Si es usted un firme convencido de que Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un político honesto, que siempre ha dicho la verdad, que nunca ha engañado y que jamás ha hecho trampas, no debe leer este artículo.
Si cree lo contrario, debe meditar sobre lo que sigue y sacar su propia conclusión. El social populista Sánchez ha rechazado las razonadas y jurídicas resoluciones de la Junta Electoral de Madrid, después las de la Junta Electoral Central y más tarde las del Tribunal Supremo y ahora, en una actitud fascista y trumpista, ha recurrido también sin pruebas al Tribunal Constitucional (en rigor el TC no pertenece al Poder Judicial) para que se cuenten de nuevo los votos de Madrid porque cree que le corresponde un escaño más al PSOE y uno menos al PP (el que necesita para que JxCat, del golpista y prófugo Carles Puigdemont Casamajó, se abstenga en la votación de investidura o tenga que decir sí), importándole un bledo la imagen de España que se transmite y el añadir más tensión institucional.
Su correveidile ministro de la Presidencia, Félix Bolaños García, lo ha justificado con este peregrino argumento: “Lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelva a contar, se comprueben, para que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado”.
Tan cínico razonamiento obligaría a recuentos en Lérida y Albacete, donde ganó el PSOE por muy poco, pero el ministro no los pide. Además, con este peculiar considerando se podría pedir que vuelvan a votar por correo los 2,4 millones que utilizaron este procedimiento para que “…podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado…” de ese voto y porque el Presidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, fue nombrado a dedo por Sánchez en julio de 2018 y pasó directamente a este cargo desde la jefatura del gabinete de Sánchez en el PSOE, donde llevaba cuatro años.
Asimismo, la sorprendente fecha del 23 de julio de las elecciones generales fue fijada por Sánchez -es su competencia- tras el batacazo del PSOE en los comicios municipales y autonómicas del 28 de mayo (perdió 17 ayuntamientos, 4 comunidades autónomas y 400.000 votos), en donde hizo una campaña personal como si fueran generales.
Contra el pronóstico de todos los institutos de opinión privados, los votos del PP y Vox no han sumado mayoría absoluta en las generales, aunque sí ha ganado el PP con 137 escaños, frente a 121 del PSOE ¿Qué ha hecho bajar al PP y a Vox entre el 28 de mayo y el 23 de julio? A juicio de muchos analistas, la campaña del PP, demasiado triunfalista, y las polémicas con Vox en algunas Comunidades. Al parecer de otros tantos, el peso del voto por correo en favor del PSOE (en las elecciones del 28 de julio votaron por este procedimiento 2,4 millones, un 166% más que en las de 2019, que fue de 924.403), no tenido en cuenta en las proyecciones, es el que ha impedido la victoria por mayoría absoluta del PP y Vox frente a la coalición Frankenstein bis de intereses contrarios al orden constitucional: PSOE-Sumar-BNG-PNV-Bildu-ERC y JxCat.
Y la pregunta que formulan esos desconfiados en corrillos de café, bares, chiringuitos y despachos es: ¿Quién custodia el voto postal desde que se deposita en cualquiera de las 2.393 oficinas de Correos y llega a una de las 60.314 mesas electorales repartidas por España?
Resulta que no lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sino personal de Correos, muchos contratados expresa y temporalmente para ese trámite (20.000 en esta ocasión). Y siendo así, ¿cabe que los millones y variados votos recopilados en Correos en sobres cerrados se puedan cambiar por votos de un único partido metidos en sobres idénticos y sin que se enteren los votantes, los integrantes de las mesas electorales y los representantes de los partidos presentes en los recuentos? Pues SÍ, cabe perfectamente.
Ante este proceso, teniendo en cuenta la célebre frase de Sánchez: ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? y recordando cómo actuó María Dolores Delgado García tras pasar directamente del ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado por designación de Sánchez, cabe preguntarse: ¿El Presidente de Correos quién lo nombra? ¿De quién depende? y pensar que en Correos pudo actuar una mano negra que cambiase parte de los sobres para seguir aplicando el Pacto del Tinell.