El Congreso de los Diputados aprobó hoy la reforma de la Constitución en los mismos términos propuestos por PSOE y PP y con una única modificación meramente lingüstica propuesta por la Real Academia Española (RAE).
Después de una polémica votación, en la que se ausentaron los diputados de ERC, BNG, NaBai, e Iniciativa per Catalunya y los de CiU no votaron, finalmente fueron 321 los votos válidos de la reforma.
De ellos, 316 fueron a favor, todos ellos de PSOE y de PP, y cinco en contra, entre ellos el del diputado socialista Antonio Gutiérrez.
Las dos enmiendas transaccionales presentadas por PSOE y PP a tres enmiendas de CiU y que podrían haber facilitado un acuerdo, fueron vetadas por el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que se quedó en el Hemiciclo con ese objetivo.
En todo caso, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, precisó después en los pasillos que se trata de correcciones técnicas que podrían ser introducidas en el Senado y en todo caso la reforma «sigue siendo cosa de dos».
Justo antes de la votación final de conjunto, el presidente del Congreso, José Bono, recordó de la necesidad de que la reforma contara con 212 votos a favor, los tres quintos de la Cámara, como mandata la Constitución para este tipo de reforma.
Explicó, además, que la Presidencia había observado «una incorrección formal» de tipo lingüístico que propuso corregir sobre la marcha tras consultarlo por escrito con la RAE.
Así, en el artículo 135 de la Constitución, en vez de la expresión «en relación al» PIB del Estado, dirá «en relación con» el PIB.
Esa fue la única modificación introducida al texto presentado por PSOE y PP para modificar el artículo 135 de la Constitución, y que ahora debe ser aprobado por la misma mayoría de tres quintos del Senado.
En él se establecerá que todas las administraciones públicas «adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria» y que el Estado y las comunidades autónomas «no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros».
El precepto constitucional remitirá a una ley orgánica para fijar el déficit estructural máximo permitido en relación al PIB y emplazará también a las corporaciones locales a «presentar equilibrio presupuestario».
Se incluirá además a las comunidades autónomas en la obligación que ya afectaba al Gobierno central de estar autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Se incluye también a todas las administraciones en el párrafo que establecía que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y se añade que su pago gozará de «prioridad absoluta».
Se mantiene la redacción anterior según la cual esos créditos «no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión».
El artículo modificado establecerá también que el volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al Producto Interior Bruto del Estado «no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea».
«Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados», añade la nueva redacción.
La ley orgánica deberá concretar la distribución de esos límites, la metodología para calcular el déficit estructural, y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y dentro de los límites de este artículo, «adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias».
La reforma incluye una disposición adicional para que esa ley orgánica esté aprobada antes del 30 de junio de 2012, y para que los límites establecidos entren en vigor a partir de 2020.
