Los impuestos se los suben a los que los pagan, que es la clase media porque es la única que está bajo el control de Hacienda
Al comenzar la Segunda República, en España había un tres por ciento de ricos, fundamentalmente agrarios, una inmensa masa proletaria y apenas un veinte por ciento de clase media: una estructura social catastrófica capaz de alentar el discurso revolucionario que provocó la tragedia.
El porcentaje de fortunas se ha mantenido en los últimos ochenta años, aunque su base actual sea la industria y la especulación bursátil, pero la mesocracia se ha convertido en la médula de un país en el que ahora son los inmigrantes quienes representan la mayor parte de la mano de obra no cualificada.
Aunque la recesión ha incrementado peligrosamente el índice de pobreza, el discurso dual de pobres y ricos queda hoy relegado al plano de la más burda demagogia.
Escribe Ignacio Camacho en ABC que el Gobierno está en su derecho de subir la presión fiscal y la deuda para sufragar su política de subsidios y gasto público sin tasa, pero lo que ya no cuela de ningún modo es el rancio argumentario de exprimir a los ricos, aunque se disfrace con el eufemismo técnico de las «rentas altas» o «rentas de capital».
Los impuestos se los suben a los que los pagan, que es la clase media porque es la única que está bajo el control de Hacienda.
La burguesía que ha sostenido el crecimiento español con el esfuerzo de su trabajo y de su ahorro ha sido señalada por el zapaterismo para sufragar la factura de una estrategia clientelar destinada a mantener el apoyo del voto subsidiado.
Los analistas gubernamentales entienden que ha crecido el número y la edad de los mileuristas y que pueden constituir con ellos y los desempleados una fuerza social capaz de mantener al socialismo en el poder si se le administra una inyección económica suplementaria.
En este peculiar concepto de la redistribución no importa tanto el número de parados como la posibilidad de mantenerlos adheridos a un Estado maná que les asegure la supervivencia.
El problema es que para lograrlo es necesario exprimir al sector productivo, a una clase media menguante y asfixiada que ha de sufrir además la ofensa de ser considerada un sector de privilegiados.
Quizá acabe siendo un privilegio tener trabajo en esta España de parados profesionales, autónomos en quiebra y sindicalistas atrincherados en la subvención, pero será el Gobierno el responsable de esa silenciosa destrucción de la médula social que ha vivificado el país y lo ha dotado de musculatura económica.
El incremento impositivo, por mucho que se intente afinar en su alcance, es un paso atrás que define la impotencia de esta sedicente socialdemocracia para invertir el sentido de la recesión y buscar un impulso de crecimiento.
Con su cerrada negativa a rebelarse contra la crisis y su empeño en el discurso paliativo, el zapaterismo no está defendiendo a los pobres: está empobreciendo a los que aún no lo son del todo.
