al pueblo?
A nadie se le ocurre que el castigo, para quien anuncia un producto dotándolo de unas cualidades que luego resultan inexistentes, fuese que cuando el consumidor se percatara del fraude, dejase éste de adquirir dicho producto. No se deja, simplemente, la punición en manos de la víctima defraudada, ya que flaca suele ser la memoria, y más cuando lo vuelven a sacar, más adelante, el mismo engañabobos con una decoración distinta; maquillado, peinado y perfumado, con una publicidad actualizada que prometa más felicidad si cabe, cuando no con un nombre distinto, y todo ello en la distancia del tiempo que todo lo desdibuja.
Por ello, tal vez sería conveniente para la buena salud de las democracias, la creación de unas oficinas de protección del elector, para que por un lado recogieran las denuncias de todos aquellos que se sintieran defraudados, y por otro llevasen un severo seguimiento del cumplimiento del programa electoral del partido ganador que ostentase el gobierno del Estado, comunidad autónoma, o municipio.
El castigo apropiado para aquellos líderes que fuesen condenados por demagogos, no debería ser nunca la cárcel ( los presos ya tienen bastante castigo como para encima tener que aguantar a ´mitineros mesiánicos´, y además sin posibilidad de escape, dado lo cerrado de su residencia habitual), el castigo adecuado consistiría en colocarles en el morro una argolla de ´cerdo trufero´, para su fácil identificación por parte del sufrido electorado, cada vez que éstos asomasen su enjaezado ´morrete chafardero´ en cualquier mitin, o debate electoral.
Pues eso; la excepción ibérica de bellota al punto, es imbatible.
