En plena depresión económica hay que cerrar el grifo del gasto y contener al máximo todo aquello que no sea imprescindible
Con tan sólo un 40% de ciudadanos responsable de sufragar el 100% de los gastos de una nación como la española, con una pirámide de población totalmente invertida, sin regeneración demográfica, un envejecimiento de la población y un aumento de los gastos en prestaciones sociales derivados de esta situación, la economía se enfrenta a un problema estructural extremadamente complejo.
La cifra de ocupados podría descender de los 18 millones en 2010, planteando serios problemas de financiación a las arcas públicas y de subsistencia para las familias.
El gasto estatal disparado,las ayudas y subvenciones a múltiples sectores terminan por desbaratar las cuentas públicas, provocando un déficit difícilmente controlable.
Desde muchos foros se carga sobre los funcionarios y tantos otros sectores, pero estos si bien pueden gozar de una situación laboral de mayor estabilidad también son necesarios y ocupan un puesto en la sociedad, además de contribuir con sus impuestos a las arcas públicas, a pesar de que muchas veces aquellos que más hacen por la sociedad, como policías, médicos y tantos otros sean los peor pagados y menos reconocidos.
El problema no viene realmente de la masa de funcionarios, sino del despilfarro de fondos que parece no tener control, como muestra de este podemos citar el desmesurado uso de los coches oficiales por parte de los numerosísimos estamentos públicos.
Hay quien habla de 30.000 coches oficiales, quien dice que hay más que en Italia o Estados Unidos, otros hablan que el gobierno posee 1.100 vehículos frente a los 1.220 de las Comunidades Autónomas, sobre estas últimas cifras se plantean unos costes (excluyendo la adquisición del vehículo) de mantenimiento y uso de €113.277.000 millones.
Si sumamos a esto los €11 millones para gastos electorales de 2010 (con solo unas elecciones autonómicas), otra remodelación de RTVE €700 millones, €2.9 millones para sociedades organizadoras de carreras de caballos, €8.6 millones para la Generalidad Catalana, etc., la lista es interminable, y muchos medios han cuantificado el gasto en subvenciones en €90.000 millones (el 9% del PIB).
En plena depresión económica hay que cerrar el grifo del gasto y contener al máximo todo aquello que no sea imprescindible. James Cameron ha salvado las cuentas del News Corp gracias al bombazo de Avatar, demostrando que se puede hacer cine rentable sin necesidad de subvención alguna.
Ningún país puede mantener 18 gobiernos paralelos (Autonomías más Estado) con 18 estructuras gemelas que se financian de una sola fuente (los ciudadanos), a esto debemos añadir las Diputaciones Provinciales que cuentan con un miniparlamento, cargos asesores y por supuesto coches oficiales. Los 8.000 Ayuntamientos (tantos como la deuda de la capital) a su vez poseen equivalentes a ministros y presidentes, como el gobierno,la autonomías y las provincias), todo esto sin citar la cantidad de televisiones y radios públicas, nacionales, locales y autonómicas.
Es decir, un ciudadano de Sevilla paga a su ayuntamiento, su diputación, su gobierno autónomo y su gobierno nacional. Cuatro administraciones con toda su parafernalia añadida.
Mientras que la ciudadanía se aprieta el cinturón, los Presupuestos del Estado no se han ajustado a la situación que vive una economía que no es capaz de pagar los cheques de tantos estamentos paralelos.
Al margen del problema de competitividad y productividad del sector privado (que trataremos en otra ocasión) el modelo de Estado se confirma como insostenible y lastra la capacidad de recuperación, especialmente cuando cada mes que pasa hay menos personas ocupadas y por tanto que contribuyen con sus impuestos a sostener las cuentas públicas alimentando la necesidad de endeudamiento.
Ante una situación tan grave como la presente y bajo las terribles perspectivas de lo que pude suceder en el futuro, se hace imperioso abrir un debate de racionalización de las estructuras administrativas y políticas que permitan adelgazar la factura que lastra a los ciudadanos, agilizar la toma de decisiones y realizar una política clara y determinada hacia la reducción del déficit y la deuda que este genera, que de otra forma será imposible de pagar en el futuro.
