He contado y escrito muchas veces la conversación que mantuve en la primavera de 1984 con el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio Caviglia, recién nombrado senador vitalicio por el Partido Socialista Italiano (PSI), en la cafetería-restaurante Maestro Stefano de la romana Piazza Navona.
Después de alabar nuestra Transición, ponerla como ejemplo para el mundo y felicitarme como español, me preguntó a quemarropa:
— “Pero dígame una cosa que no entiendo por más vueltas que le doy: ¿Por qué han transferido ustedes la Educación a las Comunidades Autónomas?
Yo, entonces delegado de la Agencia EFE para Italia, Vaticano, Malta y San Marino, con sede en Roma, le contesté con el argumento del manual al uso: “Profesor, porque la cercanía de esa administración atenderá mejor las necesidades de los estudiantes”.
Me miró a los ojos, puso cara de asombro y afirmó:
“Mire usted, si un país quiere mantenerse unido, debe enseñar la misma Historia a todos los alumnos y en cualquier rincón de la nación… (Hizo un silencio que me pareció eterno, agrandó sus ojos, me miró fijamente y remató)…aunque sea falsa”.
Después de unas cuantas lecciones más y terminados sendos capuchinos nos despedimos y nos fuimos cada uno a nuestros respectivos lugares de trabajo: Bobbio a tres pasos del Palazzo Madama, sede del Senado, y yo a dos de EFE, en la propia Piazza Navona, con entrada por Vía Dei Canestrari.
Este precepto lo aplicaron los secesionistas Jordi Pujol i Soley y Xabier Arzalluz Antia, y lo mantienen sus sucesores con chulería e impunidad. Por ello y desde entonces, viendo lo que ocurre con la enseñanza de la Historia de España en varias Comunidades Autónomas, principalmente en las que gobiernan los independentistas, no hay día que no recuerde a Bobbio, maldiga a los separatistas y brame contra los necios Gobiernos que se han sucedido desde entonces y han atado de pies y manos a la inoperante Alta Inspección Educativa, permitiendo que los libros de texto en esas y otras regiones, con la colaboración de editoriales como la ex española Anaya (ahora controlada por la francesa Hachette Livre, del grupo Lagardère) adoctrinen en una falsa Historia de España y contribuyan a romperla y a cavar trincheras.
¿Cómo es posible que a una de las últimas culpables de este desastre, la ex ministra de Educación Isabel Celaá Diéguez, la premie el disolvente Pedro Sánchez Pérez-Castejón con la Embajada de España cerca de la Santa Sede y encima la absuelva de haber ido al funeral de Benedicto XVI, representando a España y acompañando a la Reina Sofía, con una pelliza marrón de borrego como si asistiese a una tienta?
¿Cómo es posible que los alumnos de Baleares tengan un libro de texto de la sediciosa Editorial Anaya en el que se les traslada la idea de que el uso del catalán y el castellano en una sociedad bilingüe solo genera un “conflicto lingüístico” en el que el primero está “dominado” por el segundo”, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que en Educación Secundaria y Bachillerato los estudiantes de esas islas aprendan consignas independentistas como la falsa existencia de una “nación catalana”, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que en el libro de 3º de ESO de catalán de Anaya se sustituya la Corona de Aragón por la falsa e inexistente corona catalanoaragonesa, sin que lo impida ningún poder del Estadio?
¿Cómo es posible que otro libro oficial de Anaya se invente que la Constitución de Cádiz tenía prohibiciones al catalán, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que los manuales de ESO de Anaya (si el salmantino Germán Sánchez Ruipérez levantase la cabeza…) enseñen mentiras, como ubicar la primera imprenta de España en los inexistentes “paisos catalans”, en vez de en Segovia, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que los independentistas catalanes dediquen dinero del contribuyente a fomentar el independentismo en Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón, además de en más de veinte naciones del extranjero, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que en el 80% de los ayuntamientos catalanes ondee solo la bandera catalana, incumpliendo la Ley de Banderas, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que la Inspección Educativa del gobierno balear de la socialista Francina Armengol Socías eluda su obligación y trate de confundir a los padres que denuncian la situación, alegando que no tiene obligación de autorizar libros de texto y que lo que “ustedes pueden (hacer) es dirigir su escrito directamente a la editorial correspondiente y proponerles las modificaciones que consideren pertinentes”, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Cómo es posible que la Alta Inspección Educativa, dependiente organizativamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y funcionalmente del de Educación, se ampare en la “autonomía pedagógica” de los colegios para eludir su obligación de hacer revisar los materiales en las aulas, sin que lo impida ningún poder del Estado?
¿Tiene que llegar otro Franco para evitar la ruptura de España? o conviene antes hacer caso a Bobbio y más recientemente a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores de Cómo mueren las democracias: “Los regímenes democráticos mueren corroídos por el silencio y minados desde dentro de las propias instituciones, a manos de líderes o fuerzas populistas que incluso han accedido legítimamente al poder”.
¡Despertemos, gritemos y actuemos democráticamente antes de que sea tarde!
