Se limitó este 5 de enero de 2012 a encargar informes para reducir organismos públicos y el fraude fiscal
El Gobierno Rajoy reclamó este 5 de enero de 2012 tiempo para tomar todas las medidas necesarias y los inversores se lo negaron.
Pese a las expectativas generadas por distintos ministros sobre que el Ejecutivo aprobaría nuevas acciones «para taponar el déficit, este jueves se limitó a plantear informes para recortar el gasto en empresas públicas y para desarrollar un plan contra el fraude fiscal.
«Las medidas se vienen adoptando desde el primer Consejo de Ministros y se seguirán adoptando a lo largo del mes de enero», se justificó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Las propuestas del Gobierno decepcionaron a unos mercados ya tensos por el rebrote virulento de la crisis del euro en Italia y Grecia.
Así, el Ibex cerró la jornada con una caída del 2,94%, con los grupos bancarios liderando las pérdidas y con la prima de riesgo en 377 puntos, es decir, en los niveles previos a la investidura de Mariano Rajoy.
En circunstancias normales, nada tendría de particular que un Gobierno nuevo, en su tercera reunión, no tomara medidas concretas.
Lo que sucede es que España atraviesa una «situación extraordinaria», como ha subrayado la vicepresidenta. Por eso, y por el antecedente inmediato del viernes de la pasada semana cuando el Gobierno del PP subió los impuestos después de haber prometido que no lo haría, el Consejo de Ministros celebrado ayer resultó decepcionante.
Parece obvio señalar que una situación de emergencia exige una acción política equivalente. Aún reconociendo que todo equipo nuevo necesita su rodaje, Mariano Rajoy sabía perfectamente cuando ganó las elecciones que no tendría cien días de margen, sino muchos menos, habida cuenta de la situación en la que ha llegado al poder.
Los primeros pasos de este Gobierno no están siendo especialmente atinados. La decisión de subir el IRPF fue una bomba política de tanta intensidad -y tan contraria al discurso del PP- que necesitaba una explicación pública, a ser posible por parte del presidente del Gobierno, que es quien en su debate de investidura señaló que no era su intención aumentar los impuestos.
Rajoy perdió la oportunidad de comparecer tras el Consejo de Ministros de este 5 de enero de 2012 -había quien lo esperaba- y la vicepresidenta lo justificó señalando que acudirá al Congreso en febrero, cuando el Gobierno haya tomado más medidas.
Eso puede tener su lógica parlamentaria, pero la opinión pública no puede esperar tanto. Rajoy debería buscar el formato adecuado -en un plazo breve y llegando al mayor número de ciudadanos que sea posible- para explicar por qué se vio obligado a subir los impuestos y cuál es su plan de actuación.
Más allá del estilo de liderazgo que Rajoy debe aún perfilar, lo cierto es que el Gobierno necesita transmitir a la sociedad -a través de sus decisiones- que tiene un plan integral contra la crisis, y no medidas puntuales y deslavazadas, que es a lo que nos había acostumbrado el Ejecutivo de Zapatero.
No se entiende, por ejemplo, la razón por la que la subida de impuestos no fue compensada en el mismo Consejo de Ministros por una contención más drástica del gasto público.
AL TORO POR LOS CUERNOS Y NO POR EL RABO
Los españoles se han pronunciado en las encuestas, y esperan que este Gobierno saque a España de la crisis, pero también esperan que no sea -como siempre- a su costa.
Y si no hay más remedio, por lo menos que les expliquen por qué les suben los impuestos. Y en este sentido sería muy recomendable que el presidente antes de dar explicaciones en el Consejo de Europa del próximo 30 de enero de 2012 lo hiciera en España, y no porque lo demande la oposición sino porque lo exige la mayoría del pueblo español.
Este 5 de enero de 2012, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó al Consejo de Ministros unas directrices para el control del fraude fiscal con el objetivo de elevar la recaudación en más de 8.171 millones de euros.
Para lograr este objetivo, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo intensificará los controles en la economía sumergida y aumentará la vigilancia aduanera así como la colaboración entre Estado y CC AA.
Pero ¿cómo? La falta de concreción transmite dudas razonables sobre la hipotética eficacia de la medida, que podría quedar reducida a un mero desiderátum del titular de Hacienda.
La persecución del fraude y de la economía sumergida es una medida necesaria y más que razonable, pero sería de agradecer que se concretara un poco.
Y esto es así, porque hace escasos días los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha anunciaron que con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España, que hoy alcanza ya al 23,3% del Producto Interior Bruto (PIB) el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros adicionales.
Y, como es lógico, los españoles quieren saber si esto es cierto, porque si es así, el objetivo del Gobierno sería demasiado prudente y no entenderían por qué se les suben los impuestos.
España no necesita sólo un Gobierno que le diga la verdad, sino que la explique y la concrete, porque los españoles están más que hartos después de siete largos años de mentiras y promesas que se han traducido siempre en más paro y en más impuestos.
Hay que ser más transparentes y concretar más, cosa que tampoco hizo este 5 de enero de 2012 la vicepresidenta cuando anunció que el Gobierno estudia limitar las cantidades que se pueden pagar en efectivo para evitar el pago con dinero negro , pero no concretó si se está pensando en los 3.000 euros como ha hecho Francia, o se podría reducir a 1.000 euros como acaba de hacer Italia.
También anunció que la Seguridad Social había entrado en déficit, pero lo que no dijo la portavoz es qué van a hacer para pagar las pensiones de enero y la paga extraordinaria de actualización.
¿Se va a pedir un crédito como ya hicieran en 1996? También ha hablado de la necesidad de redimensionamiento de un sector público que da cobijo a más de 4.000 entidades públicas, pero no ha explicado cómo y ha emplazado la cuestión al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno camina en la buena dirección pero las prisas que requiere la situación no son buenas consejeras y adolece de algo de precipitación y, sobre todo, de concreción, por lo que sería bueno que Rajoy saltara a la arena y diera las explicaciones pertinentes para que los españoles recuperen la confianza necesaria para que España remonte la crisis.
