Este próximo 23-F, se cumplen los 43 años de aquel pronunciamiento militar de 1981, apoyado por el rey Juan Carlos I, en las figuras visibles del general Armada, Miláns del Bosch y el teniente coronel don Antonio Tejero Molina.
Aquellos monárquicos; éste, no.
Los conceptos aludidos, nada tienen que ver con la disposición actual más que vergonzosa para una nación llamada democrática y consolidada, cuando sus disensiones actuales demuestran una anarquía práctica, una indefinición política que raya en el desgobierno desconcertante para un país político llamado consolidado y maduro.
La discusión que atenta contra la evidencia, es síntoma de descomposición interna ideológica, moral e histórica. Secularmente, los cimientos de nuestra cohesión interna contra todas las invasiones que nuestra identidad católica ha tenido, han estado en esa unidad teológica antes que política de Iglesia y Estado, cimientos providenciales que se hicieron brazo derecho del catolicismo occidental.
Terrorismo se define como conjunto de actos violentos sucesivos, para infundir terror. Es decir, para lograr objetivos contra la religión, la moral o la gobernabilidad de una Patria.
Ahí están los vergonzosos actos de los asaltos al orden jurisdiccional en las respectivas banderías de las calles de Barcelona de 2017, reivindicando una independencia rupturista contra el Estado español y la siembra de un intento de fragmentación de la Patria Común, incluyendo policías heridos y millones de pérdidas económicas en instalaciones de mobiliario urbano, comercios y vehículos, bárbara e irracionablemente destruidos, agravando dichos actos materiales, como sublevación contra un orden indivisiblemente legal.
Todo eso es terrorismo de golpe de Estado, por más que los culpables quieran ocultarlo, eufemísticamente, como “desordenes públicos”.
Eso es mucho más grave que una borrachera aislada de cuatro borrachos ocasionales en una noche de juerga.
Las finalidades de los desórdenes públicos, también cuentan demasiado cuando son provocados y consentidos.
Por tanto, un golpe de estado es un atraco al poder legítimo, que suplanta la identidad legal para robar el poder por otro gobernante o tirano, y no precisamente por legítima defensa del Estado.
Pero un pronunciamiento militar no es un atraco al orden patrióticamente instituido, sino una defensa del mismo contra los insidiosos, sediciosos independentistas y enemigos de Dios y de la Patria.
Se trata de la legítima defensa de la unidad nacional y erradicación de los atentadores contra la moral, el orden público y la justicia.
El 23-F fue ese “alto al carro” de un terrorismo etarra casi a diario, que se sufría con hartura y no se sabe por qué, con pasiva incompetencia de la justicia punitiva, en aquél año de 1981, recién constituida la democracia, que en su inicial desorden y traiciones, más cobardías de sus herederos políticos de aquella gloriosa economía y consolidación de la concordia nacional, tras la gloriosa “Santa Cruzada de salvación nacional”, elevando la mayor Cruz de la Cristiandad en el Valle de los Caídos, símbolo de la imbatible catolicidad española contra sus enemigos derrotados (y no solo por concorde hermanamiento de ambos bandos), había que imponer un forzosísimo orden interno para el correcto funcionamiento de ese nuevo Estado y contra la división territorial en peligro, por el terrorismo reivindicativo etarra.
Estos patriotas, con el visto bueno del Rey (así entraron en el Congreso), y sin ninguna ventaja para ellos, hicieron aquel gesto simbólico de fuerza militar en el Parlamento, sin sangre contra nadie ni barbaries extorsionantes.
Y estos fueron encarcelados y traicionados por su cobarde monarca, que se quiso “poner las medallas” de salvador de su monarquía devaluada y casi escupida en Guernica, porque del “Gobierno de salvación nacional” que quedaron en hacer de forma provisional y urgente, el Borbón, para quedar bien con los liberales demócratas del sistema, se propuso hacer un “Gobierno de concentración nacional”, incluyendo en el mismo una ensalada de Fraga, comunistas y socialistas, continuando con lo mismo que querían erradicar.
Don Antonio Tejero se opuso a la traición, lógicamente, negándole al general Armada tomar posesión del nuevo Gobierno con el mandato del Rey, que en último término, sí eras el golpista, sin referéndum nacional.
Don Antonio Tejero dio el contragolpe, impidiendo ese nombramiento y como no iba a vengarse contra ningún congresista de aquella noche, se entregó, defendiendo a los guardias civiles voluntarios acompañantes, como cuando Cristo dijo a sus captores en el Huerto de los Olivos: “Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos”.
Más nobleza no cabe en su misión patriótica.
El Borbón traicionó a sus amigos monárquicos como quien huye de la quema, y los actuales golpistas, buscando amnistías eufemísticas para salir indemnes de sus chulerías, protagonismos independentistas y fugas cobardes en un maletero del coche…
¿Estos son los salvadores de una patria ya salvada en paz y en orden?
¿Quién está detrás de todo, si no fuese el secular intento de destruir la inmortal España?
Qué razón tenía el gran filósofo y teólogo del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, que dijo que “si la monarquía pudiese abusar del poder y acabar en tiranía, la democracia liberal, puede acabar en anarquía”.
Mi gran amigo don Antonio Tejero, con quien mantengo fraternal relación desde entonces, reside en Madrid con una de sus hijas.
Está sufriendo por el calamitoso estado nacional que padecemos.
Esto, se podía haber atajado y consolidado con aquel valiente y patriótico amor a la unidad española del pronunciamiento militar del 23-F.
¿Quién tuvo la culpa de su frustración traidora y masónica…
