o hay ninguna democracia perfecta, pero la historia de la humanidad ha demostrado que es el sistema político menos malo de todos los existentes. Sin embargo, hay modelos democráticos más imperfectos que otros y, desde mi punto de vista, el que está vigente actualmente en España es uno de los más criticables, no porque sea más o menos homologable a nivel internacional, sino por el terrible daño que su desarrollo normativo y práctico puede causar a la convivencia entre españoles cuando quien gobierna es un dirigente sin escrúpulos éticos, apoyado por algún partido político totalmente antidemocrático y corrompido hasta el tuétano.
Este cáncer del actual modelo democrático español comenzó con la aprobación de la Constitución de 1977, pero la metástasis ha llegado ahora a un grado tan exacerbado que estamos a un paso de que se produzca la ruptura de España y el enfrentamiento civil entre la ciudadanía, tal y como ocurrió en el año 1936. Entonces, la ruptura no llegó a materializarse gracias a un levantamiento militar, aunque es cierto que nos costó una guerra civil de tres años y la muerte de más de un millón de inocentes españoles de uno y de otro signo ideológico. Esperemos que ahora no sea necesario que suceda algo semejante para poder enderezar la deriva en que nos ha metido el actual gobierno Frankestein. No obstante, estoy convencido de que no se logrará el mantenimiento de la unidad de nuestro país limitándose el pueblo español a depositar su voto periódicamente, abducido por las mentiras que vomitan los dirigentes políticos en las campañas electorales.
Como decía antes, la raíz del cáncer está en haber aceptado de manera sumisa que en la Constitución se diera un trato de favor a las tres regiones que lograron un estatuto especial (Cataluña, Galicia y Vasconia) durante los años más convulsos de la reciente historia española (1931-1936), gracias a los votos de unos partidos políticos a los que les importaba un bledo la viabilidad de la segunda república, al igual que ahora tampoco les importa la convivencia pacífica entre españoles. Y para rematar del todo el abuso concedido a esas regiones, también permitimos que la ley electoral concediera a los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos una representación excesiva en el parlamento nacional por comparación al porcentaje de votos que se exige al resto de formaciones políticas.
Durante los años en que los partidos nacionalistas vascos y catalanes se conformaban con que el gobierno central (tanto del PP como del PSOE) les inyectara ingentes cantidades del dinero público perteneciente al resto de regiones y que, a la vez, hiciera la vista gorda para permitir que una parte de ese dinero fuera al bolsillo de los dirigentes de esos grupos, el modelo democrático constitucionalista se mantuvo de forma más o menos estable, aunque siempre dependiente del chantaje ejercido por dichas formaciones políticas nacionalistas. Ese equilibrio se fue al carajo a partir del momento en que el secretario general del partido socialista, Rodríguez Zapatero, fue elegido presidente del gobierno a las pocas horas de haberse producido el mayor ataque terrorista de la historia de nuestro país. No está suficientemente claro qué papel tuvieron algunos de esos partidos nacionalistas en el atentado terrorista, ni tampoco en qué medida se benefició el partido socialista, pero sí está ampliamente demostrado que nada más llegar el PSOE al gobierno las pruebas fundamentales que podían haber aclarado las ramificaciones políticas de dicho atentado desaparecieron, como igualmente que desde el consejo de ministros se legitimó políticamente a los herederos de la ETA. Sorprendentemente, cuando unos años más tarde el Partido Popular, dirigido por Rajoy, se hizo cargo del gobierno dio por bueno ese blanqueamiento, limitándose a continuar la labor destructiva de la unidad de España. Después de ese blanqueo del secesionismo, sólo faltaba que llegara a la presidencia del gobierno un pirómano que no tuviera ningún escrúpulo en dar el tiro de gracia a la unidad de la nación española. Ese pirómano, como es bien conocido, llegó en el año 2019 con el apoyo explícito de una mixtura de partidos comunistas e independentistas que ya no ocultan que su objetivo prioritario es romper la unidad de España. No cabe duda de que esos polvos han producido el lodazal en el que ahora estamos metidos.
A la vista de esta desastrosa situación, yo me pregunto si todavía es posible impedir la ruptura definitiva de nuestra nación. Personalmente, pienso que aún estamos a tiempo de impedirlo, aunque no creo que se pueda lograr limitándonos a conceder nuestra confianza a los candidatos que los partidos políticos nos proponen en cada proceso electoral. Que esta solución no es suficientemente eficaz lo demuestra el resultado de las elecciones generales del pasado mes de julio, el cual nos ha llevado a este peligroso cuello de botella que nos atenaza ahora mismo. Hay quien opina que ese sorprendente resultado, por comparación al que hubo dos meses antes en las elecciones municipales y regionales, sólo se explica por un posible pucherazo a través del voto por correo. Es evidente que la lógica avala esa sospecha. Sin embargo, yo entiendo que este caos en el que estamos sumidos no se debe a las extrañas y controvertidas circunstancias de esta última convocatoria electoral, sino a la escasa calidad de nuestro modelo democrático. Es por ello por lo que creo que la única posibilidad de evitar la ruptura de la unidad nacional es a través de una acción civil ciudadana, auspiciada por instituciones sociales más fiables que los partidos políticos, y mediante el apoyo explícito del jefe del estado en tanto que jefe supremo de los tres ejércitos.
No soy experto en derecho constitucional y, por tanto, no conozco a fondo hasta dónde llegan las atribuciones del jefe del estado para evitar la ruptura de la nación española respetando escrupulosamente los derechos y los deberes que el vigente ordenamiento jurídico español le concede, pero considero que algunas acciones son tan evidentes que su comprensión no requiere ser un especialista del tema. Pienso que, dado que en la situación actual ni el candidato del PP ni el del PSOE está en condiciones de formar gobierno sin el apoyo explícito de los partidos independentistas, podría propiciar un acuerdo de mínimos entre las formaciones políticas constitucionalistas para que apoyen a un futuro presidente del gobierno sin afiliación política concreta pero de reconocido prestigio. Asimismo, entiendo que el jefe del estado tiene mucho margen para propiciar un acuerdo entre los partidos no independentistas, cuyo objetivo sea la aprobación de un cambio en la ley electoral que evite la excesiva e injusta representación parlamentaria que hoy tienen los grupos políticos secesionistas.
En relación a las acciones que los ciudadanos podemos llevar a cabo, se me ocurren muchas. En primer lugar, quienes estemos a favor de la unidad de España podríamos gritar ¡BASTA YA! en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las reuniones informales y en los lugares de trabajo. Asimismo, deberíamos colaborar activamente en la preparación y asistencia a los actos públicos de protesta social, organizados de forma transversal por partidos políticos y plataformas cívicas. Por último, entiendo que el voto nulo sería una acción muy efectiva para mostrar a los partidos políticos que no estamos de acuerdo con este modelo democrático.
¿Se imaginan ustedes el efecto que tendría el hecho de que millones de españoles depositáramos en las urnas nuestras papeletas electorales tachando los nombres de los candidatos (da igual del partido que sean) y en su lugar escribiéramos: CON MI VOTO NO SE JUEGA?
