Francia, patria oficial de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha decidido añadir una cuarta palabra a su venerable lema: eliminación. No figura todavía en los frontispicios de los edificios públicos, quizá porque hasta para la propaganda hay que guardar ciertas formas, pero el espíritu ya está ahí.
El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, comenzó la Revolución francesa. “liberté, égalité, fraternité”. Desde entonces en Francia se le cortó la cabeza con la famosa máquina de Monsieur Guillotine, incluida la guerra de la Vendée (campesinos a favor de la Iglesia Católica y sus tradiciones) según historiadores a entre 200.000 y 240.000 personas en lo que se denominó el Reinado del Terror.
Pues bien, Francia lo ha vuelto a hacer. A su definición Revolucionaria, “Libertad, igualdad y fraternidad”, ha añadido definitivamente la “mortalidad”. ¡Viva la République française!
Cuando la fragilidad molesta, cuando la enfermedad se alarga, cuando el sufrimiento exige tiempo, dinero, paciencia, médicos, cuidados y presencia humana, el Estado francés ha encontrado una solución de una eficacia administrativa impecable: que el enfermo desaparezca.
La Asamblea Nacional ha aprobado la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido por 291 votos a favor y 241 en contra. 291 contra 241, no parece que haya mucho consenso en Francia. Ah, claro, pero es muy, pero que muy democrático. Caramba con la democracia. Y conviene detenerse en las palabras, porque este negocio comienza siempre por el diccionario. No se mata: se presta “ayuda para morir”. No se abandona: se respeta la autonomía. No se elimina al enfermo: se le garantiza un nuevo derecho. El lenguaje, debidamente perfumado y desinfectado, permite convertir el acto de provocar deliberadamente la muerte en una prestación sanitaria. Lo que antes exigía un verdugo, ahora requiere un protocolo, una bata blanca y un formulario con varias copias.
Emmanuel Macron ha conseguido lo que quería. Había promovido la iniciativa desde 2024 y ha celebrado el resultado apelando, como era de esperar, al “debate democrático” y al trabajo parlamentario. Cuando la política pierde el norte moral, siempre le queda el recuento. Si 291 diputados aprueban que un médico pueda preparar o administrar una sustancia letal, la muerte deja de ser muerte y se convierte en mayoría simple. Afortunadamente, la verdad científica no funciona así. Si mañana 350 diputados votaran que dos más dos son cinco, las matemáticas no se sentirían obligadas a obedecer. Pero la dignidad humana, por lo visto, sí puede someterse a votación.
LA GRAN CONQUISTA: MORIR POR PRESCRIPCIÓN
La ley permitirá solicitar la ayuda médica para morir a adultos con nacionalidad francesa o residencia legal que padezcan una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal. También contempla el sufrimiento físico o psicológico considerado sin posibilidad de alivio. El médico tendrá quince días para responder después de consultar a otros profesionales; el paciente deberá confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días. Dos días. Cuarenta y ocho horas para decidir la propia muerte. Para devolver un electrodoméstico defectuoso, algunas empresas conceden catorce días. Para borrar definitivamente a una persona, parece que basta un fin de semana.
Se nos dirá que existen controles, garantías, consultas y verificaciones. Es el catecismo habitual de todas las leyes de eutanasia: estricta, excepcional, limitada, escrupulosamente vigilada. Siempre comienza para casos extremos y siempre termina ensanchando la puerta. Porque una vez aceptado el principio de que hay vidas cuya eliminación puede constituir un beneficio, la discusión posterior ya no trata sobre si matar, sino sobre quién reúne los requisitos. El muro moral ha caído. Lo demás es gestión de expedientes.
El paciente podrá autoadministrarse la sustancia letal o, si no puede hacerlo, un médico o enfermero podrá aplicársela. Ahí tenemos el prodigio de la modernidad: el profesional que estudió para curar, aliviar y cuidar recibe ahora autorización para causar la muerte. El mismo sistema sanitario que se queja de falta de personal, listas de espera y saturación hospitalaria tendrá, sin embargo, tiempo para organizar la última cita. Para una consulta especializada quizá haya que esperar meses; para dejar de existir, la República promete eficacia.
No es difícil imaginar el vocabulario futuro. “Unidad de acompañamiento final”, “procedimiento de autonomía irreversible”, “gestión clínica del final de vida”. Nunca faltarán expertos en fabricar expresiones capaces de envolver un veneno con papel de regalo. Dentro seguirá estando lo mismo: una persona enferma, un profesional sanitario y una sustancia destinada a detener para siempre el corazón del primero.
LA LIBERTAD, PERO CON ACOMPAÑANTE OBLIGATORIO
La ley reconoce formalmente la objeción de conciencia. Magnanimidad republicana: no se obligará directamente al médico a matar. Solo se le obligará a encontrar a otro que sí esté dispuesto. Es decir, puede negarse a ejecutar el procedimiento, pero deberá colaborar para que el procedimiento se ejecute. Una objeción de conciencia con servicio de derivación incluido. No aprietas la jeringa, pero buscas a quien la apriete. No participas, salvo en todo lo necesario para que el resultado se produzca.
Esto no es proteger la conciencia; es reducirla a una incidencia administrativa. El profesional podrá conservar sus convicciones siempre que se ocupe de que no sirvan para nada. La República le concede el derecho a no matar con sus propias manos, pero no el derecho a desentenderse de la muerte provocada. Una delicadeza legal digna de los grandes maestros del cinismo.
Los médicos y trabajadores sociales dedicados al final de la vida ya han advertido que esta obligación puede vulnerar su identidad y su misión. Es lógico. Quien ha consagrado su profesión a evitar el abandono, controlar el dolor y acompañar al enfermo no puede ser transformado de repente en agente de enlace con el proveedor de la muerte. Los cuidados paliativos parten de una pregunta: “¿Qué necesitas para vivir con la mayor dignidad posible?”. La eutanasia responde a otra: “¿Sigues seguro de que quieres continuar?”.
La diferencia no es técnica. Es antropológica. Un sistema mira al enfermo y ve una persona necesitada de cuidado. El otro corre el riesgo de ver un problema prolongado, costoso y emocionalmente incómodo. Uno pone recursos alrededor del débil. El otro pone a disposición del débil una salida definitiva y después llama compasión al atajo.
EL DERECHO QUE PUEDE CONVERTIRSE EN MENSAJE
Los defensores de la ley repiten que nadie será obligado a morir. Es una afirmación tranquilizadora, pero infantil. La presión sobre las personas vulnerables rara vez adopta la forma de una orden escrita. No hace falta que nadie diga: “Debes pedir la eutanasia”. Basta con crear un entorno en el que el enfermo sienta que ocupa demasiado espacio, cuesta demasiado dinero, agota a su familia o impide a otros seguir con su vida.
El mensaje social puede ser devastador: tu muerte es una opción médica razonable. Y cuando el Estado presenta esa opción como un derecho, inevitablemente introduce una comparación. Seguir viviendo deja de ser el único horizonte asistencial y pasa a ser una elección entre otras. El enfermo ya no pregunta solamente qué tratamiento recibirá, sino si su permanencia se considera deseable.
Para una persona joven, sana, independiente y bien alimentada, la autonomía es una palabra espléndida. Para un anciano solo, un discapacitado, un enfermo deprimido o alguien que se siente una carga, la autonomía puede convertirse en la voz educada de la desesperación. La decisión formalmente libre puede nacer del abandono, del miedo o de la sensación de no valer ya la inversión que exige seguir cuidándolo.
Por eso esta ley no afecta únicamente a quienes soliciten la muerte. Cambia el paisaje moral de todos los enfermos. Les recuerda que existe una puerta legal para salir definitivamente y que el sistema está dispuesto a abrirla. Algunos jamás la cruzarán. Otros comenzarán a preguntarse si deberían hacerlo por amor a sus hijos, por ahorrar sufrimiento a su pareja o por no consumir recursos. La presión no necesita gritar. Puede susurrar con una sonrisa profesional.
LOS PALIATIVOS, ESA MOLESTA ALTERNATIVA
El texto contempla los cuidados paliativos, faltaría más. Ninguna ley de eutanasia se presenta sin colocarlos cerca, como quien sitúa una ensalada junto a una hamburguesa para fingir equilibrio nutricional. El problema es que los paliativos exigen inversión, formación, equipos multidisciplinares, atención domiciliaria, apoyo psicológico y tiempo. La eutanasia exige una evaluación, una autorización y una sustancia.
El cálculo económico es tan evidente que resulta obsceno fingir que no existe. Cuidar durante meses o años es caro. Matar una vez es barato. Nadie necesita escribirlo en la exposición de motivos; basta con que los presupuestos hablen. Cuando los servicios paliativos no llegan a todos, ofrecer la muerte como derecho universal no amplía la libertad: crea una desigualdad monstruosa. Para algunos habrá cuidados excelentes; para otros, una solución rápida.
La verdadera libertad de elección exigiría que toda persona tuviera acceso efectivo, inmediato y suficiente a cuidados paliativos integrales. Solo entonces podría hablarse, al menos con cierta honestidad, de decisiones no condicionadas por el abandono asistencial. Pero los gobiernos prefieren inaugurar derechos baratos antes que garantizar cuidados costosos. La propaganda se redacta en una tarde; una red nacional de paliativos necesita años, profesionales y dinero.
La ley francesa llega después de que el país permitiera desde 2016 la sedación profunda y continua para enfermos terminales. La sedación paliativa busca aliviar síntomas refractarios cuando ya no pueden controlarse de otro modo; no tiene como objetivo provocar la muerte. La eutanasia, en cambio, introduce una intención distinta: causar la muerte del paciente. Confundir ambas prácticas no es una precisión médica, sino una maniobra retórica. Una alivia aunque la vida pueda acortarse como efecto no buscado; la otra elimina porque la muerte es precisamente el resultado perseguido.
MACRON Y LA REPÚBLICA DEL DESCARTE
Macron podrá presentar la ley como una modernización. Es la palabra favorita de quienes consideran antiguo todo límite moral que les estorba. Modernizar, en este caso, significa que la medicina abandone uno de sus compromisos esenciales y acepte que causar deliberadamente la muerte puede formar parte de sus funciones normales.
La política contemporánea tiene una habilidad extraordinaria para declarar progreso aquello que en otro contexto causaría horror. Si un familiar administra una sustancia mortal a un enfermo vulnerable, los tribunales investigan. Si lo hace un sanitario conforme a un protocolo aprobado, el acto se convierte en prestación pública. La sustancia es la misma, el corazón que se detiene es el mismo y la persona que muere es la misma. Lo único que cambia es el sello oficial.
La Conferencia Episcopal francesa ha calificado la aprobación como una ruptura grave en la historia del país. Tiene razón, aunque la expresión quizá sea demasiado elegante. No es solo una ruptura jurídica, sino una rendición cultural. Francia renuncia al principio de que la sociedad debe proteger con mayor intensidad a quien se encuentra en situación de mayor debilidad. El enfermo incurable deja de ser únicamente alguien a quien cuidar y pasa a ser también candidato a una muerte organizada.
El problema no es religioso, aunque la Iglesia tenga la obligación de denunciarlo. Tampoco hace falta creer en Dios para comprender que un Estado que ofrece matar a sus ciudadanos enfermos ha cruzado una frontera. Basta creer en la igualdad. Si todos poseemos la misma dignidad, esa dignidad no disminuye con la edad, el dolor, la discapacidad, la dependencia o la pérdida de autonomía. Cuando se admite que ciertas vidas pueden ser deliberadamente terminadas por considerarse insoportables, la igualdad deja de ser absoluta y se convierte en una graduación.
LA FRATERNIDAD QUE NO QUIERE CARGAR CON EL HERMANO
En las protestas contra la ley podía leerse: “No matemos la fraternidad”. La frase acierta en el centro. La fraternidad no consiste en ofrecer al hermano una muerte limpia cuando su sufrimiento se vuelve incómodo. Consiste en permanecer. Cuidar. Aliviar. Escuchar. Sostener la mano. Aceptar que la dependencia no es una humillación, sino una condición humana que tarde o temprano alcanza a casi todos.
La eutanasia se presenta como un acto de compasión, pero puede convertirse en la forma más sofisticada de impaciencia social. El enfermo pide que su dolor termine y el Estado interpreta que debe terminar el enfermo. Es la confusión definitiva entre eliminar el sufrimiento y eliminar al que sufre.
La compasión auténtica comparte el peso. La falsa compasión elimina a quien lo soporta. La primera cuesta. La segunda se disfraza de respeto. Una exige construir hospitales, formar paliativistas y acompañar a las familias. La otra necesita una ley, una comisión y un suministro farmacéutico.
Francia no ha legalizado solamente una conducta individual. Ha institucionalizado una respuesta social ante la fragilidad: cuando la vida se vuelve difícil, puede hacerse desaparecer. Y ese mensaje terminará filtrándose en las consultas, en las familias y en la conciencia de los enfermos. Las leyes educan, incluso cuando sus autores fingen que solo regulan.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL Y LA ÚLTIMA RESISTENCIA
El presidente del Senado, Gérard Larcher, ha anunciado un recurso ante el Consejo Constitucional. El órgano ya examina cuestiones como el plazo de reflexión y las condiciones aplicables a personas bajo tutela judicial. Que exista una revisión jurídica es positivo, pero no debería distraernos del problema central. Aunque todos los formularios estuvieran perfectamente redactados y cada plazo fuera impecablemente constitucional, seguiría existiendo una contradicción moral de fondo: el Estado convierte la muerte provocada en solución sanitaria.
No hay protocolo capaz de hacer bueno lo que parte de un principio equivocado. Se pueden añadir comités, segundas opiniones, firmas y periodos de espera. Se puede envolver la decisión en una montaña de garantías. Pero al final habrá una persona viva antes de la intervención y muerta después porque alguien actuó para producir ese resultado.
Los controles podrán reducir abusos manifiestos, pero no eliminan el abuso original: definir ciertas vidas como susceptibles de ser terminadas con ayuda pública. La frontera decisiva no está entre la eutanasia con garantías y la eutanasia sin ellas. Está entre una medicina que nunca provoca deliberadamente la muerte y una medicina que acepta hacerlo bajo determinadas condiciones.
FRANCIA HA ELEGIDO
Macron quería esta ley y ya la tiene. Podrá incorporarla al catálogo de sus reformas, posar con expresión solemne y hablar de libertad, dignidad y humanidad. La historia juzgará si fue una conquista o una claudicación. De momento, Francia ha enviado a sus enfermos un mensaje inequívoco: el Estado puede acompañaros, pero también puede ayudaros a desaparecer.
La sociedad que presume de proteger todas las identidades ha decidido que la identidad del enfermo puede terminarse por procedimiento administrativo. La República que proclama la fraternidad ha establecido que, ante determinado sufrimiento, una de las respuestas legítimas del hermano es facilitar la muerte. La medicina que nació para cuidar recibe ahora permiso para cruzar la frontera y convertirse, cuando el expediente lo autorice, en ejecutora compasiva.
Naturalmente, todo se hará con respeto. Con iluminación suave, voz baja y documentos debidamente firmados. La muerte moderna no necesita capucha ni cadalso. Llega con una sonrisa, una pulsera hospitalaria y un consentimiento informado.
Y después llamarán bárbaros a quienes se opongan.
La Iglesia francesa habla de ruptura histórica. Es eso y algo más: es el momento en que un país decide que la fragilidad humana no merece siempre una respuesta de cuidado. A veces, según la nueva doctrina republicana, merece una inyección.
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD y MORTALIDAD. La nueva frase definitoria de la Republique Française.
