La persona que huye en un accidente lo haya provocado o no, además de incurrir en el delito si es responsable, comete otro, el de deber de socorro. Esta suerte de conducta criminal representa un delito de omisión impropio: una persona está obligada a socorrer a otra si no hay riesgo para su vida. Cuando un cargo público o un agente de la autoridad omite el deber de cuidado que se le atribuye como garante de una vida, comete un delito de omisión de garante —un delito de omisión propio—, eventualmente con resultado de muerte. Si la acción criminal se perpetúa o continúa en el tiempo y el agente se encuentra en flagrante delito, es obligación de la autoridad proceder a su detención inmediata —in fraganti.
La extraordinaria acumulación de acciones delictivas de Pedro Sánchez, la concurrencia en el tiempo y en el espacio de sus actuaciones criminales y su continuidad no pueden quedar impunes por leyes en blanco, por ausencias u omisiones de la Constitución, sin duda la peor de todas las constituciones, desde la invasión napoleónica. Su condición de presidente no puede ser una patente de corso para quedar impune. La ley contempla que en caso de flagrante delito incluso el presidente del gobierno puede ser detenido por orden de la fiscalía del Tribunal Supremo sin más trámite.
La mendacidad e impostura continuada de un converso, de la ciencia a la superstición, como quien representa esa fugaz estrella del Cristo, puede ser un delito moral, pero no un delito público. Los delitos acumulados de Sánchez, sí responden, por el contrario, a una capacidad fáctica, a delitos públicos. El delito de receptación, la retención de los bienes y servicios que obtiene de sus adláteres y esbirros, hacen de Sánchez tan reo de culpa como los comitentes que le sirven y hacen verdad sus propósitos, como último beneficiario. En Europa proliferan este tipo de delincuentes.
Las muertes provocadas por sus política son tantas que no pueden siquiera recordarse. Y está en la mente de todos las múltiples veces que Sánchez ha tratado de impedir el ejercicio de las libertades públicas, y tantas otras en las que alienta, sino indulta, a sus acólitos violentos o impedir la participación del ciudadano, arruinarles fiscalmente, o ignorar su participación política, ignorando el Congreso. Podría parecer sorprendente con que facilidad Sánchez logra que prospere la canalla de RTVE y Atresmedia que compiten por prodigar la basura y destruir la opinión pública. Superándose a sí mismos, ahora no ofrecen noticias, las inventan tanto más que las esconden o silencian.
Esta asimetría entre verdad y falsedad no es accidental. Es el resultado de una reificación de la realidad por parte de amplios sectores mediáticos, políticos y burocráticos: se construye una narrativa ideológica (la doctrina del multiculturalismo relativista: «la vida de los negros», «la vida de los mendigos», «la vida de los inmigrantes» importan) donde se predica la «diversidad» como un valor superior a la cohesión y luego se manipula y se oculta la realidad (incluidos los datos estadísticos, los testimonios de víctimas y las imágenes de acoso policial) para que encaje su narrativa en ella. Cuando la realidad se resiste, o se la silencia, o se la relativiza o se atribuyen los crímenes a «brotes psicóticos», a «pobreza estructural», a «manzanas podridas» o a «agitadores de ultraderecha». Una pléyade de causas externas para justificar el exterminio. El escenario está repleto de contradicciones legislativas sistemáticas, los ejemplos se acumulan hasta formar un patrón coherente de destrucción cultural. Repasemos algunas expresiones de estas contradicciones.
Se aprueban leyes de bienestar animal que exigen aturdimiento previo de la opinión pública y, simultáneamente, se mantienen exenciones para el sacrificio ritual halal y shechita sin atisbo alguno de responsabilidad. Se legisla la igualdad formal entre hombres y mujeres y se toleran consejos de sharía que tratan el testimonio de la mujer como inferior, admiten la poligamia o presionan para que la esposa «obedezca siempre al marido», con el lamentable precedente de la subcultura del gueto romaní. y se silencian los delitos de los delincuentes que representan minorías. Se consagra la libertad religiosa individual y la responsabilidad, y se permiten consejos de la sharía (entre 30 y 85 en el Reino Unido) que intervienen en divorcios, herencias y disputas familiares con criterios que contradicen el derecho civil británico. Esta es la práctica a imitar de Sánchez. Se defiende la libertad de conciencia y se toleran o minimizan prácticas ancestrales coercitivas como la ablación genital femenina, la circuncisión ritual no terapéutica en menores, presentándolas como «costumbres culturales» en lugar de vulneraciones de derechos del niño. Para eso, el cambio de género y la mutación transexual, con la dependencia de fármacos de por vida. Se proclama la libertad de la mujer y su capacidad de decisión y se acepta la imposición social del velo islámico (hijab, niqab, abaya) como expresión de «diversidad». En Francia se prohíben en escuelas lo que se tolera en la calle, tan proclive a la insurrección y el saqueo. Nadie puede extrañarse de que la política criminal francesa exonere al secuestrador y asesino Jerôme Barella de la niña de 11 años Lyhanna Rameau, convertida en un objeto sexual de sus perversos caprichos, como ha permitido durante décadas la impunidad del violador de Sambre, Dino Scala, uno de los mayores criminales sexuales en serie en Francia, agresor y violador de medio centenar de víctimas que ha venido escapando durante décadas de la justicia. Se prohíben las armas blancas pero en el Reino Unido se amplía la exención del kirpan ritual de la tribu SIJ para incluir un puñal de 21 cm con el que se asesinó al «joven racista blanco» Nowak. Se promueve la «tolerancia» y la «inclusión» mientras se vacía en la práctica la actuación policial en defensa de la legalidad con planes que priorizan narrativas de victimización de minorías «oprimidas», imaginarias, aunque la evidencia indique lo contrario, como aquellos casos de mujeres de las que se presumen testimonios veraces. La misma ley del embudo que se aplica Sánchez a sí mismo. «Porque en una aldea. un pobre mancebo hurtó solo un huevo, al sol bambolea, y otro se pasea con cien mil delitos. Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos».
El asesinato de Henry Nowak es un síntoma paradigmático de lo que vivimos y se avecina. La marca del PSOE, EL PAÍS, RTVE y Atresmedia entre otros medios siguieron la misma pauta: enfatizar la «explotación populista» y la «amenaza a la democracia» antes que los fallos sistémicos de las políticas públicas que alimentan la destrucción de una cultura y una legalidad común. Se trata de esa doctrina según la cual etiquetas socialistas como racismo, machismo, ultraderecha construyen la inversión del juicio de lo real, para amparar especialmente a los creyentes que explotan la buena fe, como minorías étnicas, religiosas o sexuales cualesquiera.
Es la misma narrativa que contradice la evidencia en el Reino Unido donde solo en Londres un 13 % de población negra está implicada hasta en el 61 % de los delitos, donde existe una sobrerepresentación de bandas criminales de inmigrantes (Rotherham, Rochdale, etc.). El informe Jay cifró en 2014 en más de 1400 víctimas sólo en Rotherham de hombres de origen pakistaní en la explotación sexual grupal de menores casi exclusivamente británicas blancas de clase trabajadora. 100 manadas marroquíes tras la sentencia de la manada de los Sanfermines en Pamplona permanecen impunes en España y ocultos ante la opinión pública, sin tertulias ni debates. No hay que preocuparse, lo que las estadísticas revelan, se borra. Las encuestas de actitudes (ICM 2016, Policy Exchange, Henry Jackson Society) presentan porcentajes significativos de musulmanes británicos (hasta el 23 %) que apoyan la introducción de la sharía, y un porcentaje aún mayor prioriza la lealtad religiosa sobre la ley civil en cuestiones de género, apostasía u homosexualidad.
Es la misma narrativa que contradice la evidencia en Alemania donde el 16 % de población inmigrante representa el 35,4 % de los sospechosos y hasta el 48 % de los delitos violentos y sexuales. El estudio MOTRA/BKA de 2026 detectó que casi el 45,1 % de los musulmanes menores de 40 años muestran actitudes islamistas latentes o preferencias manifiestas por la sharía y prejuicios antisemitas que alimentan la vorágine de crímenes que se suceden en calles, mercados, comercios y viviendas. El mismo panorama se dibuja en el país más violento de Europa, en Suecia, el paraíso del socialismo redentor, como se expresa en informes que se repiten (Brå). Los países europeos han venido a someterse a una doctrina teocrática y a una práctica tribal de la que el preboste R.F. Prevost quiere convertirse en su líder emergente.
El proxeneta consorte descubre la lógica de atribuir a la agitación de la ultraderecha un signo inevitable de alarma social con el concurso de los medios que financia. Presenta como una amenaza a la democracia lo que viene practicando en España, y ampara en las dictaduras hispanoamericanas y lusitanas. Sin diagnosticar las causas reales (una política de integración fallida, la negación de la evidencia estadística, la erosión sistemática de la igualdad ante la ley), se aplica la misma lógica que en México, Ecuador o Colombia que externalizan la violencia del narcoterrorismo a «causas estructurales externas» o a «pobreza», eludiendo la responsabilidad del Estado, avalando la impunidad y amparando la pérdida por el Estado del monopolio legítimo de la fuerza.
Esta canalla socialista presenta el debate como una antinomia entre libertad y seguridad, como si tolerar la inseguridad que representan el acoso, los delitos sexuales, los homicidios a cuchillo, o los asesinatos como el de Nowak, fueran el precio inevitable de la «diversidad» o de la «compasión cristiana». En realidad, la libertad individual solo existe cuando hay seguridad física y un principio de legalidad compartido. Sin ese marco común, la «libertad» de unos se convierte en la coacción o la victimización de otros. El plagiario Sánchez ignora a Buchanan cuando explica el individualismo metodológico: las colectividades carecen de derechos. Pues ahí contraviene la ciencia y la legalidad Pedro Sánchez, estableciendo normas y leyes singulares. La única salida coherente es restaurar la igualdad estricta ante la ley, exigir la asimilación real, aplicar el principio de prioridad nacional como mecanismo de cohesión, no de exclusión étnica. De lo contrario, la quiebra del sistema de bienestar que financian los ciudadanos, la fragmentación cultural y las muertes evitables seguirán acumulándose, mientras los medios y las élites siguen reconstruyendo la realidad para que encaje en una ideología que ya ha demostrado su fracaso en el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y, cada vez más, en España. Debe restaurarse el garrote, o la horca, o la guillotina para todos los indeseables indubitables. Y debe procesarse a Sánchez. Nadie puede ignorar sus delitos. Ni el mismo puede defender una inocencia en la que difícilmente podría creer, salvo como capo.
