España afronta un riesgo ilimitado de erosión institucional y económica bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, con el Partido Popular (PP) ofreciendo una oposición tibia. El Partido Popular, lejos de ofrecer una oposición firme, ha optado por administrar los residuos de la decadencia socialista, mientras la izquierda radicaliza su agenda y se apodera de instituciones clave. El PP consiente con un proceso de institucionalización de una tiranía política. La ley de Memoria Democrática se utiliza como herramienta selectiva contra la disidencia y la memoria colectiva. La Audiencia Nacional ha anulado multas a Falange argumentando que “no toda exaltación del fascismo es sancionable” ni siempre existe voluntad de humillar a las víctimas. Entretanto, se blanquea y silencia otra clase de extremismos. La amenaza de demolición que resulta en un colapso irreversible solo puede frenarse con una práctica política coherente de sentido común.
Este proceso de pauperización sistemático viene de largo: el estrangulamiento de la actividad productiva privada con una fiscalidad confiscatoria, la inflación del empleo público de dudosa productividad, la apuesta por sectores económicos de escaso valor añadido y precarios como el turismo, la destrucción sistemática de sectores productivos como la agricultura destruyendo su capacidad para competir en el mercado, las regulaciones excesivas y lesivas de una burocracia urbana parasitaria, el aumento del gasto estatal paralelo a la reducción de la seguridad, la escasa y reducida dotación de la plantilla de policía, el incremento desmesurado de la inmigración y el aumento consecutivo del narcotráfico. El gobierno está desnudo frente a la ignominia de un cuerpo de la Guarda Civil que se desangra frente a la mocromafia del Estrecho. La inmigración desafía la democracia, restringe las soluciones al problema demográfico y tensiona todos los servicios del Estado. La inmigración ilegal tensiona la sanidad, la vivienda y la seguridad. Este proceso dibuja un futuro sombrío.
Por si fuera pequeño el desafío, existe un riesgo cierto de pérdida de cientos de millones por la retirada de las bases militares de EEUU de Rota y Morón, con la alineación del gobierno con dictaduras y prácticas políticas proislamistas, con el consecutivo apoyo a un Estado militarizado como Marruecos que amenaza la ocupación de Ceuta y Melilla, candidato a contar con bases americanas. Y ello a pesar de proveerle una asistencia multimillonaria para estabilizar su sistema eléctrico. Y paralelamente un gasto no ejecutado de fondos europeos de 26000 millones de euros, que por ineficiencia del gobierno tendrán que devolverse a partir de junio, fecha en que caducan los fondos europeos. El PSOE parece tener que pagar una deuda histórica con Rabat y la paga con soberanía española.
A esta política suicida de pauperación concurre el Partido Popular negando la prioridad nacional, maquillando los resultados económicos de Andalucía, la región mas poblada. La pobreza en Andalucía se nutre de una tribu de gitanos que no se integra, y de la apertura a la inmigración islamista clandestina que financia barrios y mezquitas. Los musulmanes no vienen como individuos, vienen como tribu. La inmigración masiva no regulada actúa como válvula de escape demográfica y electoral, pero genera graves problemas estructurales. Entidades sociales y sindicatos financiadas por el Estado intermedian la regularización de forma gratuita, desplazando a la abogacía, mientras se excluye deliberadamente a los saharauis apátridas.
El Gobierno vasco ha reconocido 391 casos de mutilación genital femenina atendidos en Osakidetza desde 2013. Nigeria (102), Mali (43) y Senegal (27) suman casi la mitad de las víctimas, muchas nacidas ya en España. Este dato desnuda la nula capacidad de integración de determinados flujos y la incompatibilidad cultural con el marco constitucional y jurídico español. Datos recientes, en regiones como Navarra con estadísticas mas fiables, muestran que los extranjeros cometen una proporción desproporcionada de delitos graves:, hasta el 73% de homicidios y el 63% de los delitos sexuales.
Frente a esta mecánica de un gobierno corrupto, iniciativas como la “prioridad nacional” —pactada por PP y Vox en autonomías como Extremadura y Aragón— representan un intento de priorizar a los nacionales con arraigo real, alineado con principios constitucionales básicos que buscan proteger a los nacionales frente a extranjeros de baja cualificación que desconocen la cultura y la lengua. La prioridad nacional no excluye a nadie por odio; protege el bien común de quienes construyen España cada día, un principio de supervivencia del Estado del Bienestar en un contexto de recursos finitos. España se encuentra en un punto de no retorno. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez no asistimos a errores aislados ni a simples desacuerdos ideológicos, sino a un sistema orgánico de degradación institucional, económica y social cuya pieza central es el propio presidente. Un entramado donde la pauperización de la población, se sostiene por una narrativa sentimental (“el amor”, “el feminismo”, “la memoria”) que sirve de coartada moral mientras se desmantela el Estado de Derecho. Para el PSOE, el amor es una pasión sublime, mitad testosterona y mitad contabilidad. Es feminista por naturaleza. Da empleo y ocupación a sus mujeres, y a las que son para todos, las cultiva y ocupa. Perro Sanchez mantiene la narrativa del amor, entretanto maximiza su protección personal, sus rentas y las de su partido. Con despliegues desproporcionados de seguridad, puertas giratorias y una maquinaria de propaganda que convierte las pasiones privadas en virtudes públicas. Un escándalo anunciado por un plagiario en un proceso de autocorrupción que se anticipó en su fraudulenta tesis doctoral.
La erosión del Estado de Derecho es aún más grave en las instituciones. Teresa Peramato ha convertido la Fiscalía General del Estado en un instrumento de venganza y en un flagrante delito de nepotismo. Fulmina a fiscales incómodos –como la incorruptible Almudena Lastra– y premia a afines del anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz —condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelar datos confidenciales— incluida su propia mujer, a la que nombra teniente fiscal de Galicia, y promociona a imputados como “Pilar cianuro”. Es la continuación del sanchismo militante que ha destruido la meritocracia, la experiencia previa y la independencia del Ministerio Público. Esta continuidad del “sanchismo militante” en la Fiscalía no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de ocupación de todos los contrapesos institucionales.
Todo el edificio descansa sobre una red de financiación irregular del PSOE que ya ha salido a la luz en el caso Koldo-Ábalos-Aldama con la trama de las mascarillas. José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del partido, aparece como pieza clave. Se presenta como una víctima política del amor y el deseo por rehacer su vida con Jessica. Las investigaciones judiciales y las declaraciones en el procedimiento revelan un entramado de comisiones, contratos millonarios y favores que salpica directamente a la cúpula socialista. Una organización criminal en toda regla tras la que se esconde el capo, Pedro Sánchez que conocía y toleraba este sistema de financiación irregular. ¿Cómo no había de saber Abalos todo sobre los demás? Ábalos ha sido hasta ahora leal, pero su progresivo aislamiento y el peligro de que no se haga realidad un indulto previo a las próximas elecciones generales, le permite amenazar con “tirar de la manta”.
El silencio o la tibieza del Partido Popular ante esta “tiranía blanda” facilita el declive. Andalucía, con su población no integrada y barrios tensionados, con un empleo precario de alta rotación, de bajo valor añadido y una brecha económica persistente, es el espejo adelantado del modelo nacional. La prioridad nacional no excluye a nadie por odio; protege el bien común de quienes construyen España cada día, un principio elemental de supervivencia del Estado del Bienestar.
Cuando nos enfrentamos a unas nuevas elecciones autonómicas, el PP de Andalucía delira con una suerte de milagro económico maquillando las cuentas públicas con cifras absolutas de crecimiento y empleo. No se le pida al PP qué sucede con cifras relativas. Las mismas políticas del PSOE conducen a las mismas miserias. Moreno, engañando como Montero, con las condonaciones de deuda a Cataluña, y la atribución de pagos cuyo peso relativo es desventajoso para Andalucía y para el resto de España, practica esa política de referir cifras absolutas de crecimiento en lugar del crecimiento de la renta per cápita. Andalucía sigue teniendo la menor renta per cápita de toda España –entre 23.000 y 24.500 euros frente a la media nacional superior a 30.000 euros– en una comunidad con uno de los mayores índices de riesgo de pobreza. Un estudio publicado en Gaceta Sanitaria detecta 3.701 muertes más por cáncer entre 2019 y 2024 en Andalucía respecto a la media nacional.
A escala nacional, la manipulación presupuestaria es vergonzasamente descarada: el Gobierno ha disparado los retoques de los Presupuestos hasta 32.000 millones de euros solo en el primer trimestre de 2026 ante la ausencia de nuevas cuentas públicas. Y ha detraido fondos europeos para el pago de pensiones y gastos ordinarios del ejecutivo. Miles de opositores aprobados en el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) llevan más de un año cobrando 1.060 euros mensuales sin destino asignado. Esta funcionarización descontrolada tensiona aún más un sistema que ya depende de la inmigración para maquillar las cifras de paro.
Sin reformas liberales profundas —una fiscalidad competitiva, una mejora de la productividad real, la integración exigente de los inmigrantes, y la devolución de derechos a los españoles y la protección de las fronteras—, el Estado de Bienestar se convertirá en trampa mortal para las futuras generaciones especialmente para quienes que no están en condiciones de huir.
El electorado, especialmente el andaluz que sufre en primera línea estas políticas, tiene ahora la palabra. La encrucijada es clara: o se frena la máquina de demolición y se desmantela el sistema corrupto que une pauperización, inmigración descontrolada, ocupación institucional y financiación irregular, o España acepta resignadamente el camino que conduce a la quiebra económica, la irrelevancia geopolítica y una fractura social irreversible. El pucherazo se cocina con amor… pero se sostiene con impunidad. Esa impunidad tiene fecha de caducidad.
