Las dictadoras multinacionales, las cinco empresas tecnológicas que conforman el llamado Big Five: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Alphabel (Google), han conseguido que el número de teléfonos de bolsillo llamados inteligentes, smartphones, esté cerca del de la población mundial: 6.800 frente a 8.000. Y los primeros crecen más rápido que la segunda. ¿Ha reparado usted en que hasta los indigentes que piden limosna en la calle tienen un teléfono móvil?
Con la pandemia china como palanca formidable para el gran salto, han logrado que los trámites más elementales para la población, sea joven, mediana o provecta, tanto con las administraciones públicas de cualquier nivel como con las empresas privadas, se hagan a través de esos aparatos, ya para solicitar un servicio como para recibirlo. No te atiende una oficina del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si no pides cita previa con ese adminículo y recibes confirmación, fecha y hora por el mismo procedimiento. Otro tanto ocurre con el médico u otra prestación sanitaria. No sabes la carta de un restaurante ni entras a un teatro, a un cine o a una sala de conferencias si no lees el código QR con la aplicación correspondiente. No pagas por ventanilla un impuesto o tasa porque hay que hacerlo online. Tienes que “bajarte” una específica para abrir la puerta de un WC, saber los datos de tu cuenta bancaria y los consumos de tus servicios básicos: agua, luz, gas. Si quieres pagar con dinero contante y sonante te ponen pegas aunque no supere los mil euros y prefieren (o te ordenan por ley) que lo hagas con tarjeta o con una función en el móvil, llámese Bizum, PayPal u otro nombre inglés. De lo contrario eres un bicho raro y sospechoso de manejar dinero negro.
Los adolescentes y los jóvenes viven abducidos por el móvil, hasta el punto de que prefieren ese artefacto a cualquier otro objeto o servicio. Anteponen el artilugio a la libertad individual y se privan de comer sano antes que dejar de pagar la factura telefónica.
En paralelo suben las estafas con esas tecnologías, se rearman y forran los delincuentes (ahora ciberdelincuentes) y se pierde seguridad en todos los ámbitos de la vida. Un negocio para pocos y una ruina para muchos.
Y llegados a este punto, en el que queda excluido de la sociedad todo aquél que no cuente con un pc, un dispositivo móvil, un software adecuado, una aplicación válida, un sistema en línea y la capacidad de comprender y analizar información digital y de evaluar su validez y relevancia, tenga la edad que tenga, la pregunta es obvia: ¿Es obligatorio tener un smartphon o similar?
Si no lo es, ¿el ciudadano tiene derecho a que le atiendan presencialmente, le comuniquen cualquier cosa por correo postal y pague con dinero efectivo todo tipo de servicios o bienes materiales? Si es obligatorio, ¿no tendría que pagar el Estado el teléfono móvil y la factura de la compañía telefónica? ¿Por qué lo que hacen las Cortes Generales y los Parlamentos regionales con sus señorías; los Ministerios con los ministros y las Consejerías con los consejeros de los ejecutivos autonómicos; con los funcionarios y asesores de ringo rango, con los concejales de muchos consistorios, con los consejeros y ejecutivos de las compañías privadas, etc. etc., no se aplica al resto de ciudadanos? Y si vive solo, tiene más de 75 años o sufre incapacidad se le pone un asistente (no virtual) en jornada laboral.
