Concluimos una semana negra. Comenzó igual que termina, con la prima de riesgo en máximos desde finales de año pasado y un desplome del mercado bursátil.
Afirma Amador G. Ayora en ‘El Economista‘ que la imagen de debilidad en el exterior la intenta aprovechar la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para expropiar parte de YPF. A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Menos mal que en esta ocasión la reacción del Gobierno es acertada.
El jueves 12 de abril de 2012, el ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió a los argentinos que se atengan a las consecuencias. Y el viernes lo relevó el de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Curiosamente, el ministro encargado de defender la marca España va a tener ocasión de estrenar su estrategia. Las actuaciones de ambos están coordinadas desde la presidencia de Mariano Rajoy.
Por primera vez en muchos años tenemos un Ejecutivo sensible a los intereses empresariales. Con el anterior titular de Industria, Miguel Sebastián, la respuesta hubiera sido que se trataba de un asunto privado.
Rajoy no sólo abrió un conflicto diplomático -llamó a consultas al embajador de ese país-, sino que movilizó al presidente de la comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y a la jefa de la diplomacia, Catherine Ashton. Ambos telefonearon a Kirchner para disuadirla de la operación, que quedó paralizada. Lo que no sabemos aún es si de manera definitiva o sólo de forma provisional.
Las empresas españolas tienen cerca de 30.000 millones invertidos en Argentina. El riesgo es que, después de Repsol, Kirchner se fije en otra de nuestras multinacionales para tomar represalias.
El rumor más consistente durante estos días apunta a Telefónica. Argentina intenta tapar sus problemas económicos con su expolio a empresas extranjeras.
Aunque la economía crece aún a un ritmo superior al 3 por ciento, las subidas salariales próximas al 20 por ciento anual dibujan una espiral inflacionista, que pronto se comerá las ganancias en productividad y conducirá al país al desastre.
Rajoy tendrá que seguir apelando a la diplomacia para detener la escalada de la prima de riesgo. Los mercados de deuda dieron una tregua en mitad de la semana, después de que un consejero del Banco Central Europeo (BCE) afirmara que éste iba a seguir adquiriendo títulos españoles.
Pero el viernes 13 de abril de 2012 volvieron a las andadas, al situarse en los 425 puntos. Un nivel inaceptable, con el bono a diez años en rendimientos del 6 por ciento.
Cristóbal Montoro elaboró los Presupuestos con una prima de riesgo en torno a los 320 puntos.
Ello significa que, si no se reduce, el coste de financiar la deuda este año, evaluado en casi 29.000 millones anuales, será superior al previsto y, por tanto, habrá que incrementar los recortes.
En este punto es donde surgen los problemas. Los mercados auguran que el ajuste anunciado por Montoro, cercano a los 50.000 millones en este año, tumbará la tasa de crecimiento y nos conducirá a un círculo depresivo del que será difícil salir.
El hecho de que el Presupuesto cargue más la mano sobre el alza de impuestos que sobre el recorte del gasto acentúa la tendencia recesiva, según estos analistas.
La desconfianza proviene, por tanto, más del lado de la recesión que de las reformas. El Estado puede desangrarse con recortes, que los mercados no lo premiarán, como se vio esta semana.
En este contexto, las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, quien exigió reformas para recuperar la confianza, son una gran mentira a corto plazo. Sólo al cabo de los años lograrán éstas devolver el crecimiento a nuestra economía.
La estrategia del Ejecutivo de Rajoy consiste en cumplir a rajatabla con su plan reformista, incluso acelerarlo, pero exigir en paralelo en Fráncfort y en Bruselas que echen una mano con la compra de deuda. En los últimos dos años, el BCE inyectó 220.000 millones en la economía española.
En este momento no existe inversión extranjera aparte de la procedente del BCE. El dinero de fuera no acude a las subastas de deuda.
Si Europa no colabora con este planteamiento, lo único que queda es romper la baraja y provocar el estallido del euro.
El propio Rajoy lo confirmó en su comparecencia parlamentaria del miércoles, de manera indirecta, al asegurar que el rescate no está encima de la mesa porque España es un país muy grande, que arrastraría a los demás.
También el expresidente Felipe González es de la misma opinión.
La pelota está en el tejado de Merkel. La tentación del Gobierno español es decir «nos vamos» si no se atienden sus súplicas. Un órdago similar al lanzado frente a Kirchner.
Existe un camino intermedio, que probablemente se siga: pedir un rescate para el sector bancario.
El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, admitió esta semana que la banca puede necesitar más dinero. Con Lehman Brothers, el mundo aprendió la lección de que era demasiado grande para caer. ¿Pensará igual Merkel sobre España?