Académico, jurista y escritor

El Ministerio de Transportes y de los grandes expresos europeos, cántabros y asturianos

¿Se trata de diluir responsabilidades, para que no  se llegue a saber nunca de quien es la culpa…?

Revilla y Sánchez
Revilla y Sánchez. PD

Cuando tenía 18 años, y cursaba segundo de Graduado Social, viví un año en Santander capital, al tiempo que trabajaba como educador del  colegio menor “Modesto Tapia”, de la Caja de Ahorros de Cantabria.

La ciudad me encantaba, pero todavía más la provincia, Potes, el Valle de Liébana, etc.

Quien no conozca Cantabria, no sabe lo que se pierde…

Desde Zaragoza me desplazaba por la noche en un tren borreguero hasta Bilbao, y allí cogía, al empezar el día un ferrocarril que pertenecía o administraba la Feve, ferrocarriles de vía estrecha, camino de Santander.

E iba rezando, y dando gracias a Dios porque no volcase, dado lo abrupto del  terreno, y la dificultad de su construcción y utilización.

Pero nunca sufrí percance alguno, e incluso llegaba puntual como un reloj.

¡Y hasta pasaba por los túneles, sin problema alguno!

Ahora, en cambio, el ministerio de transportes encarga la construcción de 31 nuevos trenes, según la prensa, con el “pequeño inconveniente” de que no entran en los túneles, pues son excesivamente grandes…

Acojonante.

¿Hay algún responsable, al que se le pueda cortar la cabeza, metafóricamente hablando, y que no sea el maquinista, o el revisor…?

Por supuesto que no.

Hasta ahí podríamos llegar.

Si en España alguien asumiera alguna responsabilidad, Pedro Sánchez e Irene Montero, por ejemplo, este país ya no sería España.

Veo en el BOE del   18 de febrero de 2023 (me gusta leer tebeos), la “Orden por la que se aprueban la instrucción ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema de infraestructura…, y se modifican la Orden por la que se aprueban la instrucción ferroviaria de gálibos…”, etc.

Como verán utilizan el singular y el plural indistintamente, pero claro, si no saben construir trenes adecuados al itinerario, tampoco les vamos a pedir que aprendan a escribir correctamente en español.

Los gálibos ferroviarios son las dimensiones máximas del material rodante, es decir, de la locomotora y vagones adyacentes, para garantizar que los trenes puedan pasar de manera segura por los túneles y por debajo de los puentes.

Por lo visto a nadie se le había ocurrido pensar que los trenes que circulan por Cantabria y Asturias, debido a las dificultades orográficas del territorio, son distintos a los del resto de España.

Y que bastaba, simplemente, con copiar las medidas de los trenes que llevan medio siglo, y eso como mínimo, circulando por esos territorios.

Pero, por supuesto, no será por falta de organismos especializados, y de pesebres institucionales, como por ejemplo la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, AESF.

O que la ley 38/2015 no establezca, en su art. 68, 2, que mediante Orden del Ministerio de fomento (ahora de transportes), se podrán aprobar Instrucciones Ferroviarias, IF, para cuya elaboración

“se realizarán consultas a los agentes del sector, con participación de expertos cualificados en la materia procedentes de administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias, fabricantes de material rodante ferroviario y componentes ferroviarios, poseedores de material rodante, empresas mantenedoras y demás entidades que operen en el sector ferroviario”.

Es decir, todo el mundo.

¿Se trata de diluir responsabilidades, para que no  se llegue a saber nunca de quien es la culpa…?

Lo cierto es que:

  1. El responsable último es el  Gobierno, pues el art.  149, 1, 21º. y 24ª de la Constitución, atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por más de una Comunidad Autónoma. –
  2. En Asturias manda el PSOE, y en Cantabria…también, pues don Miguel ángel  Revilla Roiz solo es un títere, más preocupado por el negocio millonario de la venta de sus bodrios, digo libros, que de otra cosa. –
  3. El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún interés en solucionar este grave problema, como acredita la disposición final quinta de la norma en cuestión:

“La presente orden entrará en vigor el día 1 de julio de 2023”,

Es decir, dentro de cuatro meses…

Y no solo eso, sino que la disposición adicional segunda dice que:

“En el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de esta Orden”, los administradores de infraestructura demostrarán ante la AEAF la adaptación de sus sistemas de gestión de seguridad y normativa interna al contenido de las instrucciones, que ahora se aprueban.

En otras palabras, y si ustedes ya tienen una edad, como el que suscribe: espero que sus hijos puedan ver estas obras, que el PSOE dejará sin hacer a quienes les sustituyan en el  gobierno, como siempre.

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