El espectáculo al que estamos asistiendo los españoles desde las elecciones del pasado 23 de julio es bastante lamentable con reuniones fuera de España con un prófugo de la Justicia y con mediador internacional incluido, cuando esta figura es a la que se recurre cuando hay dos estados en conflicto, que no es el caso.
Es algo surrealista.
La Ley de Amnistía no tiene cabida en la Constitución, ya que atenta contra la igualdad y contra la separación de poderes.
Es una auténtica claudicación del Estado ante unas pretensiones inadmisibles por parte de los catalanes separatistas.
Y todo esto por el interés personal de Pedro Sánchez. Todo se asemeja a un auténtico golpe de estado.
El Estado de derecho no tiene que consentir este tipo de agravios, este mercadeo político opaco que recuerda a repúblicas bananeras.
La Ley de Amnistía válida es la del año 1977, lógica, justa y razonable porque acabábamos de salir de una dictadura.
España no es un Estado opresor y, por tanto, no tiene cabida este engendro legal que es la Ley de Amnistía para contentar a siete diputados de Juntos por Cataluña que le garanticen a Sánchez la legislatura. Con partidos que no acatan la Constitución ni quieren a España ni al Rey ni la lengua oficial del Estado y lengua materna de muchísimos catalanes, no hay que nada que negociar. Lo que hay que hacer es aplicar el Estado de derecho.
España es un Estado de derecho y una sociedad democrática donde no encajan estas maniobras que se pretenden llevar a cabo, maniobras que lo único que generan es división entre los españoles y una inseguridad jurídica descomunal nada buena para la prosperidad del país y para la convivencia.
