Una ley habilitante nace como recurso temporal en el que el Parlamento cede poder al Gobierno para superar una situación de crisis nacional. La cuestión es que según el mandatario que la promueva y la lleve a efecto, el Gobierno se puede convertir con excesiva facilidad en un régimen dictatorial. Lo vimos en el Gobierno de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez, donde, en 1999 se aprobaron unas leyes habilitantes, de redacción muy imprecisa y ambigua, cuya finalidad, según su artículo 236.8, era: “dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley”. El plan dictatorial se vislumbraba y el Gobierno ni se molestó en explicar los motivos para realizar de raíz el cambio de las leyes.
Pero claro, el Gobierno venezolano tenía un precedente europeo de renombre que fueron las leyes habilitantes de Carl Smith, que fue jurista del Tercer Reich (por cierto, Smith es un personaje que ha sido halagado por Pablo Iglesias y, como es natural, los regímenes bolivarianos no iban a ser menos). En la ley habilitante de 1933, Smith, estableció la base de la tiranía que iba a representar el régimen nazi. En ella se decía:
Artículo 1: En adición al procedimiento establecido en la Constitución, las leyes del Reich pueden ser también emitidas por el Gobierno del Reich
Artículo 2: En adición al procedimiento establecido en la Constitución, las leyes del Reich pueden diferir de la Constitución en tanto no contradigan al Reichstag (Gobierno) y al Reichsrat (Parlamento). Los derechos del Presidente quedan sin modificación
Artículo 3: Las leyes emitidas por el Gobierno del Reich deben ser promulgadas por el Canciller y publicadas en el diario oficial del Reich.
Artículo 4: Los tratados celebrados por el Reich con Estados extranjeros que afecten materia de legislación del Reich no necesitan la aprobación de las cámaras legislativas. El Gobierno del Reich debe promulgar las reglas necesarias para la ejecución de tales tratados.
Así nació la dictadura nazi, en la que el Poder Legislativo cedió al Ejecutivo.
Con estos antecedentes nos encontramos en la España de Pedro Sánchez, el púgil que ha superado en dureza de quijada a la de los insuperables, hasta ahora, Jake LaMotta y Rocky Marciano. La Ley de Memoria Democrática ha demostrado todo su carácter antidemocrático con esta “Ley de Nietos” diseñada a medida para modificar el censo electoral.
El que no quiera ver que estamos ante uno de los momentos más críticos de la democracia española, desde el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, que no lo vea, pero que no lo niegue. Esto significa el asalto al censo electoral por la puerta de atrás. Hagamos un resumen de lo que hasta ahora se está haciendo.
Lo que se pretende es dar la nacionalidad a los nietos del exilio económico de la guerra civil. Esta es una medida ilegal que no tiene base jurídica sostenible. Y no se queda ahí, sino que se amplía a todos los emigrantes del siglo XIX, como si los descendientes de españoles que emigraron a Cuba o Argentina, hace más de cien años, ahora se sintieran españoles. Esto es una falacia insostenible, esos señores son cubanos y argentinos, nunca españoles.
El Gobierno lo defiende diciendo que en España el Partido Popular y la extrema derecha se oponen a está reparación de la injusticia que se cometió hace años, e incluso más de un siglo. Mentira flagrante porque ha sido precisamente el Partido Popular el que lleva pidiendo desde hace veinte años, que se amplíe la nacionalidad a los descendientes de los emigrantes desde la guerra civil, pero no solo a los del bando republicano, sino a todo emigrante que lo solicitase.
Quizá lo más grave de todo sea que la ley es totalmente discriminatoria al haber negado, o haber quedado en estudio, las peticiones de nacionalidad que se habían solicitado mucho tiempo antes, dando prioridad a las que se solicitan ahora. ¿Y por qué han hecho esto?, pues muy fácil, porque no es lo mismo nacionalizar a los cientos de miles de venezolanos que han huido de Chávez y Maduro, votantes que no echarán de menos al socialismo, que nacionalizar a los cubanos que vengan de parte del régimen actual, heredero de los hermanos Castro. Esto lo demuestra el hecho de que uno de los encargados de que esto se consiga con celeridad es Nervis Villalobo, conocido chavista y embarullado en alguna de las causas judiciales de las cloacas de Sánchez.
Aparte de esto, la veracidad de la descendencia de los cubanos que pidan la nacionalidad, nadie la puede comprobar, solamente el Régimen cubano puede hacerlo. ¿A cuántos amigos y afines al régimen cubano-sanchista se les va a conceder el privilegio?, porque de los cubanos exiliados en Estados Unidos se les pone poca atención, por no decir ninguna.
Y por si fuera poco, la empresa contratada para organizar y gestionar toda esta trampa “legal” es INECO. Que por si no lo saben, es la empresa en la que el ex Ministro Ábalos condenado a veinticuatro años de prisión, metió a dedo a su novia cobrando sin trabajar. Los socialistas, como siempre, haciendo gala de la transparencia de la que hablan pero que, por lo que se ve, no entienden.
Como colofón a los despropósitos anteriores, y que es el colmo de la sinvergonzonería estatal, es que otra de las artimañas para conseguir este aumento del censo, quieren que se base en los archivos parroquiales. Archivos parroquiales que gracias a los milicianos del Frente Popular que gobernó las calles de Madrid desde febrero de 1936, aunque la República comenzó a hacerlo en mayo de 1931, desaparecieron, porque fueron quemadas miles de iglesias y dentro del vandalismo gubernamental de la época desaparecieron infinidad de obras de arte, bibliotecas y archivos parroquiales con las partidas de nacimiento. Luego muchas de las personas que soliciten ahora la nacionalidad no podrían demostrar su ascendencia gracias al PSOE revolucionario y vandálico de la Segunda República.
Si no estamos ante una emergencia democrática sin precedentes en España desde los sucesos que provocaron la Guerra Civil, no lo estaremos nunca. El asunto debe estar en manos de los jueces independientes, que afortunadamente estamos viendo que España los tiene, en los políticos decentes y en la sociedad española, que alguna vez tendría que reaccionar por algún asunto serio, y este lo es. Esta Ley hay que pararla con toda la fuerza moral, cívica y democrática que nos sea posible.
