El abajo firmante viajó hace unos días a Gran Canaria. Inevitablemente, la sensación que tuve era de envidia, de esa envidia cochina que escuece: pistas rápidas impecables, túneles que atraviesan montañas como si nada, autopistas modernas que cosen la isla de punta a punta. Y uno, que viene de Badajoz, no puede evitar la comparación odiosa. Porque si Canarias parece Suiza en carreteras, Extremadura sigue siendo la Rumanía olvidada de España: carreteras destrozadas, baches que ponen en riesgo la vida, abandono crónico y la sensación de ser siempre el último vagón de un tren que nunca llega.
Y ojo, que la situación del otro archipiélago, el de Baleares, no es distinta: autopistas, túneles, infraestructuras modernas y conectividad que dejan a territorios como Extremadura en ridículo. Porque la España de Sánchez parece una España de dos velocidades, o mejor dicho, de dos países dentro del mismo Estado.
El agravio de Extremadura: aislamiento absoluto
Si uno cree que los problemas terminan en la falta de autopistas interiores, se equivoca. Las dos capitales de provincia de Extremadura —Cáceres y Badajoz— son las únicas en España que no están unidas por autovía o vía rápida, sino por una carretera de mala muerte. Lo mismo ocurre con conexiones hacia provincias limítrofes como Ciudad Real, Huelva o Córdoba. La región entera queda atrapada en un limbo de infraestructuras, mientras el Gobierno presume de recaudación récord.
No es magia, son tus impuestos
Aunque sea de Perogrullo, es imprescindible recordar que cada euro que el Gobierno gasta, sea local, provincial, regional o nacional, proviene inexcusablemente de un euro obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen bajo una luz muy distinta.
Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Pero si los impuestos obtenidos de los ciudadanos y empresas se invierten en un lugar geográfico concreto, no tiene nada de sorprendente ni de milagroso que dicho lugar disfrute de mayor riqueza en comparación con el resto del país. Lo que el capital privado no era capaz de construir, se ha construido con capital extraído vía recaudación fiscal o mediante préstamos que habrán de ser amortizados con nuevos impuestos soportados por los contribuyentes.
Y, para recochineo, un vídeo de propaganda gubernamental afirma que, “No es magia, son tus impuestos. Lo que das, vuelve…”
En España, evidentemente, no siempre vuelve a todos por igual.
Corrupción organizada y despilfarro
Aunque haya quienes afirmen que toda corrupción es un despilfarro y que no todo despilfarro es corrupción, lo que sí es evidente es que los partidos políticos con presencia en las instituciones se han convertido en auténticos “cárteles del crimen organizado”. Entendemos por “cártel” una organización criminal que establece entre sus miembros acuerdos de autoprotección, de colaboración y de reparto de territorios para realizar actividades delictivas.
Los procedimientos “extractivos” y de “captura” de organismos públicos cada día son más sofisticados, y mediante ellos una minoría privilegiada se dedica a saquear sistemáticamente a la sociedad española, de manera organizada, premeditada y alevosa.
Sólamente en la década que va de 1996 a 2007, el despilfarro en España fue de más del 20% del Producto Interior Bruto, superando los 150.000 millones de euros, según estudios especializados en corrupción y despilfarro en España.
En España, por lo general, la “obra pública” tiene sobrecostes de entre un 15% y un 20% sobre el gasto inicialmente previsto y presupuestado. Esto afecta a proyectos de ferrocarriles, autopistas y autovías, puertos, aeropuertos, desaladoras, arsenales y astilleros, y una infinidad de instalaciones y equipamientos públicos que, posteriormente, son infrautilizados o carecen de utilidad real.
A este panorama se suman las infraestructuras fallidas emprendidas por los diecisiete gobiernos regionales, las diputaciones provinciales, los cabildos insulares y los ayuntamientos. También los sobrecostes derivados de la “asunción de deuda contraída” por las distintas administraciones, que tarde o temprano habrá que pagar con más impuestos.
No podemos olvidar los gastos en equipamientos culturales y científicos, parques temáticos, grandes eventos —juegos olímpicos, exposiciones universales—, así como la construcción de centros educativos y sanitarios públicos. Según reconocen autoridades y estudios especializados, más del 70% de la obra pública sufre sobrecostes, y en muchos casos se ha demostrado que estas inversiones favorecen deliberadamente a determinadas empresas constructoras.
La irresponsabilidad máxima: sin presupuestos desde 2023
Para colmo de males, el gobierno de Pedro Sánchez sigue sin presentar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados desde 2023. Tres años sin planificar, sin priorizar, sin trazar estrategias coherentes de inversión. Esto no es solo negligencia: es una declaración de guerra a la gestión responsable, a la planificación económica y a la propia transparencia institucional.
Una España rota por la desigualdad territorial
Mientras Bruselas confirma que España es el último país de la Unión Europea en inversión pública, el INE se dedica a revisar cifras al alza semana tras semana. Que crecemos más de lo que dijeron hace cinco días, que todo va mejor de lo previsto… pero la realidad es que la inversión extranjera cae en picado, los capitales huyen y el ciudadano español sigue pagando impuestos que no se traducen en infraestructuras dignas, servicios eficientes ni cohesión territorial.
España ha creado así la paradoja perfecta: últimos en inversión pública, primeros en propaganda y despilfarro. Lo que debería ser inversión social útil, termina convertido en clientelismo, sobrecostes, obras innecesarias y enriquecimiento privado de unos pocos. Mientras tanto, regiones como Extremadura permanecen aisladas, infraestructuras colapsadas y ciudadanos condenados a pagar la factura de una mala gestión sistemática.
La pregunta sigue siendo: ¿qué hace Sánchez con la recaudación récord? La respuesta, cada vez más evidente: todo, menos invertir en lo que España realmente necesita.
