Vivimos en una sociedad muy uniforme. Nos han metido con calzador el concepto de pensamiento único y es muy difícil salirse de lo políticamente correcto opinando de forma diferente.
Cuando surge una noticia que los medios llaman “de impacto”, automáticamente todas las cadenas de TV y radio, la prensa, las redes sociales, etc. ocupan sus espacios con tertulias y opiniones, que, casualmente, en un porcentaje bastante elevado, son coincidentes.
Ni me gusta ser políticamente correcto, ni quiero ser uniforme, así que mi disidencia con ese elevado número de opiniones en relación con el Auto del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es total. No quiero referirme al nombre de su titular porque considero que la justicia es ciega, y ponerles nombre y apellidos a los jueces es introducir un elemento distorsionador del concepto de justicia.
La versión más extendida es que el Juez Instructor ha dictado en su Auto unas medidas cautelares excesivas decretando para Begoña Gómez la retirada del/los pasaporte/s y la comparecencia en el juzgado cada 15 días. De acuerdo con lo expuesto en el Auto, esas medidas cautelares no se han adoptado de oficio por el Juez sino a instancia de la acusación popular unificada.
La señora Gómez está imputada por cuatro delitos de gravedad y la posible condena podría suponer una privación de libertad considerable, por lo que no es galáctico que el Juez Instructor considere que puede haber riesgo de fuga.
En cuanto a que se trata de la mujer del presidente y, consecuentemente, no existe ese riesgo de fuga, ¿Quién garantiza eso?
En el Auto se argumentan ampliamente las medidas cautelares con citación, tanto de normas legales como de jurisprudencia.
También tengo que recordar que el articulo 14 de la Constitución Española establece con rotundidad que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. El Juez ha aplicado la Ley de leyes y no ha hecho diferencia alguna por tratarse de la mujer del presidente. A eso le llamo yo aplicar la ley con rigor y profesionalidad, lo contrario sería no considerar que todos somos iguales ante la ley.
La segunda cosa por la que el Auto ha sido duramente criticado es la argumentación de que el riesgo de fuga se puede ver agravado por los escoltas que protegen a Begoña Gómez, por propia iniciativa o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos.
Está claro que el Juez no pretende poner en duda la honorabilidad y la profesionalidad de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha analizado la situación y, considerando los antecedentes de Roldán, de Puigdemont (dos veces) y de Delcy, ha estimado que, aunque eso ha ocurrido excepcionalmente, podría volver a suceder.
Antes de rasgarse las vestiduras, yo creo que hay que leer detenidamente el Auto y, sobre todo, no dejarse llevar por la corriente.
Hay quien dice, y lo respeto, que con estas medidas cautelares el Juez le ha dado al gobierno y a la izquierda en general una magnífica baza para arremeter contra él y seguir acusándolo de actuar por motivos políticos y no jurídicos. Y de paso, darles un respiro para que no se hable de la corrupción que les está asfixiando.
Siendo verdad eso, pienso que lo que tenemos que hacer todos los que no practicamos lo políticamente correcto, es defender que los jueces tienen que actuar aplicando, exclusivamente, conceptos jurídicos. No pueden dictar un auto o una sentencia considerando las posibles repercusiones que pueden provocar en otros ámbitos, especialmente en el político.
Precisamente eso es lo que ha hecho el Juez Instructor de este caso. No me cabe la menor duda de que ha sido consciente de la repercusión mediática que iba a tener este Auto, no obstante, aplicando criterios jurídicos, ha decidido adoptar esas medidas cautelares. Yo lo aplaudo.
He dicho en reiteradas ocasiones que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no son independientes, sencillamente porque sus miembros los eligen los políticos y, por ende, están totalmente contaminados.
Tenemos numerosísimas pruebas de ello, pero no nos vayamos muy lejos, hoy mismo nos han ofrecido una prueba más: han decidido impulsar un expediente al Juez Instructor de la causa porque ha sugerido que los escoltas podrían ayudar a fugarse a Begoña Gómez.
Este fin de semana, el CGPJ se ha reunido de urgencia para ver que tenían que hacer con el Juez del Auto. No les he visto reunirse, ni con urgencia ni sin ella, cuando el gobierno en pleno, con su presidente al frente, y todas las formaciones de izquierdas han atacado e injuriado gravemente a jueces y magistrados. Ese es el problema de su falta de independencia.
Les recuerdo a los miembros del CGPJ que una de sus funciones es defender al Poder Judicial con todos sus miembros y no atacarlos dejándose llevar por criterios políticos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid lleva más de dos años aguantando, heroicamente, todo tipo de ataques, injurias, presiones e intentos de encontrar algo sucio desde las cloacas del PSOE (no han encontrado nada). Es increíble que el CGPJ no haya intervenido para protegerlo.
Desde aquí todo mi apoyo y toda mi estima al Sr. Juez de Instrucción del 41 de Madrid.
Una última cosa, desde las filas socialistas y del gobierno, están intentando por todos los medios que el juicio a Begoña Gómez no sea con jurado. Fue el PSOE el que introdujo en el sistema judicial al jurado popular. Es frecuente que el PSOE acabe siendo reo de sus propios actos.
