¿Los fiscales pueden ser investigados…?
Por supuesto que sí.
Como todo hijo de vecino, y cada palo que aguante su vela.
Pero resulta que la fiscalía es como la guardia civil, organizada jerárquicamente, de arriba abajo, sólo que en lugar de tricornio llevan toga.
Y que las órdenes, la mayoría verbales, de forma que no quedan documentadas, o dejan huella, hay que obedecerles, si uno no quiere sufrir consecuencias disciplinarias.
Pues ya se sabe que para poder sancionar a un funcionario, sea fiscal o juez, solo hay que quererlo… ¡Seguro que se encuentra rápidamente un motivo!
Si no existe, ningún problema: se crea o inventa.
¿Quién es capaz de hacer, siempre bien, su trabajo…?
O se aprovecha cualquier queja, fundada, infundada o inventada, para que el funcionario sepa quién manda aquí.
En resumen, un fiscal deja en libertad a “Tito Berni”, sin la adopción de ninguna medida cautelar, o restrictiva de libertad, que sepamos, pues, obviamente, no he tenido acceso a la causa.
El Congreso de los Diputados no precinta seguidamente su despacho, como resultaría obvio, y recupera el ordenador portátil y el móvil que facilita a sus señorías, los señores diputados y diputeros.
No solo eso, sino que se lo “vende”, como al parecer es costumbre con todos los ex parlamentarios, de forma que puede hacerlos desaparecer, o formatear a golpe de martillo, que no será el primer caso…
El mediador, más bien el alcahuete, correveidile o comisionista, habla de unos quince diputeros, y algún senador, que podríamos llamar sexador…
Prestigiosos diarios digitales dicen que han conseguido identificar a ocho, por ahora, más alguna diputada y senadora, de las que no hay constancia que se unieran a la orgía posterior.
Es decir, que un fiscal en ejercicio, no sabemos si motu proprio, u obedeciendo órdenes superiores, que pienso es lo que sucedió, deja en libertad al diputero que, según la policía, es la cabeza de la trama u organización criminal, dedicada a extorsionar a empresarios, a cambio de subvenciones, retirada o reducción de sanciones, etc.
Todo ello con la sin par colaboración, presuntamente, de un General de División de la Guardia Civil (ascendido, por cierto, por el PSOE, y que está en prisión preventiva, habiéndose registrado su residencia en Madrid, etc.), y el director general de ganadería del Gobierno de Canarias, sobrino del diputero, y “heredero” de dicha dirección general…
¡En Canarias, por lo visto, las direcciones generales las hereda la familia!
¿Cuántas pruebas estará haciendo desaparecer “Tito Berni”…?
¿Y quién tiene la culpa, presuntamente de su puesta en libertad, sin retirada de dispositivos móviles, ordenadores, registro domicilio, y/o de su despacho en el inviolable Congreso de los Diputados y diputeros, previa autorización de la Cámara, etc…?
No quiero acusar a nadie, pero creo que ese Fiscal debería dar muchas explicaciones.
Incluso por la vía penal.
