En el tablero de la geopolítica internacional, la repetición constante de una falsedad no la convierte en verdad, aunque logre calar en las cancillerías menos rigurosas. Cada vez que la presión migratoria o las tensiones en el Estrecho de Gibraltar vuelven a situar a Ceuta y Melilla en los titulares, la maquinaria propagandística del Reino de Marruecos reactiva la misma consigna anacrónica: catalogar a ambas ciudades como «colonias» o «enclaves ocupados» que deben ser «devueltos». La realidad, respaldada por el Derecho Internacional y la historia documental, es inapelable: ni Ceuta ni Melilla son colonias, ni jamás han pertenecido al Reino de Marruecos, por la sencilla razón de que eran españolas mucho antes de que el propio Estado marroquí existiera en la cartografía política del mundo.
Para comprender la indudable españolidad de Ceuta y Melilla es necesario limpiar el polvo ideológico y acudir directamente a las fuentes históricas. La vinculación de estas tierras con la Península Ibérica no se remonta al reparto colonial de África del siglo XIX —momento en que las potencias europeas trazaron fronteras artificiales con tiralíneas—, sino al proceso de la Reconquista y a la herencia hispanorromana y visigoda de la antigua Mauritania Tingitana. España no necesita apoyarse en Roma para defender Ceuta. Le basta con los siglos XV, XVI y XVII, pero por si acaso, mejor recordarlo.
Melilla se integró en la Corona de Castilla en 1497, cuando las tropas de Pedro de Estopiñán tomaron la plaza, abandonada y en ruinas, bajo el mandato de los Reyes Católicos. Faltaban casi cuatro siglos para la Conferencia de Berlín de 1884 y más de cuatrocientos años para que el Marruecos moderno obtuviera su independencia en 1956. Por su parte, Ceuta pasó a formar parte de la Monarquía Hispánica en 1580 tras la unión dinástica con Portugal bajo Felipe II. Cuando Portugal se separó de la Corona en 1640, fueron los propios ciudadanos ceutíes quienes decidieron libre y unánimemente mantener su fidelidad al rey de España, soberanía que quedó ratificada internacionalmente en el Tratado de Lisboa de 1668.
La paradoja es absoluta: cuando la dinastía alauí comenzó a unificar los territorios que hoy componen Marruecos a mediados del siglo XVII, Ceuta y Melilla llevaban ya generaciones integradas en el entramado institucional y humano de España. Ninguna de las dos ciudades ha estado bajo soberanía del sultán de Fez o de Rabat en toda la historia de la humanidad. Sus habitantes son ciudadanos españoles de pleno derecho, votan en las elecciones generales y europeas, y están plenamente amparados por la Constitución de 1978 y el Derecho de la Unión Europea. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no incluye ni ha incluido jamás a Ceuta ni a Melilla en la lista del Comité de Descolonización (C-24), reconociendo legalmente que son partes integrantes e indivisibles del territorio nacional español.
Ante la contundencia de estos hechos, resulta incomprensible observar cómo sectores influyentes del Congreso de Estados Unidos avalan o coquetean con las pretensiones expansionistas de Rabat. Esta postura ignora deliberadamente la deuda histórica que la propia nación norteamericana sostiene con la Monarquía Española. Sin la ayuda financiera, logística y militar coordinada por el rey Carlos III, las Trece Colonias difícilmente habrían logrado derrotar al Imperio Británico en su Guerra de Independencia (1775-1783). Héroes españoles como Bernardo de Gálvez asestaron golpes decisivos al ejército británico en Pensacola y a lo largo del río Misisipi, abriendo frentes cruciales y suministrando toneladas de pólvora, uniformes y fondos que sostuvieron al maltrecho ejército de George Washington. Los propios padres fundadores norteamericanos reconocieron que el auxilio español fue indispensable para el nacimiento de Estados Unidos. Que hoy ciertos congresistas estadounidenses den la espalda a la integridad territorial de España constituye un evidente menoscabo de la memoria histórica compartida.
El argumento de Rabat y sus defensores en Washington se reduce a un razonamiento puramente infantil: «Ceuta y Melilla están en el continente africano y próximas a Marruecos, luego deben ser marroquíes». Aplicar semejante principio simplista derribaría las bases del orden geopolítico global y, de manera muy particular, la propia estructura territorial de Estados Unidos. Si la continuidad geográfica fuera el criterio para fijar la soberanía de una nación, Alaska (separada del territorio contiguo estadounidense por miles de kilómetros de territorio canadiense) debería ser entregada a Canadá. Bajo esa misma regla de tres, Hawái, un archipiélago situado en medio del Océano Pacífico a más de 3.000 kilómetros del continente, no podría ser un estado norteamericano, por no hablar de territorios como Guam, Samoa Americana, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de EE. UU., los cuales carecerían de cualquier legitimidad bajo el pabellón estadounidense. A nadie en Washington se le ocurriría cuestionar que Alaska o Hawái son suelo soberano de Estados Unidos. Pretender despojar a España de territorios soberanos consolidados durante más de cinco siglos basándose únicamente en la proximidad geográfica es un dislate jurídico y diplomático que no resiste el menor análisis riguroso.
¿Por qué, entonces, parte del Congreso de EE. UU. apoya la agenda marroquí? La respuesta no reside en la verdad histórica, sino en el pragmatismo político más descarado y oportunista. Marruecos ha sabido posicionarse ante Washington como un socio clave en el norte de África mediante los Acuerdos de Abraham, el intercambio de inteligencia antiterrorista y el uso de su diplomacia transaccional. A ello se suma el evidente deterioro de la interlocución diplomática generado por las discrepancias del actual Gobierno de Pedro Sánchez con la administración estadounidense. Es indudable que los españoles sufrimos las consecuencias de una política exterior gubernamental errática que ha debilitado la posición de nuestro país en el escenario internacional.
Sin embargo, los estrategas de Washington cometen un error de cálculo garrafal al confundir la discrepancia con una coyuntura política temporal con la lealtad de una nación aliada. Estados Unidos no puede permitir que las urgencias nacidas del pragmatismo político pongan en riesgo su alianza estratégica con España. Nuestro país es la puerta de entrada al Mediterráneo, alberga bases de uso conjunto de vital importancia estratégica para la OTAN (como Rota y Morón) y es un pilar fundamental de la estabilidad del sur de Europa. Marruecos puede ser un socio táctico en materia de contención migratoria o antiterrorismo, pero España es un aliado democrático maduro, un miembro de pleno derecho de la OTAN y de la Unión Europea, y la guardiana de la frontera sur de Occidente.
En definitiva, Ceuta y Melilla no son fichas de cambio en un tablero de pragmatismo político, ni son colonias pendientes de descolonizar. Son ciudades españolas por historia, por derecho, por deseo explícito de sus ciudadanos y por arquitectura constitucional. Washington debe rectificar su rumbo y entender que respaldar las pretensiones irredentistas de Rabat no sólo descuida la verdad histórica y la memoria de quienes ayudaron a fundar su propia república, sino que debilita el flanco sur de la Alianza Atlántica. Los gobiernos y las administraciones pasan, pero la historia y la soberanía de las naciones permanecen. Y la historia deja un mensaje cristalino: Ceuta y Melilla eran, son y seguirán siendo España.
