España sufre un problema de secuestro institucional que va más allá de las alternancias de gobierno, un modelo impuesto por el PSOE y que el Partido Popular imita de forma inmisericorde. El sistema democrático empezó a pudrirse tempranamente, ya en el año 1982, cuando Felipe Gonzalez sembró las bases del asalto al poder judicial. Violó la Constitución sólo 4 años después de ratificarse. El Ejecutivo, bajo Pedro Sánchez, ya es la versión más depurada de esa mafia; impone un modelo de control absoluto, con tentáculos en instituciones públicas y privadas, incrementa la deuda pública de forma desmesurada, pauperiza a las clases medias y trabajadoras, fomenta flujos migratorios ilegales que siembran el terror entre la población y manipula el censo electoral comprando votos a estómagos agradecidos, mientras deja a las élites correspondientes de las comunidades autónomas que administren en su favor bienes públicos en detrimento de su propia ciudadanía. Limitadas en sus competencias, los gobiernos autonómicos se desgastan políticamente, al estar sometidas a leyes y normativas nacionales que impone el Gobierno Central. En un gobierno unitario las actuaciones políticas se juzgarían como competencia del Ejecutivo central, pero en el perverso sistema de un Estado autonómico, las autonomías gobiernan bajo el mandato del gobierno central, viniendo de este modo a ser culpables de una responsabilidad de la que carecen. El ejecutivo central encubre de este modo su responsabilidad: si quieren ayuda que la pidan. Mazón es culpable, Sánchez no es responsable. La gestión de las cuencas, la inversión en infraestructura hidráulica, competencia del Estado, se ignora. El modelo supone un vaciamiento de la democracia por una burocracia impune que se exculpa a si misma comandando a las autonomías qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Además, cuentan con que el ciudadano de a pie nunca sepa cuáles corresponden a quién. El PP, cuando gobierna, no revierte esta dinámica estructural.
El problema no es simplemente la existencia en el gobierno de un canalla criminal, sino la estúpida e infeliz actuación de Feijoó, que ignora que la política de Sanchez consiste en atribuir responsabilidad a los gobiernos autonómicos, controlados de hecho por la hacienda pública y el Boletín Oficial del Estado. ¿Como puede el PP ignorar que haciéndose cargo de las autonomías, en realidad está a merced del gobierno sanchista?. Muy simple, la mediocridad y la cobardía guardan la viña. Localmente siempre pueden disimular su incompetencia acusando al gobierno central de sus limitaciones. Quid pro quo. No importa que unos u otros estén en el gobierno o la oposición, el turnismo del viejo sistema de partidos de Cánovas. Este mecanismo se puede usar a conveniencia para cualquiera de los dos con una narrativa asegurada. A esto se agarran los mezquinos del PP, sin saber que juegan con cartas marcadas por los socialistas. El PSOE es una mafia maestra en doblegar las estructuras institucionales a su favor, estructuras que no desmonta el PP cuando está en el poder ni en el gobierno central, ni tampoco en los regiones, muy al contrario, trata de participar de ellas con éxito ridículo. Los datos de 2025-2026 son elocuentes.
Una expresión de ese control es la política de gasto público que se impone de hecho a los gobiernos autonómicos a través de una atribución de competencias con gasto finalista. La mafia socialista central quita y concede, al mejor postor, y mantiene el monopolio de la oferta. Y de las prebendas que ofrece, los caudillos locales hacen su agosto entre los fieles miembros de su red clientelar. En 2025 el gasto en sueldos públicos alcanzó 181.494 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior. El empleo público sumó 142.400 personas, hasta 3.641.400 trabajadores. Las autonomías absorben el 62,5% de las plantillas, más de 1,9 millones de empleados públicos, buena parte redundantes con la administración del Estado, al gestionar servicios esenciales como sanidad y educación que mantienen una base social de seguidores, esclavos que les dan de comer. En el primer trimestre de 2026 la cifra ya ascendió a 3.662.500 empleados, mientras que el sector privado pierde en el primer trimestre de este año 35.000 puestos de trabajo, precarizando la oferta a una cifra record de 841.000 trabajadores fijos discontinuos. Las Ofertas de Empleo Público se han multiplicado y las subidas salariales, al margen de la economía y la productividad real, consolidan un gasto estructural creciente. Las autonomías gestionan servicios pero bajo un marco normativo y financiero que viene impuesto por el Ejecutivo, y que mantienen porque al final sirve a los mafiosos locales, que se llevan parte del pastel. Cada actor en su cortijo, trata de mantener una fiel colección de estómagos agradecidos bajo la ideología de la dependencia vestida de autonomía. Y a la vez, sirve un doble juego para el mafioso gobierno central: imponiendo la atribución de competencias en sanidad o educación define una retórica política que en la práctica controla, consumiendo los recursos sin margen para una política distinta.
La inmigración detrae recursos mas que los que aporta a la caja general. Según Funcas, los hogares inmigrantes aportan menos IVA que los nativos: una diferencia media de 450 euros anuales por hogar –850 euros en menores de 65 años. Los extracomunitarios concentran su gasto en alquiler y fijos (21,1%, exentos de IVA), frente a patrones autóctonos más gravados. A políticas constantes, el IVA por hogar caerá un 3,1% hasta 2040 por envejecimiento y composición demográfica, aunque la recaudación total suba por la existencia de más hogares. La inmigración no compensa la pérdida fiscal del envejecimiento. Por no hablar de la inmigración ilegal que, en vista de la magnitud en tiempo y espacio, sólo puede obedecer a la política de alterar la capacidad de reunión y la libertad de los ciudadanos y residentes legales, atemorizados ante el caos y la violencia. Por si no fuera poco amedrentando a los locales, el mafioso Sanchez y su partido criminal quieren asegurarse un voto cautivo creando otro grupo sociológico, el de los expatriados. Uno más, a la vista de su fracaso usando a otros grupos sociológicos que ahora comienzan a votar a la derecha (trabajadores, mujeres, jóvenes, homosexuales, etc…). La Ley de Nietos es un mecanismo corrosivo de la democracia, ampliamente utilizado por Sánchez en su beneficio. Manipulando el censo aumenta el número de electores de su partido. La Ley ha generado 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad hasta marzo de 2026, más de 545.000 han resultado aprobadas. El análisis de los barómetros del CIS revela que, entre nacionalizados de los principales países hispanoamericanos, el PSOE es el partido más votado. Estos nuevos electores adquieren derecho a voto inmediato. Y si no votara, ya tiene controlada la logística, colocando a un peón en Correos para adulterar las urnas, como ya lo hiciera con las primarias del PSOE. Esta gestión responde a la misma mendacidad que explica los recursos extras atesorados por el partido sanchista, con un sospechoso incremento de donaciones privadas e impuestos a sus cargos. Un mecanismo que alimenta la corrupción de sus cargos políticos. El Partido Socialista triplicó los ingresos por donaciones privadas pese a la crisis del coronavirus.
El alienamiento con sistemas políticos corruptos y antidemocráticos le permite a Sánchez vincularse a dictaduras árabes y avalar una política que aún destinada al fracaso sirve para explicar el modo en que Sánchez gestiona y alimenta la inmigración ilegal avalando un Estado Palestino que nunca existió, ni existirá. Esta práctica de afecto islamista amenaza la seguridad nacional, la convivencia social y nuestra existencia como nación. Pero eso no preocupa a Sanchez, él está bien. Es más, forma parte de un plan perfecto: el control sobre una sociedad sometida al caos, el miedo y la miseria es más fácil para un aspirante a totalitario. No es casualidad que el Gobierno defienda públicamente a figuras como Saif Abu Keshek, español en la flotilla de Gaza y líder de una organización (PCPA) sancionada por EE.UU. como fachada de Hamás. Le conviene en muchos sentidos y le ayuda a la destrucción de la sociedad que le perdió el respeto.
El verdadero diseño del Estado por parte de Sanchez es el control central sobre autonomías “secuestradas”. Aquí radica el núcleo del problema. Sánchez no persigue un Estado Mínimo liberal que devuelva poder a los ciudadanos y regiones. Al contrario: impone desde el Gobierno central las políticas que desea, desde la promoción del aborto o la eutanasia, hasta las políticas de inmmigración, reparto de menores, políticas de vivienda, y mecanismos confiscatorios de la riqueza social como el control e indexación del mercado del alquiler, todo ello utilizando leyes nacionales que discapacitan y amputan las capacidades reales de las autonomías. Estas quedan “secuestradas”: gestionan servicios caros y visibles, como sanidad, y educación, pero bajo reglas, financiación y limitaciones impuestas. Los caudillos locales ejercen un chantaje y sacan su privilegio, pero controlado y a conveniencia del gobierno central. El Ejecutivo controla el Estado profundo: el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la producción de leyes, la Fiscalía, la Hacienda, los sistemas de financiación y exención de deuda, y poderes fácticos en la banca y la industria a través de mecanismos regulatorios, mientras deja a las comunidades al desgaste político de la oposición. Además, es quien tiene una tupida red de contactos internacionales, favores entre regímenes que se sostienen mutuamente, de los que los gobiernos regionales carecen.
De este modo se enajena la voluntad de los pueblos y se beneficia a una élite de burócratas y clientelas en todos los niveles de la administración, al servicio último de la mafia del PSOE. Las autonomías se convierten en correas de transmisión de gasto y políticas decididas por el Ejecutivo, sin verdadera autonomía. Si fracasan pueden quejarse amargamente para volver a chantajear y cerrar la boca a cambio de prebendas. El resultado es un Estado hipertrofiado en lo central y paralizante en lo territorial, que perpetúa un sistema de corrupción sistémica –como los ERE en Andalucía–, dilapida recursos, extiende el fraude y el abuso, aumenta la injusticia, frena la innovación privada y manipula el mapa electoral mediante nacionalizaciones masivas perpetuándose en el poder.
Tanto el PSOE como el PP, en la práctica, mantienen la misma lógica, sólo que el PP ha estado menos versado en las artes que el PSOE maneja desde sus inicios. Al final, la marca blanca (el PP) sirve en última estancia al PSOE, pues cuando llegó al poder, no alteró las políticas establecidas por el socialismo: no hizo devolver las competencias cedidas a las autonomías, mantuvo los contactos con los chantajistas separatistas, no hizo cumplir la Constitución restaurando la separación de poderes y desmontando el nepotismo ideológico de las instituciones. Es más, ahondó en la complacencia intentando caer bien al verdugo siendo pionero de la destrucción en algunos ámbitos como realizando regularizaciones de inmigrantes e introduciendo el arraigo, prolongando el secuestro nacional, ahondando en la herida abierta de un país cuyas leyes son papel mojado y sólo se cumplen según el carnet de partido. España necesita recuperar soberanía nacional y territorial real: un Estado que proteja las libertades y competencias y que deje de ser usurpado por una mafia partitocrática que sirven a una organización partidaria. De lo contrario, el declive fiscal, la dependencia y la erosión democrática continuarán, independientemente de qué socialismo, rojo o azul, ocupe La Moncloa. Los números y los mecanismos institucionales lo demuestran con crudeza.
