Cuando hablamos de inmigración y de integración solemos cometer un error de partida: pensamos que basta con que una persona llegue a un país para que, con el paso del tiempo, termine incorporándose naturalmente a su sociedad.
Pero las sociedades no son espacios vacíos.
Cada pueblo se levanta sobre un suelo histórico. Miguel de Unamuno llamó intrahistoria a esa realidad profunda y cotidiana que permanece debajo de los grandes acontecimientos: las costumbres, los valores, las experiencias y las formas de entender la vida que se transmiten de generación en generación.
Ese suelo histórico no es igual en todas partes.
Europa, a pesar de su proximidad geográfica y de haber construido instituciones comunes, está formada por pueblos con historias y tradiciones sociales diferentes. No es lo mismo la cultura política española que la suiza, la alemana o la escandinava.
He vivido y trabajado en Suiza y allí pude observar comportamientos cotidianos que me hicieron comprender hasta qué punto la confianza puede convertirse en una verdadera institución social.
Recuerdo, por ejemplo, las pequeñas cabañas de montaña donde el excursionista podía encontrar bebidas y alimentos con su precio indicado. No necesariamente había alguien vigilando. El visitante calculaba lo que debía pagar y dejaba el dinero.
Puede parecer una anécdota insignificante.
No lo es.
Cuando millones de personas actúan de una determinada manera durante generaciones, la confianza deja de ser solamente una virtud individual y se convierte también en un activo colectivo.
Y ese activo tiene consecuencias económicas.
No pretendo explicar una economía entera mediante una sola virtud. Sería absurdo. Pero sí creo que debemos aceptar una realidad que a veces olvidamos: las instituciones funcionan dentro de sociedades concretas y necesitan determinados comportamientos sociales para funcionar bien.
Por eso la integración no puede consistir simplemente en colocar personas procedentes de diferentes lugares dentro de las mismas fronteras y esperar que las diferencias desaparezcan por sí solas.
Pero tampoco puede consistir en rechazar al que llega porque trae consigo otra historia.
España es precisamente un ejemplo de lo contrario.
Nuestra propia identidad es el resultado de múltiples aportaciones históricas. Roma dejó su derecho, sus ciudades, sus infraestructuras y una parte esencial de nuestra cultura política y jurídica. El mundo islámico dejó una herencia extraordinaria en la agricultura, el regadío, la arquitectura, la ciencia, la lengua y la cultura.
La historia de Cuenca ofrece incluso un ejemplo particularmente interesante. Su Fuero, redactado a finales del siglo XII, contiene normas relativas a las relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes. Aquella sociedad estaba muy lejos de nuestro concepto moderno de igualdad, pero ya mostraba una verdad elemental: cuando diferentes comunidades conviven, necesitan reglas comunes que permitan resolver sus conflictos.
La integración, por tanto, no es un fenómeno nuevo.
Lo nuevo es la dimensión que ha adquirido.
Europa recibe hoy personas procedentes de sociedades cuya historia, religión, organización familiar y experiencia política pueden ser muy diferentes de las nuestras.
Y aquí debemos abandonar dos errores opuestos.
El primero es pensar que toda diferencia cultural es una amenaza.
El segundo consiste en pensar que todas las diferencias desaparecerán espontáneamente con el paso del tiempo.
Ni una cosa ni la otra.
Las diferencias culturales pueden enriquecer una sociedad, pero también pueden generar conflictos cuando afectan a las reglas fundamentales de convivencia.
España ha recibido durante las últimas décadas millones de inmigrantes procedentes de países muy diferentes. Las personas procedentes de Hispanoamérica suelen encontrar determinadas vías de integración cultural especialmente accesibles: existe una lengua común y, además, una larga historia compartida y numerosos referentes culturales.
Con los ucranianos sucede algo diferente: no compartimos lengua, pero existen elementos históricos y culturales europeos que pueden facilitar determinados procesos de adaptación.
Esto nos lleva a una cuestión especialmente delicada cuando hablamos de las sociedades musulmanas.
No se trata de afirmar que los musulmanes no puedan integrarse. Millones de musulmanes viven, trabajan y forman parte de las sociedades europeas.
Se trata de reconocer que algunas sociedades musulmanas han desarrollado históricamente relaciones diferentes entre religión, comunidad y poder político.
Europa también pasó por una larga etapa en la que religión y política estuvieron profundamente unidas. El proceso que condujo hacia la libertad religiosa, la separación de poderes y el reconocimiento de los derechos individuales fue largo y conflictivo.
La Europa contemporánea terminó construyendo una concepción política en la que el individuo es sujeto de derechos y deberes con independencia de su pertenencia religiosa, familiar o comunitaria.
Ese principio es fundamental para la integración.
Y aquí aparece la cuestión de la mujer.
Europa ha tardado siglos en aproximarse al principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres. El hecho de que hombres y mujeres presenten diferencias biológicas no constituye una razón para establecer derechos diferentes.
La igualdad ante la ley no exige negar las diferencias humanas.
Exige algo mucho más sencillo y mucho más profundo:
que esas diferencias no determinen la dignidad ni los derechos de una persona.
La integración debe respetar también esta conquista fundamental.
Una persona que llega a Europa puede conservar su lengua, su religión, su gastronomía, su música, sus costumbres familiares y sus tradiciones.
Pero ninguna tradición puede convertirse en una autorización para vulnerar la libertad de otra persona.
Es una regla universal.
Los derechos fundamentales están por encima de las costumbres particulares.
Pero la integración también debe ser capaz de reconocer aquello que quienes llegan pueden aportar.
Hay sociedades en las que permanecen con gran fuerza la familia extensa, la solidaridad entre generaciones y el respeto a los mayores. Son valores que nuestras sociedades occidentales no siempre conservan con la misma intensidad.
No tendría sentido pedir al inmigrante que renuncie a todo lo que trae consigo.
Una sociedad que recibe personas de otros lugares puede enriquecerse con sus experiencias, sus conocimientos y sus tradiciones.
Pero existe una diferencia esencial entre integrar una cultura y aceptar cualquier conducta realizada en nombre de esa cultura.
La primera puede ser enriquecedora.
La segunda puede ser incompatible con el Estado de derecho.
Por eso la integración necesita límites.
Pero también necesita generosidad.
Necesita decirle a quien llega:
Conserva tu lengua si quieres. Conserva tus tradiciones. Conserva tu religión. Conserva todo aquello que forme parte de tu identidad y que sea compatible con nuestra convivencia.
Pero también debe decirle:
Aquí todos somos iguales ante la ley. Aquí hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Aquí la libertad religiosa incluye también la libertad de no creer. Aquí nadie puede estar por encima de la ley en nombre de su religión, de su familia o de su comunidad.
Y exactamente lo mismo debe decirse al ciudadano nacido aquí.
Porque el Estado de derecho no establece una regla para el extranjero y otra para el nacional.
Establece una regla para todos.
Quizá esa sea la verdadera dificultad de la integración.
No consiste en conseguir que todos seamos iguales.
Eso sería imposible y, además, empobrecedor.
Consiste en conseguir que personas diferentes puedan vivir juntas bajo un conjunto de principios fundamentales compartidos.
La diversidad necesita un suelo común.
Europa tiene ante sí una tarea enorme. No puede resolverla ni mediante el miedo ni mediante la ingenuidad. Necesita conocer la intrahistoria de quienes llegan, pero también conocer profundamente la suya propia.
Porque nadie puede integrar a otro si no sabe exactamente qué quiere conservar de sí mismo.
Y quizá ahí esté la verdadera pregunta.
No si debemos permitir que otras culturas entren en Europa. Han entrado ya. Y Europa también ha entrado en ellas.
La cuestión es si somos capaces de construir un espacio común en el que diferentes historias puedan convivir sin que ninguna tenga que renunciar a su identidad, pero en el que todas acepten los mismos derechos fundamentales.
Porque una sociedad libre no necesita que todos sus ciudadanos piensen igual, recen igual o vivan igual.
Necesita algo mucho más sencillo: que todos acepten que la dignidad y los derechos de los demás son un límite que nadie puede traspasar.
