MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Alberto Núñez Feijóo es uno de los políticos más preparados, sinceros y «normales» del panorama español. En Galicia lucha con inteligencia para construir futuro y ya empezó los recortes cuando fue elegido. Por eso, ahora no tiene que entrar con el hacha en los presupuestos, como todos los presidentes autonómicos. Cuando hace unas horas criticaba la acción del Banco de España en la crisis de las Cajas de Ahorro, y en particular de la de NovaCaixaGalicia -la resultante de la fusión de dos cajas superpoderosas, especialmente en Galicia, como Caixa Galicia y CaixaNova- en presencia de uno de sus directivos más importantes, Julio Fernández Gayoso, tal vez ignoraba el escándalo que iba a saltar al conocerse las indemnizaciones percibidas por ex directivos de esas Cajas, que superan los 20 millones de euros. Igual que en la CAM y en muchas otras. Una vergüenza tolerada por el supervisor ausente, los poderes públicos cómplices y los partidos políticos o los sindicatos, sentados en los Consejos de Administración y que acabaron convirtiendo la obra social de las Cajas, modélica en muchos aspectos, entre ellos el cultural, en un hábitat de lujo para algunos golfos apandadores.
También ahí tendrá que meter la mano el nuevo Gobierno porque no hay país que resista tanta golfería. Alguien tiene que ser responsable de que las Cajas estuvieran más dedicadas a financiar el inmobiliario y los proyectos personales o políticos de los partidos que los empresariales. La corrupción ha estado más en esas áreas que en las empresas. Y alguien tendrá que atender a esos empresarios -que siguen demonizados por colectivos como el 15-M, por algunos partidos políticos o en la imaginería colectiva- porque sin emprendedores no hay quien levante el país que nos están dejando.
En España hay casi cuatro millones de empresas. El 54 por ciento no emplea a ningún asalariado, el 27 por ciento sólo a uno o dos y sólo el 2,3 por ciento da empleo a más de 20 trabajadores. En los últimos tiempos han desaparecido más de 200.000 empresas y los autónomos y las pymes son los últimos en la atención de los poderes políticos y financieros. No tienen ayudas para la creación de empleo, ni crédito en los bancos, tienen que poner sus precios por debajo de los costes reales, soportan una burocracia exasperante y una morosidad ilegal que llega a los doscientos o trescientos días, y, en muchas ocasiones no tienen esperanzas de cobrar y pagan más impuestos que la mayoría de los países europeos. Esa es la «masa» empresarial española, con escasa o nula internacionalización y con la moral por los suelos.
Las pymes, y España, exigen reformas en el mercado laboral, en la educación y formación profesional, en la regulación, en la financiación, en la fiscalidad, en la morosidad. No es extraño que los jóvenes quieran ser funcionarios o futbolistas antes que emprendedores. Sí extraña que los políticos anden debatiendo sobre si gastan más o ahorran menos o se pierdan en ocurrencias para el lucimiento en lugar de atender a los que pueden crear empleo y salvarnos de la crisis.
