Con el anteproyecto de ley orgánica educativa que ha diseñado la ministra del ramo, Isabel Celáa, el PSOE vuelve a hacer apología del caciquismo en una materia muy sensible.
Si finalmente viese la luz tal y como está redactada, esa ley no servirá ni para corregir los pésimos índices formativos que se dan en España respecto a muchos países de nuestro entorno, ni para sentar las bases de un pacto de Estado en algo, como la educación, que debería quedar siempre al margen de la lucha partidista.
Pero no conviene en esto ser ingenuos. Frente a la burda demagogia con que Pedro Sánchez invoca las «políticas sociales», el PSOE no hace sino legislar contra las libertades públicas en España con un ánimo restrictivo, sectario y revanchista.
Sánchez se ha convertido en el mejor aliado de Podemos contra la libertad y está obsesionado con la imposición ideológica desde una concepción estatalista de la educación.
Por eso no es preciso profundizar en la letra pequeña. Un sistema ideado para discriminar al castellano en Cataluña contraviniendo toda la doctrina judicial, y que concede a la Generalitat plenos poderes para burlarse de la obligatoriedad legal de impartir clases en las lenguas cooficiales y en castellano en una «proporción razonable», es un sistema viciado y abocado al fracaso.
Y una ley que instaura la figura de un comisario político en la educación pública a modo de censor soviético, o que castiga irremisiblemente a la religión o a la educación concertada para arruinarla, es una ley divisora y pensada contra una parte relevante de los ciudadanos.
El de Sánchez es un Gobierno propagandístico que presume de regular derechos, pero en realidad los conculca de modo dogmático con una evidente intromisión en nuestra libertad.
