El Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas es otra solución habitacional del Gobierno para cobijar a los sin techo y, de paso, mantener un pulso con Madrid y el PP, en las personas de José Luis Martínez-Almeida Navasqüés e Isabel Díaz Ayuso.
Resulta penoso permitir que el primer aeropuerto de España (por el que pasan 60 millones de pasajeros al año) y ejemplo arquitectónico que sigue siendo para otras muchas terminales aeroportuarias en el mundo, sea hoy un albergue de ilegales y alguno legal que cobra pensión, como Paco el de Parla (“portavoz” de los okupas), que campan por sus instalaciones, convierten en pocilgas los cuartos de baño, desperdigan chinches y otros hemípteros y, cuando se tercia, discuten por un lugar más cómodo o con los pasajeros que les llaman la atención.
Este espectáculo tercermundista en una de las puertas de entrada a España se hace con la desidia de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la holgazanería de la Delegación del Gobierno en Madrid y la abulia del Ayuntamiento y la Comunidad, al amparo de leyes de falsos derechos humanos. No importa desprestigiar a España, lo cardinal es quitarse el muerto y de paso, si procede, fastidiar a la capital porque en ella y en la Comunidad gobiernan dos representantes del PP que se preocupan por los ciudadanos, no roban y son austeros en la formación de sus respectivos gobiernos, sin crear mastodontes administrativos para colocar a familiares, amigos, socios y conmilitones con el dinero del contribuyente.
Esta hecatombe de ilegales (cerca de quinientos), muchos llegados directamente en avión y pendientes de un falso asilo político, y otros, también ilegales, que han entrado por otros lugares y utilizan la Terminal para dormir, instalar sus pertenencias y mendigar o trabajar en negro fuera del Aeropuerto, es atendida por algunas ONG que viven de sus clientes, les reparten bocadillos, les llaman pobrecitos y defienden su “derecho” a dormir donde quieran y como quieran.
Además de atropellar la propiedad privada y alentar y permitir la ocupación de viviendas por “inquilinos vulnerables” por el método de la patada en la puerta o el impago de las mensualidades cuando hay contrato de por medio, propiciando la creación de mafias y otro tipo de delincuencia, el Gobierno de Sánchez ha extendido la okupación a espacios públicos del Estado que están donde puede hacer la cusqui a sus “enemigos” (no contrincantes) políticos.
Lo normal, lo ético y lo conveniente para que a España no la conviertan en el sumidero de medio mundo sería devolver ipso facto a los ilegales a sus respectivos países cuando aún están en la frontera e internar OBLIGATORIAMENTE en instituciones públicas estatales y decentes a quienes se “cuelen” y hasta tanto se tramite su devolución al país de origen o su obtención de certificado de “verdadero refugiado político”. Y en cualquier caso prohibir que los espacios e instalaciones públicas sean dormitorio de los que dicen no tener techo, obligando a los que aducen esa carencia a que pernocten en albergues públicos.
Con su anormal comportamiento y la colaboración de numerosas e irresponsables televisiones y demás medios de comunicación, Sánchez y sus políticas fomentan, como ha ocurrido en otros Estados europeos, la ascensión de la extrema derecha entre una población cansada de tanta desidia, tanto deterioro, tanto basurero, tanta corrupción y tanto descontrol.
