Hace ya varios años, The American Spectator, un influyente medio estadounidense con sede en Washington, publicó un artículo titulado “Un nuevo dictador de extrema izquierda llega a Europa”, en el que describía a Pedro Sánchez como un líder totalitarista que “está robando la democracia a España delante de nuestras narices y de la UE, ante la impotencia de la oposición y la pasividad de la comunidad internacional”. Por desgracia para España y los españoles, esa predicción se ha cumplido con escalofriante exactitud. La advertencia no era un exceso retórico, sino un diagnóstico certero de la trayectoria que España ha seguido bajo el liderazgo del PSOE, sus socios y aliados.
El artículo de The American Spectator ya denunciaba, en aquel momento, el fracaso electoral del presidente en funciones y sus maniobras para retorcer las leyes, apropiarse de los poderes e instituciones del Estado y negociar con comunistas de extrema izquierda, terroristas, golpistas y nacionalistas regionales con el fin de impedir la investidura de la derecha, legítimamente ganadora de las elecciones. Se mencionaba incluso su negociación con un prófugo de la justicia española en Bruselas, dejando claro que el respeto por la ley era, para Sánchez, un obstáculo a superar, no un principio rector.
Desde entonces, la deriva autoritaria no solo se ha consolidado, sino que se ha profundizado. Sánchez ha entregado el país a quienes dieron un golpe de Estado en 2017. Ha anunciado amnistías para ellos y para implicados en terrorismo, ha perdonado la deuda catalana —una deuda que ahora pagan todos los españoles— y ha introducido en sus acuerdos el concepto de lawfare, permitiendo a los políticos perseguir a los jueces que defendieron la legalidad constitucional en 2017.
Asimismo, se ha comprometido con la celebración de un referéndum de independencia ilegal, inexistente tanto en la Constitución española como en la de cualquier país civilizado. La consecuencia es clara: España ha dejado de ser un Estado de Derecho, y se encuentra, según medios internacionales, en tránsito hacia una dictadura de extrema izquierda con un marcado “tufo venezolano”.
Secuestro de instituciones y desmantelamiento del Parlamento
El secuestro de instituciones no es un recurso retórico: Sánchez se ha apropiado del Congreso de los Diputados, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional y de otros órganos esenciales. Al frente del Tribunal Constitucional ha colocado a Cándido Conde-Pumpido, militante socialista de su confianza, junto a un exministro y una asesora de la presidencia, asegurando que los organismos clave actúen como extensiones de su voluntad política. Esta ocupación sistemática ha vaciado de sentido la función del Parlamento: por tercer año consecutivo, el Gobierno no ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, violando de manera flagrante la Constitución Española. Así, la Cámara Legislativa no legisla, no supervisa, no fiscaliza la acción del Ejecutivo, y este gasta sin control, sin proyecto de gobierno y de manera arbitraria, endeudando a los españoles y a generaciones futuras con más de 2 billones de euros de deuda pública acumulada.
Corrupción estructural y lawfare: una trama mafiosa al descubierto
El Estado español bajo Sánchez no solo ha visto cómo se erosionan sus instituciones, sino que está siendo testigo de la revelación de una estructura corrupta organizada alrededor del propio presidente. En las próximas semanas se celebrarán los juicios contra el Fiscal General del Estado, el hermano del presidente, David Sánchez, y su principal valedor, el hasta hace poco presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Algunos de sus colaboradores más cercanos, como Cerdán, sufren prisión preventiva para evitar que destruyan pruebas cruciales, y el juez instructor describe al presidente como el cerebro de una vasta red de corrupción, expolio y depredación de los recursos públicos, destinada a beneficiar a su entorno y castigar a los españoles.
Este escenario se agrava con la presión constante sobre jueces, medios y sociedad civil: se persigue a quienes denuncian irregularidades, se multiplica la propaganda para ocultar la verdad, y se manipula el lawfare para perseguir a quienes defienden la legalidad constitucional. La desigualdad ante la ley es flagrante: los delitos se perdonan si eres independentista catalán, mientras que cualquier crítica al Gobierno se convierte en objeto de denuncia y persecución.
Libertad de expresión: censura y doble rasero
La libertad de expresión en España se encuentra bajo un ataque sistemático. Los cánticos contra Sánchez en estadios de fútbol, como ocurrió en los partidos Betis-Alavés y Oviedo-Real Madrid, han sido denunciados de inmediato por la Liga, mientras que ofensas al himno, a la bandera o al Rey no generan reacción alguna. Se ha producido un doble rasero evidente: criticar a Sánchez se convierte en delito o injuria, mientras que las agresiones verbales a símbolos nacionales o a otros actores políticos quedan impunes. La retirada de la lona frente al Congreso con la palabra “Corrupto” y la personación del presidente como acusación en la causa judicial es otro ejemplo de cómo se amordaza al disidente y se controla la narrativa pública.
España en el contexto global: corrupción y erosión del estado de derecho
Los datos internacionales son demoledores. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, España ha descendido hasta los 56 puntos, ocupando el puesto 46 de 180 países. Esto refleja un deterioro constante desde 2019, cuando alcanzaba 62 puntos. La mayoría de los españoles se opone a los pactos de Sánchez, conscientes de que destruyen la igualdad ante la ley y condenan a la nación al pago de los privilegios de quienes aseguran la investidura del presidente.
Asimismo, el World Justice Project Rule of Law Index 2024 confirma que España ocupa el puesto 25 de 142 países en el ranking mundial y el 18 de 31 a nivel regional, con retrocesos en factores críticos como los límites al poder gubernamental, derechos fundamentales, gobierno abierto y justicia civil y penal. Aunque España ha mejorado ligeramente en ausencia de corrupción en comparación con otros países, la tendencia global muestra que el Estado de Derecho se ha erosionado en el 57% de los países, con una expansión de tendencias autoritarias y debilitamiento de poderes legislativos y judiciales. España forma parte de ese 59% de países donde disminuyeron los límites al poder gubernamental, un reflejo claro de cómo el Ejecutivo se impone sin control ni supervisión.
En el plano regional, Europa Occidental y la Unión Europea también experimentan un retroceso, con España 8 puntos por debajo de la media europea (64 puntos), lo que demuestra que incluso los países considerados “estables” sufren erosión democrática, pero España lidera negativamente el deterioro gracias a la estrategia de Sánchez.
Distracción mediática y propaganda ideológica
Mientras España se derrumba institucionalmente, Sánchez desplaza la atención hacia asuntos exteriores y campañas ideológicas internas. Ha alentado disturbios para boicotear la Vuelta Ciclista a España bajo el pretexto de la “noble lucha de los palestinos” y promovido una flotilla hacia Gaza que fue frustrada, con activistas, muchos vinculados a organizaciones terroristas, detenidos. Esta estrategia sirve para distraer a los españoles de la corrupción interna, del descontrol financiero y del secuestro institucional.
Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa la inclusión del aborto en la Constitución como un “derecho”, cuando en cualquier país con políticas responsables se considera un signo de fracaso social y se promueven medidas de educación afectivo-sexual y prevención. En el último año, se han registrado más de 100.000 abortos, mientras el Estado derrocha recursos en propaganda para cubrir sus vergüenzas, consolidar el control ideológico y mantener a la sociedad distraída y dividida.
Conclusión: España es de facto un régimen dictatorial, totalitario y liberticida
Pedro Sánchez ha logrado lo que The American Spectator describió: secuestrar el país, apropiarse de instituciones, debilitar al Parlamento, amordazar a jueces y periodistas, endeudar sin límite y expandir la corrupción estructural. Su gobierno combina la represión de la libertad de expresión, la manipulación de leyes y tribunales, la persecución de opositores, la propaganda ideológica y la distracción mediática con el saqueo sistemático de recursos públicos.
España no es ya un Estado de Derecho efectivo: es un régimen dictatorial de extrema izquierda, liberticida, totalitario, con instituciones ocupadas y un Parlamento inoperante, mientras la deuda y la corrupción crecen y los ciudadanos ven cómo sus derechos se erosionan. La profecía de The American Spectator no solo se ha cumplido, sino que se ha confirmado con creces: España está gobernada por un dictador socialista que secuestra la nación y manipula el poder a su antojo, con el consentimiento tácito de una comunidad internacional que mira hacia otro lado y de una oposición paralizada.
La lucha por la libertad, la rendición de cuentas y la recuperación de la democracia española exige hoy más que nunca la acción decidida de los ciudadanos, la denuncia internacional y la exposición sin ambages de la verdad: Pedro Sánchez ha convertido a España en su cortijo político, y el país no puede permitirse permanecer en silencio.
