Y no basta con esperar para ver qué pasa en los juzgados, es preciso impedir que se sigan reuniendo para conspirar contra el erario público
El artículo 450 del Código Penal francés considera como «asociación de malhechores» a toda agrupación formada con el fin de preparar crímenes o delitos.
Por su parte, el artículo 515 del nuevo Código Penal español define en parecidos términos la «asociación ilícita».
Personalmente me resulta más clara y contundente la categoría de malhechor. En efecto, ilícito es aquello que no está permitido y malhechor es quien comete delitos con el agravante de hacerlo habitualmente.
Pues bien, a la vista de lo visto en las Islas Baleares no creo que quepa duda de que ése es el término que mejor cuadra a un sedicente partido político que viene haciendo de bisagra por aquellos pagos -ora robando mientras apoya a unos, ora sosteniendo a otros mientras apanda cuanto puede- y que recibe el inocente apodo de Unión Mallorquina. Organización que tiene bien acreditada su fama.
Y no creo que cueste mucho demostrar que esa asociación «tiene por objeto cometer delitos».
Y si no tenía ese fin en origen, después de constituida sí que ha «promovido la comisión de delitos» (los entrecomillados son del Código Penal).
Pues bien, la obligación de la Justicia es impedir que una asociación de tal calaña siga campando por sus respetos y pueda seguir presentándose a las elecciones.
Y no basta con esperar para ver qué pasa en los juzgados, es preciso impedir que se sigan reuniendo para conspirar contra el erario público.
Hay que sellar sus sedes. En España y en este campo, el de la conjunción de la política y el delito, llueve sobre mojado.
En efecto, si en su día se hubiera disuelto el GIL, sedicente partido que operaba por tierras de la Andalucía oriental, nos hubiéramos ahorrado no pocos escándalos, un urbanismo indecente y algunos esperpentos de ésos que tanto desprestigian a nuestro país.
Esas traíllas de delincuentes que se parapetan detrás de unas siglas para entrar a saco en los bolsillos de los demás y en las arcas de las instituciones deben ser puestas a buen recaudo cuanto antes.
NOTA.- este artículo fue publicado originalmente en La Gaceta
